Europa aprueba restringir el uso de munición de plomo en los humedales

Durante décadas, el plomo se ha utilizado de forma habitual en munición de caza y aparejos de pesca. Y no de manera ocasional: según las estimaciones, cada año se liberan al medio ambiente entre 21.000 y 27.000 toneladas de plomo procedente de la cinegética en toda Europa. Sin embargo, este material tiene consecuencias negativas sobre los ecosistemas, ya que intoxica a la fauna silvestre y puede incluso afectar a la salud humana al filtrarse a acuíferos o tierras de cultivo. Por eso, el Comité de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), siguiendo un mandato de la Comisión Europea, ha aprobado este jueves, tras la votación favorable de los Estados miembros, la restricción del uso de munición de plomo en humedales y zonas próximas a éstas. Una decisión que ha contado con el apoyo de España.

En principio, esta medida permitirá que los humedales europeos, unos espacios de alto valor ecológico que contribuyen a la adaptación y mitigación frente al cambio climático, dejen de estar expuestos a la contaminación por plomo procedente de munición, que tiene especial incidencia sobre la avifauna. De hecho, según datos de la ECHA, entre 400.000 y 1,5 millones de aves acuáticas mueren anualmente debido a la intoxicación por plomo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha mostrado su satisfacción por que la resolución de la ECHA permita garantizar la protección de los humedales y su avifauna a nivel europeo. Dado el carácter migratorio de la gran mayoría de las aves acuáticas, una respuesta comunitaria resulta más eficaz a la hora de proteger la biodiversidad y el patrimonio natural, según destaca el Ministerio.

Además, el Gobierno considera positivo que la ECHA haya armonizado qué se entiende por humedal a efectos de la restricción del uso de plomo ya que, de este modo, su aplicación será la misma en todos los países de la Unión Europea. La definición que se ha empleado es la que figura en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, el Convenio Ramsar, de la que España es parte, aportando 74 humedales de importancia internacional, entre ellos Doñana, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera de Valencia.

La resolución europea fija, por otro lado, una zona adicional de protección, denominada zona de amortiguación, que extiende la restricción de uso y tenencia de plomo a un perímetro de 100 metros. No incluye, sin embargo, la obligación de etiquetar explícitamente los cartuchos con disparos de plomo, cuestión que a juicio de España hubiera sido beneficiosa.

En todo caso, esta decisión permite avanzar, además, en el cumplimiento del acuerdo para la conservación de las Aves migratorias de África y Eurasia (AEWA), al que están adheridos la mayoría de los países de la UE y que obliga a los firmantes a eliminar el uso de plomo en caza en humedales tan pronto como sea posible. En España, la restricción de uso de plomo en humedales en espacios protegidos, de cualquier naturaleza, está vigente desde 2001, pero, con esta resolución, la restricción se amplía al conjunto de masas de agua consideradas humedal según el Convenio de Ramsar.

Una larga batalla

La polémica en torno al uso del plomo en la caza y la pesca viene de lejos: cazadores y organizaciones ecologistas llevan años enfrentándose por este tema. Para los segundos, las limitaciones al plomo son una medida absolutamente necesaria porque la mayoría de los perdigones acaban liberándose al medio ambiente, donde pueden ser ingeridos involuntariamente por las aves, que los confunden con comida o con las pequeñas piedras que comen para triturar el alimento en la molleja. Según diferentes estudios, la absorción del plomo en el tracto digestivo puede causar la muerte o efectos adversos subletales; es más, la ingestión de un único perdigón de este material puede ser suficiente para matar un ave acuática de pequeño tamaño.

Además, las especies carroñeras o predadoras, como las aves rapaces, consumen involuntariamente fragmentos de plomo presentes en los tejidos de las presas (tras haber sido heridas con un perdigón de plomo) o en los órganos internos de una presa de mayor tamaño (por ejemplo, un ciervo) que se desechan tras el «procesamiento de la canal» sobre el terreno. Esta vía de exposición se denomina «intoxicación secundaria» y también se sabe que a menudo tiene como consecuencia el envenenamiento con plomo de la fauna silvestre.

Sin embargo, las asociaciones cinegéticas como la Real Federación Española de Caza (RFEC) aseguran que las presiones de las entidades ecologistas para prohibir la utilización del plomo en los cartuchos de caza de forma general tiene un “trasfondo ideológico cuyo único propósito es acabar con la actividad cinegética” en España, a pesar de que “está demostrado científicamente que la utilización del plomo no tiene incidencia en las especies cinegéticas, y a pesar del enorme impacto económico que tendría”.

Además, según los cazadores, en la actualidad no hay un sustituto de la munición de plomo disponible para el desarrollo de una caza “sostenible y ética” de acuerdo con las normativas sobre su uso en la actividad cinegética basada en informes científicos y no “en meras cuestiones ideológicas”.

Aunque las propias asociaciones se han mostrado a favor de limitar el uso de perdigones en humedales para mantener la sostenibilidad del mundo rural, en un comunicado de respuesta a la decisión de la ECHA denuncian que esta nueva normativa «viola derechos fundamentales de los cazadores, como la presunción de inocencia, y estima que un charco de agua es un ‘humedal’, lo que en teoría hará la práctica de la caza inviable en muchas zonas de España«.

En cualquier caso, la modificación del reglamento europeo tiene que pasar ahora a un “tiempo de escrutinio”, en el que durante los próximos tres meses el Parlamento Europeo lo tendrá que discutir, debatir y aprobar. Y, lejos de dar la batalla por perdida, el presidente de la RFEC, Ignacio Valle, ha asegurado que su organización se va a centrar en presionar a los eurodiputados «para hacerles ver la problemática de votar a favor de un reglamento que viola derechos fundamentales de los cazadores y que transmite una gran inseguridad jurídica, al ser de muy difícil aplicación en nuestro país».