La AIE alaba el plan energético español pero pide más impuestos

Desde la última ocasión en la que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) elaboró un informe detallado centrado en España, ha pasado más de un lustro pero sobre todo han cambiado muchas cosas en el modelo energético del país. En este tiempo, se han cerrado todas las minas y una gran mayoría de las centrales térmicas de carbón, además de resolver el problema de déficit de tarifas en los sectores de electricidad y gas, lo que le ha permitido priorizar el tema del cambio climático en la agenda gubernamental y alinear las metas españolas con los objetivos y ambiciones de la Unión Europea (UE). Un cambio de prioridades que hace que los expertos de esta agencia hablen de «progresos considerables» y alaben los «ambiciosos» planes energéticos españoles, aunque el éxito final de esta transición energética dependerá fundamentalmente de políticas estables, un financiamiento público adecuado e incentivos para la inversión privada.

El actual marco español de energía y clima se basa en los objetivos de neutralidad climática para 2050, lo que supone lograr una energía 100% renovable en el mix eléctrico que exige el desarrollo masivo de este tipo de instalaciones, además de mejorar eficiencia energética, extender la electrificación a todo el territorio e invertir en hidrógeno renovable. «Bajo la dirección de la ministra Teresa Ribera, España ha demostrado un fuerte liderazgo en las transiciones energéticas limpias y equitativas», ha asegurado Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, en la presentación del informe.

«España tiene importantes recursos de energía renovable que pueden impulsar la transformación de su sistema energético y ayudar a alcanzar sus ambiciosos objetivos», ha opinado este experto, que ha lamentado eso sí que, a pesar del considerable progreso hasta la fecha en la descarbonización y el aumento de la participación de las energías renovables en el sector eléctrico, España sigue teniendo una importante dependencia de los combustibles fósiles. En particular, los sectores del transporte, la industria y la construcción tienen un trabajo considerable por delante para cumplir los objetivos del país en materia de descarbonización, que pasa forzosamente por una mayor proporción de energías renovables.

Otro desafío es el de la seguridad e independencia energética. El sistema actual está respaldado por existencias masivas de petróleo, gas y carbón que pueden importarse de forma flexible, pero la transición energética, que dará lugar a un nuevo modelo con una gran proporción de generación renovable variable, requerirá otras formas de respaldo a más largo plazo, además de flexibilidad a corto plazo. También surgirán nuevas vulnerabilidades, ya que la electrificación va de la mano con aumentar la inteligencia del sistema y la digitalización.

Según el informe, tanto el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, pueden ser herramientas muy útiles para mejorar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico en todos los sectores económicos, incluidos el transporte, la construcción y la industria, con especial atención al abandono de los combustibles fósiles. «Los planes políticos son amplios y pueden lograr buenos resultados, pero deberán ir acompañados de un marco regulatorio predecible a largo plazo, incentivos suficientes para movilizar inversiones privadas y una financiación pública adecuada para respaldar todos los programas durante la próxima década», algo que pasa por aumentar la recaudación a través de impuestos a las formas de producir energía más contaminantes.

Mejorar las interconexiones

El informe señala además otro instrumento «crítico» para garantizar el aprovisionamiento eléctrico, ya que ofrece flexibilidad para afrontar la intermitencia de las renovables, son las interconexiones eléctricas. Los proyectos de líneas con Portugal progresan, como recuerda la AIE, pero no con Francia, que son los que tienen mayor potencial, y que ya en el pasado sufrieron fuertes retrasos (la línea Baixas-Santa Llogaia, por Cataluña) o incluso fueron abandonados (la línea por el valle de Gistaín, en Aragón).

Todo eso contribuyó a que no se llegara a lograr el objetivo de un 10% de capacidad de intercambio con Francia en 2020, fijado por la Unión Europea, y la agencia tampoco acaba de ver que se vaya a cumplir con el 15% para 2030. Para aumentar como se ha programado la cuota de renovables y desarrollar el almacenamiento, los responsables del estudio avisan de que es esencial un marco estable de remuneración. A su parecer, los mecanismos de subasta actualizados «son un paso en la dirección correcta» y la disponibilidad de inversiones parece encaminada. Un paso que se podría completar con la difusión oportuna en plazos razonables de los calendarios y los términos de las subastas para ofrecer más claridad a los inversores

El informe de la AIE también pone el acento, por paradójico que pueda parecer, en que hay que evitar que cierren las centrales de ciclo combinado que queman gas (combustible fósil, aunque menos contaminante que el carbón o el petróleo) y suponen un tercio del mix energético actual, porque tienen un carácter «crucial» durante la transición. La razón es que conforme desaparezcan las centrales de carbón (que ya suponen menos del 5%) y las nucleares (está previsto que a finales de la próxima década cierren cuatro de las siete centrales, que en 2019 aportaron un 22%), el gas será uno de los principales cojines de flexibilidad para lidiar con la intermitencia de las renovables, que deberían elevar su cuota al 74 % en 2030. En cualquier caso, para que esas centrales de ciclo combinado sigan en funcionamiento, las empresas propietarias quieren un nivel de rentabilidad que no se alcanza sin un sistema de remuneración específico si el sistema eléctrico no las utiliza un número suficiente de horas.

Transición justa

España también ha hecho hincapié en el concepto de una transición justa para garantizar que las comunidades de los sectores energéticos tradicionales, en particular la minería del carbón, no se queden atrás, algo que la AIE considera un acierto al incluir medidas para promover las oportunidades de empleo en la transición energética, apoyadas en un marco de formación profesional, políticas laborales activas, medidas de apoyo a los más vulnerables y planes de estímulo económico para las regiones más afectadas por la transición energética. Es más, el hecho de que estos “acuerdos de transición justa” se ejecuten a través de un pacto entre el gobierno, los sindicatos y las empresas, es una gran ventaja que otorga «mayor legitimidad» al proceso y puede servir de ejemplo para otros países que enfrentan problemas similares.

En cualquier caso, el actual contexto de recuperación posterior al COVID-19 representa según la AIE «una importante oportunidad para España», que debe adelantar sus inversiones de transición energética planificadas para los próximos tres años. En este punto será clave el plan de recuperación verde, ya que España es uno de los principales beneficiarios de los fondos de recuperación de la UE y entre las principales áreas definidas en el borrador inicial del Plan de Recuperación y Resiliencia están la eficiencia, la movilidad sostenible, las energías renovables, las infraestructuras eléctricas, el almacenamiento y el hidrógeno verde. «España debe aprovechar esta oportunidad para impulsar las acciones descritas en su Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC)», aconseja la AIE.

«Las bases de la transformación del sistema energético español se asentarán en esta década. En particular, la recuperación económica actual de la crisis de Covid-19 presenta a España una oportunidad importante para adelantar las inversiones en energía limpia durante los próximos tres años ”,  ha asegurado Birol. “Espero que este informe ayude a España a navegar por su camino hacia un sistema energético limpio y eficiente y un futuro neto cero”.