El Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil ha revocado este lunes unas normativas sobre medidas de protección en las zonas de manglares y dunas en el litoral del país, una decisión que puede empeorar aún más la situación del medio ambiente brasileño
El Gobierno de Jair Bolsonaro continúa con su cruzada contra el medio ambiente y los ecosistemas de Brasil. Hace apenas una semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario brasileño aseguró que su país era víctima de una «brutal campaña de desinformación» por parte de las organizaciones ecologistas y defendió sus políticas en materia ambiental. Sin embargo, la actividad ejecutiva de su Gobierno parece empeñada en llevarle la contraria: este lunes, el Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil, que depende del ministro de esa área, Ricardo Salles, revocó unas normativas sobre medidas de protección en las zonas de manglares y dunas en el litoral del país.
La decisión acaba, sin proponer medidas alternativas, con normas que delimitaban las áreas de protección ambiental, en las que no se permite ninguna actividad económica o la construcción, en zonas de dunas y manglares de reconocido valor ecológico. Salles, cuya gestión también es objeto de duras críticas de organismos de defensa del medio ambiente, promovió la revocación de esas normas en su condición de presidente de ese consejo, formado también por otros miembros del Gobierno, representantes de gobernaciones, alcaldías y empresarios.
También fue anulada una normativa que impedía la incineración de residuos de agrotóxicos en hornos de cemento, práctica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede acarrear efectos nocivos para la calidad del aire. Los problemas de salud que pueden traer estas instalaciones a la población van desde malformaciones congénitas o retraso en el desarrollo hasta abortos espontáneos, trastornos hepáticos, diabetes y, por supuesto, problemas en las vías respiratorias.
Esas decisiones se suman a otras ya promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente desde enero de 2019, cuando asumió el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro y designó para esa cartera a Salles, un antiguo adversario de las organizaciones ecologistas. Esos grupos acusan a Bolsonaro y Salles de «desmontar» en forma gradual la rígida normativa de protección medioambiental que el país creó en los últimos veinte años, a fin de abrir la puerta a la actividad económica en zonas hasta ahora protegidas.
El coste de los incendios
De hecho, entre las regiones que han quedado desprotegidas por el nuevo movimiento del Gobierno brasileño figuran partes de la Amazonía y todo el área del Pantanal, el mayor humedal del mundo, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Ambas han sido pasto de vastos incendios en los últimos dos años: la magnitud de las llamas en la Amazonía disparó las alarmas en muchos países y organismos ambientalistas en 2019 y este año ocurrió lo mismo con el Pantanal, donde las llamas se han expandido con más fuerza que en las últimas dos décadas, causado una enorme mortandad de animales aún no totalmente calculada.
Bolsonaro, que ha insistido en minimizar los incendios, sostiene que esas zonas protegidas no pueden estar al margen del desarrollo económico y ha prometido promover la agricultura, la minería y otras actividades productivas en la Amazonía. Además, según el mandatario brasileño los incendios en la Amazonía son muchas veces provocados «por indios y pequeños campesinos, que desde hace siglos utilizan el fuego para preparar las áreas de siembra».Sin embargo, las acciones de grandes empresas madereras o de minería, señaladas en repetidas ocasiones por organizaciones ecologistas por estar detrás de la deforestación progresiva del Amazonas, no parecen preocupar tanto a Bolsonaro. Según un estudio de Greenpeace, este mismo 2020 ha habido hubo un aumento de 80% de la deforestación para minería ilegal en las zonas protegidas y de 13% en las reservas indígenas de la Amazonia brasileña entre enero y abril.
Eso sí, el presidente brasileño no tiene solo enfrente a activistas ecologistas. A la preocupación de los organismos de defensa del medioambiente se ha sumado en las últimas semanas la manifestada por unos cuarenta fondos de inversión e importantes empresas globales, que amenazan con revisar sus posiciones en Brasil si el Gobierno no garantiza la debida protección de la Amazonía y otros biomas.
