El cierre de fronteras ha puesto en evidencia la necesidad de mano de obra extranjera para el campo, un sector estratégico que puede volver a ser motor de la economía nacional cuando todo esto pase y que con una previsión de paro de 35% podría dar trabajo a 200.000 trabajadores en los próximos meses, ¿te animas?
El coronavirus logró acabar hace pocos días con el espacio Schengen.
Con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia por territorio comunitario muchos países levantaron sus fronteras y prohibieron la libre circulación de personas por el espacio europeo.
Esta limitación al inicio de la primavera y coincidiendo con la recolección de las primeras cosechas comunitarias ha puesto al sector agropecuario en alerta al prever que, en el caso español, cerezas, nectarinas, melocotones y fruta de verano, que comenzaban ahora sus cosechas, se quedarían en el árbol por no poder contar con los 150.000 jornaleros procedentes de Polonia, Bulgaria o Rumanía que cada año recorren nuestras fincas recogiendo los frutos de la tierra.
Y esta pérdida colateral de cosechas de relevancia socioeconómica vital para algunas regiones de Aragón, Lleida, La Rioja, Navarra o Murcia ha llevado incluso a algunos presidentes autonómicos a trasladar al Gobierno la necesidad de buscar soluciones que garanticen el aprovisionamiento de estos alimentos esenciales y estratégicos reconocidos así en el Decreto del Estado de Alarma.
Curioso que la llamada a la solución derive en la búsqueda de flexibilizar las condiciones de contratación de inmigrantes pendientes de regularización o demandantes de asilo, en lugar de hacer una llamada a todos esos españoles que han perdido o perderán en los próximos días su empleo.
Esa ha sido precisamente la llamada de los gobiernos francés y alemán que, bajo el lema “Brazos para tu plato” en el caso de los primeros, han convocado a activos que han perdido el empleo a causa del cese de actividad por la pandemia del COVID19 para ocuparse en el sector agroalimentario.
Entre ambos estados son casi 500.000 los jornaleros que precisarán para afrontar las próximas cosechas de espárrago, fresa y col.
España, la de las cosechas tempranas, requerirá al menos unos 200.000 jornaleros si el cierre de fronteras se prolonga a septiembre, ya que dejaría en las vides toneladas de uvas, siendo la vendimia una de las que más mano de obra demanda.
Pero antes, en poco más de dos semanas 30.000 temporeros y esquiladores debieran estar laborando en las primeras fresas, espárragos, melocotones, nectarinas y frutas de Europa.
Bruselas dejará viajar a los jornaleros de unos países a otros
Suerte que en esto España no se ha quedado sola y, aunque arbitrar la fórmula llegue “por los pelos”, el llamamiento de Alemania y Francia ha hecho que la Comisión Europea haya emitido hoy nuevos consejos prácticos para garantizar que, dentro de la UE, los trabajadores móviles, en particular los que ejercen ocupaciones críticas en la lucha contra la pandemia de coronavirus, puedan llegar a su lugar de trabajo.
Esto incluye, entre otras personas, a quienes trabajan en los sectores de la salud y la alimentación, además de otros servicios esenciales, como el cuidado de niños, la atención a las personas mayores y el personal crítico de los servicios públicos.
En palabras de Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, ha declarado lo siguiente: «Miles de las mujeres y de los hombres que con tanto ahínco están trabajando para mantenernos sanos y salvos, y con comida en la mesa, tienen que cruzar fronteras de la UE para ir a trabajar. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que no se vean obstaculizados en su circulación, a la vez que se toman todas las precauciones posibles para evitar una mayor propagación de la pandemia».
Por lo que se refiere a los trabajadores de temporada, en particular en el sector agrícola, se pide a los Estados miembros que intercambien información sobre sus diferentes necesidades a nivel técnico y que establezcan procedimientos específicos para garantizar a estos trabajadores un paso fluido, a fin de responder a la escasez de mano de obra derivada de la crisis.
En determinadas circunstancias, los trabajadores de temporada de la agricultura desempeñan funciones críticas en la cosecha, la siembra y el cuidado del cultivo.
En estas situaciones, los Estados miembros deben tratar a esos trabajadores como trabajadores críticos y comunicar a los empleadores la necesidad de garantizar una protección adecuada de la salud y la seguridad.
Eso sí, la Unión Europea da la directriz, pero los responsables de ejecutarla y hacerla posible en tiempo y forma son los estados miembro, así que dos semanas tiene el Gobierno de España para arbitrar la llegada de esos temporeros de centro Europa.
Agricultura, sector refugio para desempleados
O, teniendo en cuenta las dificultades y el coste de acudir al extranjero a por mano de obra se podría plantear un llamamiento a los recursos humanos nacionales desocupados, más de 3,4 millones de trabajadores sin ocupación según el paro de febrero que aún no recogía la perdida de empleo a causa de la pandemia; o a los más de 150.000 parados del campo, para garantizar esa actividad estratégica que es producir alimentos para la sociedad.
Al margen de la pandemia, ya cuesta entender que para recoger los frutos rojos o el fresón de Huelva haya que recurrir a 16.000 trabajadores procedentes de Marruecos o que otros 15.000 tengan que venir de centro Europa a recoger la fruta aragonesa con 150.000 parados en el campo y otros 3,4 millones del resto de sectores.
Menos mal que el Gobierno de coalición supo anticipar esta situación en febrero y decidió, por iniciativa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los “sindicatos de clase agraria” una reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario, de 35 a 20, desoyendo a las organizaciones agrarias (Opas) Asaja, UPA y COAG que vieron en esta iniciativa un desincentivo para los trabajadores.
Ya que este número de peonadas da derecho a percibir el subsidio por desempleo agrario de 426 euros de media durante seis meses dirigido a los jornaleros de Andalucía y Extremadura, una decisión que afecta a unas 103.056 personas, según el número estimado de beneficiarios por el SEPE acumulados hasta noviembre de 2019.
