Los regantes no pueden asumir nuevas subidas en el precio del agua - EL ÁGORA DIARIO

Los regantes no pueden asumir nuevas subidas en el precio del agua

Los regantes alertan del riesgo que supondría para la competitividad del regadío un aumento de la tributación del agua contemplado en la futura planificación hidrológica. En España se recupera el 80% de los costes financieros relacionados con el agua agrícola


La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha alertado de que subir el precio del suministro de agua amenazaría la “supervivencia de muchos cultivos”, según expone la organización en su séptima alegación al Esquema de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica. Estos documentos intermedios, cuyo plazo de consulta finalizó la pasada semana, son esenciales para definir la estrategia de los Planes hidrológicos y la gestión del agua en los próximos seis años.

Los regantes aseguran que en España se recupera el 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que se cumple sobradamente con la normativa europea.

En el documento, Fenacore se opone a una modificación del régimen económico-financiero del agua, que en su opinión sólo respondería al afán recaudatorio del Estado, si incrementara la carga fiscal de los usuarios.

En concreto, la recuperación de costes en el regadío español es mayor que en países del entorno más próximo como Portugal, Italia o Grecia. La organización señala que las tasas permiten recuperar los gastos, pero no recaudar más de lo gastado. Por eso, advierte de que sustituir la aplicación del principio de recuperación de costes a través de los cánones y las tarifas de la vigente Ley de Aguas por un sistema de precios fijados unilateralmente por la Administración, reduciría la renta de los agricultores, mermaría el sector agrícola y dispararía el desempleo en las zonas rurales.

Asimismo, Fenacore asegura que existe un límite en la fiscalidad del agua y señala el riesgo que supondría para la competitividad del regadío un aumento de la tributación. De ahí, su defensa de un esquema “moderno y alineado con los criterios económicos y tributarios actuales del pago por servicios y la autofinanciación”, señala en un comunicado.

En cualquier caso, los regantes admiten que habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que, “los costes ambientales tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto”.

Caudales ecológicos

En este marco, los regantes consideran que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad económica y social, por lo que cada Plan Hidrológico debe realizar un análisis completo y riguroso de los efectos de los caudales ecológicos.

En este sentido, Fenacore también formuló una alegación en torno a la conveniencia de actuar con prudencia y ponderación en el establecimiento de estos caudales, que no pueden crecer en todos los planes hidrológicos.
Por ello, Fenacore pone de relieve la necesidad de realizar un análisis jurídico de lo que supondría la aplicación de los caudales ecológicos para las concesiones vigentes. Y remarca que la implantación de estos caudales también requiere la realización de análisis hidrológicos y económicos, puesto que no es gratuita.

Finalmente, Fenacore piensa que los caudales ecológicos deben asumir parte de los cánones de regulación, que las concesiones tienen que respetarlos y que hay que mantener el derecho a indemnización cuando se generen perjuicios. Y es que los regantes colaboran a diario en el establecimiento de caudales ecológicos, pero “no pueden renunciar a las garantías que otorga un Estado de Derecho moderno”.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “como usuarios de casi el 70% del agua, nuestra voluntad es consensuar unas condiciones mínimas para apoyar los nuevos Planes Hidrológicos, de los que dependerá la gestión del agua en las próximas décadas. Por eso, en el periodo de consulta pública que finaliza, hemos formulado hasta siete alegaciones en las que defendemos los derechos de los regantes de España en beneficio de toda la sociedad”.



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