Los asesinatos de activistas ambientales volvieron a crecer en 2020

Los asesinatos de activistas ambientales volvieron a crecer en 2020

Según un informe elaborado por Global Witness, en el año 2020 se volvió a batir el récord de asesinatos de activistas ambientales, ya que un total de 227 personas perdieron la vida por defender la naturaleza. Colombia es de nuevo el país más peligroso, con 65 muertos


A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen la naturaleza y nuestro planeta. Según la nueva edición del informe sobre asesinatos de activistas ambientales que publica la ONG Global Witness, la explotación irresponsable del medio ambiente que impulsa la crisis climática y de biodiversidad también están impulsando que muchos defensores de la tierra se vean cada vez más asediados y atacados, llegando incluso a perder la vida: en 2020 murieron un total de 227, un nuevo y sombrío récord que supone el fallecimiento de casi cuatro activistas ambientales cada semana. Además, el informe revela que la mayoría de las muertes ocurrieron en América Latina, especialmente en Colombia y México, lo que vuelve a situar a esta región a la cabeza del ránking a la espera de que se termine de implementar el Acuerdo de Escazú, un tratado que entró en vigor a comienzos de año precisamente con el objetivo de proteger a estos defensores de la naturaleza.

“En 2020, registramos 227 ataques letales, un promedio de más de cuatro personas por semana, lo que lo convierte una vez más en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, y los ecosistemas vitales para la biodiversidad y el clima” explican a través de un comunicado desde Global Witness, que alerta de que las cifras son en cualquier caso “casi con certeza una subestimación, ya que muchos ataques contra defensores no se denuncian“.

A pesar de que hablamos de una amenaza global, lo cierto es que hay lugares que concentran gran parte del riesgo. En concreto, más de la mitad de los asesinatos tuvieron lugar en solo tres países (Colombia, México y Filipinas) y todos menos uno de los 227 asesinatos registrados de defensores tuvieron lugar en los países del llamado Sur Global, que incluye a todos los territorios en vías de desarrollo. Y es que, igual que los impactos de la crisis climática en sí, los impactos de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no se sienten de manera uniforme en todo el mundo, con los países menos industrializados sufriendo de forma mucho más dramática las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes.

En lo relativo a Colombia, por segundo año consecutivo este país latinoamericano registró el mayor número de asesinatos, con 65 defensores de activistas ambientales asesinados dentro de un contexto generalizado de violencia, con ataques generalizados contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de las esperanzas del acuerdo de paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación, ya que los cierres oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares y se recortaran las medidas de protección del gobierno.

El segundo país en este trágico ránking fue México, donde los analistas de Global Witness documentaron 30 ataques letales contra defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020, un aumento del 67% con respecto a 2019. La tala estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. Además, la impunidad de los delitos contra los defensores sigue siendo sorprendentemente alta: hasta el 95% de los asesinatos no dan lugar a ninún tipo de juicio.

Activistas forestales

Según se apunta en el informe, en los casos en que los defensores fueron atacados por proteger ecosistemas particulares, el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y el desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica de cada país mientras que casi el 30% de los asesinatos han estado relacionados estaban relacionados con la explotación de recursos y la tala fue el sector vinculado a más asesinatos, con 23 casos.

Este fenómeno se produce no sólo en América Latina, sino también en Asia. En Filipinas, el deterioro de la situación de los derechos humanos ha recibido una creciente condena internacional, ya que la oposición a las industrias madereras dañinas a menudo se enfrenta con violentas represiones por parte de la policía y el ejército. Más de la mitad de los ataques letales estaban directamente relacionados con la oposición de los defensores a proyectos de minería o tala. En general, los años de mandato del presidente Duterte se han caracterizado por un aumento espectacular de la violencia contra los defensores: desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados, un aumento impactante para un país que ya era un lugar peligroso para defender el medio ambiente.

Por otro lado, 2020 fue testigo de un número desproporcionado de ataques contra los pueblos indígenas, con más de un tercio de todos los ataques fatales contra los pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades indígenas representan solo el 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas también fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020. Además, como ha sido el caso en años anteriores, en 2020 casi 9 de cada 10 de las víctimas de ataques letales eran hombres. Eso sí, Global Witness señala que las mujeres que actúan y alzan la voz también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual, por lo que a menudo tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias.

Ante esta situación que empeora cada año, la Comisión Europea se está preparando actualmente para publicar legislación vinculante sobre diligencia debida, incluida una iniciativa sobre Gobierno Corporativo Sostenible. El objetivo no de la normativa no sería otro que el de asegurarse de que todas las empresas que hacen negocios en la UE, incluidas las instituciones financieras, identifiquen y aborden los daños a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor. 



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