Estados Unidos quiere reconstruir en «verde» la economía del país con un plan de infraestructuras de 2,25 billones de dólares, con el que se pretende renovar el sistema eléctrico y la red de transportes, además de mejorar la eficiencia energética de las viviendas
Los congresistas norteamericanos acaban de volver de sus vacaciones de Pascua, y sobre sus escritorios se han encontrado uno de los planes económicos más ambiciosos del último medio siglo: 2,25 billones de dólares que la Administración Biden quiere invertir en modernizar las infraestructuras estadounidenses. El proyecto, titulado Plan de Empleos Americanos, tiene innumerables facetas y asegura que su alma es de color verde.
Además de querer actualizar 30.000 kilómetros de carreteras, ampliar el tendido eléctrico y el acceso a internet o modernizar cuatro millones de viviendas y edificios comerciales y públicos, el plan espera invertir más de 170.000 millones de dólares en el mercado de los vehículos eléctricos, tapar pozos de gas y petróleo, dar una década de ventajas fiscales a las iniciativas de energía solar o eólica e impulsar su innovación, con el objetivo de hacer al sector eléctrico 100% limpio en 2035. Como si dice en Estados Unidos: una auténtica “lista de la lavandería” donde cabe casi todo.
El plan tiene tantas vertientes y vericuetos que los grupos de influencia de Washington se han lanzado a trabajar los pasillos del Capitolio en busca de ventajas. “Mi teléfono está a punto de reventar”, dijo a The New York Times Pete Buttigieg, secretario de Transporte de la administración. No hay senador o representante que no le llame pidiéndole que dedique un pellizco a determinado puente o aeropuerto necesitado de un apaño.
Voces del sector ambientalista dicen estar satisfechas con las propuestas del presidente. “Hemos visto que la administración conecta el medioambiente con la economía, y eso es muy importante”, dice a El Ágora Esther Sosa, experta en igualdad y justicia medioambiental de Environmental Defense Fund, un grupo ecologista próximo a la administración Biden. “Si no hay un medioambiente saludable, no podemos tener una economía saludable. Y eso es lo que entiende esta administración y lo que los ambientalistas llevamos diciendo mucho tiempo”, apunta.
“Estoy preparado para negociar sobre el tamaño de mi proyecto de infraestructura, además de sobre cómo pagar por él”, declaró el lunes el presidente, antes de reunirse con delegaciones parlamentarias de ambos partidos. “Creo que todo el mundo reconozce que necesitamos un aumento significativo de las inversiones en infraestructura”, apostilló.
La intención de Biden es seducir uno por uno, en el proceso de negociación, a los estados; una manera de intentar sortear la dinámica polarizante de la política a nivel nacional y de golpear a sus críticos en casa. Según el portal Axios, la Casa Blanca hará un particular esfuerzo en cortejar a Kentucky y California: las taifas de las que provienen los dos líderes de las minorías republicanas del Congreso, Mitch McConnell y Andrew McCarthy.
Los republicanos también tienen su estrategia. La vastedad del plan les permitirá alegar que trata de abarcar demasiado y que por tanto no será efectivo. En palabras de Mitch McConnell, además, se trataría de un “Caballo de Troya” en el que están contenidas todo tipo de políticas progresistas a los que su partido se opone frontalmente. Su elevado coste y las subidas de impuestos que el plan incluye para financiarse van a ser, previsiblemente, otros de los puntos de apoyo conservadores para rechazar el plan.
La Casa Blanca estima que el plan de Biden creará más de 1 millón de empleos anuales, aunque los cálculos de distintos economistas y agencias de calificación varían en gran medida. Un estudio de Rebuilding American Manufacturing estima que el proyecto creará casi 7 millones de empleos para el año 2024, la mayoría de ellos los sectores manufacturero, de transporte y de construcción. La base de estos cálculos, además de la ley en sí, es el mantenimiento de las infraestructuras a lo largo de los años y la previsión de un aumento en las exportaciones, en parte gracias a la relativa caída del dólar.
Esther Sosa declara que la transición hacia una economía más ecológica es inevitable, y que es el deber del plan de Biden y de futuras inversiones ofrecer una alternativa a los trabajadores de industrias en declive, como por ejemplo la del carbón. Una campaña que ha hacerse, sobre todo, en estados del interior: más industriales y conservadores. “Entendemos que los trabajos son importantes y no queremos que nadie se quede sin ellos”, dice Sosa por teléfono. “Queremos poner a los trabajadores en una buena posición para los cambios que se avecinan y que van a venir muy rápido. Con inversiones para que no suceda como en Detroit, que se enfocaba en hacer carros, se fue la industria y no hubo nada para reemplazarla”.
Según Robert Pollin, profesor de economía y co-director del Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts-Amherst, los empleos del sector verde suelen ofrecer mejores condiciones que, por ejemplo, los del sector servicios. El salario medio de un trabajo en energía eólica supera los 80.000 dólares brutos al año; en el de la energía solar, más de 74.000, y aquellos que modernizan los edificios con criterios sostenibles, más de 64.000 dólares al año.
El presidente y los congresistas ya están de vuelta en la capital de Estados Unidos. Joe Biden ya ha hecho su primera oferta. Ahora toca mover ficha a los republicanos. Está en juego el plan de inversiones públicas más ambicioso desde que el también demócrata Lyndon B. Johnson creo, en los años sesenta, las actuales bases del magro estado de bienestar norteamericano.
