El juicio por el vertido tóxico en la mina andaluza de Aznalcóllar ha sido fijado para el próximo 4 de julio, casi 25 años después de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, por detrás del hundimiento en las costas gallegas del buque Prestige en 2003
El 25 de abril de 1998 se produjo en España el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, en Sevilla, un accidente calificado como «catástrofe internacional de primer grado» y la mayor catástrofe sufrida en España, junto con la provocada por el hundimiento del Prestige en 2003.
Esta semana el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha celebrado una vista previa y ha fijado para el próximo 25 de julio, 25 años después de la catástrofe el juicio de la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, propietaria de la balsa de residuos tóxicos que provocó el vertido, en el marco del litigio derivado de la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública.
Entonces, la fractura de la balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos seis millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.600 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
Concretamente reventó el depósito de residuos piríticos de las minas de cobre, plomo y zinc de Aznalcóllar (a 45 kilómetros de Sevilla), lo que provocó la salida incontrolada al río Guadiamar de seis millones de metros cúbicos de lodos con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Los lodos y aguas ácidas contaminaron las marismas y el parque natural e inundó los alrededores de los 63 kilómetros del cauce del río Guadiamar hasta quedar detenido en el límite del Parque Nacional de Doñana.
Boliden Apirsa, SL era la compañía sueco-canadiense que explotaba la mina y que admitió la gravedad de la situación ecológica en Doñana y en los campos agrícolas de los alrededores. La riada afectó a 4.634 hectáreas, avanzó más de 60 km y fue frenada tres días más tarde, en Entremuros, donde se levantó un dique para evitar la entrada en Doñana de la riada tóxica.
El dique prolongó 28 km aguas abajo la denominada «Montaña del Río», un muro de tierra levantado en los años 80 del pasado siglo por los arroceros para defender los cultivos de la marea salina que sube del Guadalquivir.
Las actuaciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno central para recuperar la zona pasaron por la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la Marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, actuaciones de restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.
En 2001 sitúan los investigadores el punto de inflexión en que finalizó la limpieza de la cuenca del Guadiamar y empezaron a recuperarse las poblaciones animales del entorno.
Para revertir el impacto del desastre se han invertido cientos de millones de euros por parte de las administraciones central y autonómica en la descontaminación de estos cauces y su posterior regeneración como pasillo ecológico, el denominado Corredor Verde del Guadiamar que fue declarado Paisaje Protegido y adscrito a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en abril de 2003.
En 2022 las actuaciones judiciales continúan
Los intentos por reclamar parte de los millones de euros invertidos a la multinacional Boliden-Apirsa han originado un arduo litigio judicial saldado con las derrotas de las administraciones y con la recomendación en mayo de 2012 del Supremo a la Junta de reiniciar el contencioso por la vía penal, por la que el juzgado de Sanlúcar la Mayor llegó a imputar a una veintena de técnicos de Boliden, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente.
Cerrada esta vía en 2000 y confirmada en 2001, la Junta presentó entonces una demanda civil ante el juzgado de instrucción 11 de Sevilla, que no fue admitida al declararse incompetente, por lo que en 2004, el Consejo de Gobierno acordó imponer a Boliden una multa de 89,8 millones de euros para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió en 2007 al TSJA y en 2011 al Tribunal Supremo y ambas instancias le dieron la razón.
Cerradas las vías, la Junta planteó a la Sala de Conflictos de Competencias del Supremo cómo podía exigir el dinero a Boliden, esta dictó por la vía civil y ordenó devolver el caso al juzgado 11 de Sevilla, instancia que instruyó la primera demanda y que el 29 de septiembre de 2022 ha fijado el juicio para el 4 de julio de 2023, casi 25 años después del accidente.
El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unos recursos de 35 millones de toneladas constatadas y otros 45 millones probables de cobre, plomo, zinc, además de plata y oro, según la Junta.
El abogado de Boliden-Apirsa, además, ha negado que la empresa se «enriqueciese» con la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, defendiendo que como consecuencia del accidente, la entidad afrontó gastos por valor de unos 115 millones de euros, 80 de ellos para la retirada «voluntaria» de lodos sin cobertura de los seguros, incurriendo finalmente en pérdidas por importe de unos 37 millones de euros.
