La bajada del IVA de la luz no suple la falta de bono social de Barcelona Energía - EL ÁGORA DIARIO

La bajada del IVA de la luz no suple la falta de bono social de Barcelona Energía

La bajada limitada del IVA del 21% al 10% en el recibo de la luz pretende amortiguar la pobreza energética que agudiza el recibo más caro de la historia, especialmente sangrante para los clientes de Barcelona Energía, la eléctrica pública que no tienen bono social


El recibo medio de electricidad repuntó en mayo un 0,8% con respecto a abril y se ha disparado un 43,8% frente al mismo mes del año pasado, manteniendo una tendencia alcista desde comienzo de año que parece no tener fin.

Con respecto a hace un año, el incremento en el recibo de la luz para un consumidor medio es de casi el 46% en junio, con una diferencia de más de 28,18 euros, con que España se enfrenta a la luz más cara de su historia.

Esta estratosférica subida de la energía eléctrica, atribuida en principio al incremento de los precios de derechos de emisión de CO2 y a un encarecimiento en el precio del gas, no hace sino acrecentar las ya de por sí graves cifras que deja la pobreza energética, agudizada por las secuelas económicas que ha dejado la pandemia.

España se enfrenta a la luz más cara de su historia

La energía es un lujo para el 12% de los hogares españoles

La pobreza energética en nuestro país afecta al menos a 1.293.836 hogares, según el último ‘Boletín de indicadores eléctricos’ elaborado por la CNMC y, según la Asociación de Ciencias Ambientales, podría ser responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año, en función de la mayor o menor dureza de los inviernos o veranos.

Según el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: inseguridad residencial en Barcelona (2017-2020)”, a partir de una muestra de 415 personas con problemas para cubrir sus necesidades básicas, un 57% de los encuestados no puede mantener su vivienda con los grados adecuados ni en invierno ni en verano, y el 34% en ningún momento del año.

De acuerdo con los registros del Ministerio para la Transición Ecológica, solo durante los meses del primer estado de alarma cerca de 40.000 ciudadanos habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico, el principal programa público para frenar el problema con descuentos en las facturas.

En un intento de aliviar el peso del coste de la luz, el Gobierno aprueba hoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, la bajada limitada del IVA eléctrico, que pasará del actual 21% al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

Y se aplicará ese mismo tipo de IVA del 10% “a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado”.

Además, se contempla la “suspensión del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año”.

Medidas que las asociaciones de consumidores ya ven insuficientes porque en absoluto equilibran el montante de la subida y tampoco parece que vayan a lograrlo ni las nuevas tarifas por franjas horarias ni el Proyecto de Ley para alumbrar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).

En cualquier caso, todo este paquete para doblegar la curva ascendente de los precios de la luz en nuestro país echa a un lado las insistentes reclamaciones de algunos ministros del Gobierno que aspiraban a una energética pública, como la gran solución para acabar con los “abusos” y la pobreza energética.

Sin embargo, no hay que ni que salir de nuestras fronteras para comprobar que lo público, estatalizado o municipalizado, no es garantía de éxito ni de escudo social.

Barcelona cuenta con una compañía eléctrica pública, Barcelona Energía, cuyo principal cliente es el propio Ayuntamiento de Barcelona. De la cifra total de negocio en 2020, 23,7 millones, 22,5 proceden del suministro eléctrico al propio Ayuntamiento, tal y como recoge el Balance económico de la compañía 2018-2020, presentado el pasado mes de mayo en comisión municipal.

El resto de la facturación de la eléctrica metropolitana, que se puso en marcha en verano de 2018, incluye 819.937,59 euros a particulares, 224.643,81€ al grupo TERSA (participada por el propio Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona-AMB) y 107.928,47€ a empresas.

Este pasado mes de abril, Barcelona Energía suministraba energía a 8.331 clientes de los que sólo 3.651 son usuarios privados, cuando el objetivo inicial era llegar a los 20.000. Entre los servicios públicos a los que la eléctrica de Colau ofrece suministro eléctrico figuran a los cementerios de la ciudad, las estaciones del Bicing, el alumbrado, la vivienda pública y los mercados municipales

Una causa importante del fracaso de la energética pública de Ada Colau, más allá de que sus tarifas no son más baratas que las que ofrecen otras compañías del sector, es que Barcelona Energía no puede ofrecer acceso al bono social, ya que solo pueden tramitarlo las comercializadoras de referencia, entre las que no se encuentra Barcelona Energía, pese a ser pública, municipal y compartir titularidad con los servicios de asistencia social del municipio que regenta Ada Colau.

Barcelona Energía no puede ofrecer acceso al bono social pese a ser pública, municipal y compartir titularidad con los servicios de asistencia social

Para luchar contra la pobreza energética, el AMB dispone del Plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales 2020-2023, y mediante el programa “Hogares vulnerables”, presta apoyo económico a actuaciones municipales dirigidas a dar respuesta efectiva a las situaciones de falta de recursos para hacer frente al pago de los suministros de energía, realizar auditorías y dar herramientas a los usuarios para que puedan reducir los gastos de suministros y afrontar la emergencia habitacional.

Sin embargo, la eléctrica de Colau no puede acogerse a dicho Plan, no contando tampoco con un articulado sistema especial de protección a los colectivos vulnerables, como sí sucede con otros servicios públicos, y más allá de medidas puntuales que puedan aprobar.

De hecho la propia compañía expresaba recientemente que “Barcelona Energía no puede ofrecer acceso al Bono social, puesto que la regulación actual solo permite que lo puedan tramitar las siguientes comercializadoras: Baser comercializadora de referencia, S.A.; Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U.; Teramelcor S.L.; Comercializadora de referencia energético, S.L.U.; Régisti comercializadora regulada, S.L.U.; Curenergía comercializadora de último recurso, S.A.U.; Energía Ceuta XXI comercializadora de referencia, S.A.;; Comercializadora de regulada, Gas & Power, S.A. A tenor que el objetivo de Barcelona Energia no es el beneficio económico, si se detecta que una persona usuaria de su servicio puede acceder al Bono social, se le ofrece asesoramiento para derivarlo a las empresas autorizadas y que se pueda beneficiar“.

De ahí que distintos colectivos hayan afirmado que “la responsabilidad de Barcelona Energía para no dejar a nadie atrás, y combatir la pobreza energética brilla por su ausencia“, y que en ningún caso llegan a considerarla como una alternativa real como prestador del servicio.


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