El Gobierno pretende que la población de lobo ibérico pase de 297 a 350 manadas y que amplíe su distribución territorial un 20% de aquí a 2030. Mientras, los ganaderos se declaran en «peligro de extinción»
La «guerra del lobo» que libran ganaderos y Comunidades Autónomas frente al Gobierno y las organizaciones conservaciones lejos de apaciguarse se agrava aún más tras la filtración del texto de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está elaborando junto con autonomías.
Una estrategia que tiene como objetivo lograr que el censo de lobo ibérico crezca un 18% en la próxima década, pasando de 297 a 350 manadas y una ampliación de su distribución territorial entre el 10% y el 20%.
Una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza, si bien defiende a la especie como «parte integral de los ecosistemas españoles» cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar, según recoge el borrador de la estrategia difundido por Europa Press.
El borrador apuesta por asegurar su expansión «hacia el este» peninsular y «especialmente en el sistema Ibérico» así como hacia «otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa» y exista hábitat suficiente y adecuado.
Precisamente identifica a Sierra Morena, donde la especie se ha extinguido, como uno de esos lugares de «poca conflictividad» y señala que una de las causas de su extinción es «aparentemente» la caza mayor en fincas cinegéticas «privadas del sur de España».
En ese sentido, apunta que «algunos» empresarios cinegéticos «se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza lo que provoca un «resultado de las cacerías impredecible».
«Esto puede producir elevados perjuicios económicos al negocio de la caza. En un tipo de caza tan dependiente del manejo humano, la presencia de lobos puede resultar difícilmente compatible», admite el borrador que, como solución cree que habría que «ajustar el sistema de caza vigente en la actualidad».
Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera, pasa por «perseguir y reducir a niveles irrelevantes» la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas ilegales o veneno.
La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera «generalizada» y «con fondos públicos». Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños.
Los ganaderos se declaran en peligro de extinción
Para compensar las pérdidas de ganado por la depredación del lobo, el borrador quiere que se establezcan sistemas de peritación «homogéneos» y pagos «ágiles y justos» a los afectados, siempre que hayan puesto en marcha medidas preventivas. Se pondrá en marcha un registro nacional de daños para fijar unas «directrices comunes de control de ejemplares» en casos «reiterados» de depredación en explotaciones con medidas de prevención.
Con el fin de evitar una pérdida de la capacidad productiva de los ganaderos se promoverá un «pago adicional agroambiental» en la Política Agraria Comunitaria (PAC) que puede suponer un incremento de alrededor del 30% del pago de la explotación.
Las organizaciones agrarias se han dirigido al presidente del gobierno Pedro Sánchez para pedirle la retirada de esta estrategia y recordarle que el lobo ibérico es una especie en expansión en España, donde su número no ha dejado de crecer durante las últimas cuatro décadas hasta el punto que sus poblaciones del noroeste de la Península son las mayores de Europa occidental.
Afirman que es esta abundancia que coincide con las explotaciones de ganado extensivo en zonas rurales está generando «un conflicto que se ve agravado con medidas como las que pretende adoptar el Ministerio para la Transición Ecológica».
A su juicio «toda medida de actuación» que se emprenda con influencia sobre el medio para la conservación y gestión del lobo debe «respetar al máximo» la existencia de la ganadería extensiva, de las razas autóctonas y de los ganaderos como «elementos esenciales del desarrollo rural».
«La situación actual en la que se encuentra la ganadería extensiva es muy preocupante y junto con el progresivo despoblamiento de estas zonas y además con esta nueva medida, se está poniendo en riesgo la supervivencia del medio rural», advierten a Sánchez.
Finalmente, insisten en que esta decisión dirigida «supuestamente» a la conservación del lobo va en detrimento de la conservación de la actividad ganadera que, según recuerdan, realiza una función ambiental, social y económica que «debe ser protegida y que ha sido olvidada en la elaboración de esta decisión.
Denuncian que las ayudas para facilitar la coexistencia con el sector ganadero deben llegar desde las administraciones públicas, al tiempo que advierten de que estas no deben proceder de la Política Agrícola Común (PAC).Otra de las líneas de la estrategia de la especie pasa por aumentar el conocimiento del lobo, promover su divulgación y conseguir el «máximo apoyo social» para su recuperación.
De acuerdo con estos objetivos marcados, el borrador plantea como líneas prioritarias de actuación la «homogeneización del estatus de protección legal del lobo a nivel nacional» para establecer un «régimen legal coherente» con el estado de conservación de la especie en los distintos territorios.
Es en ese punto de la estrategia donde justifica la inclusión «de todas las poblaciones de lobo» en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpre) de acuerdo con el dictamen del Comité Científico, que así lo recomienda por su «importancia como patrimonio cultural, científico así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales».
No obstante, reconoce que la información aportada sobre el tamaño del área de distribución» de la especie desde principios del siglo XX «no es concluyente» y por eso, el Comité «se abstiene sobre su inclusión como ‘vulnerable‘ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas».
Este hecho, adoptado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero tras una polémica votación, ha desatado la controversia entre las comunidades autónomas que concentran el 95% de la población de la especie (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), así como de los sectores ganaderos y las organizaciones profesionales agrarias, contra el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que tiene de su lado a las ONG ambientales y científicas.
También ha sido crítico con la posición del MITECO el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. No obstante, Planas y Ribera han solicitado la comparecencia conjunta en el Senado para explicar la decisión.
Bosques isla en zonas agrícolas
Otras de las acciones propuestas pasan por adecuar infraestructuras, como autovías o trenes de alta velocidad para evitar el efecto barrera que limita el intercambio de ejemplares; la creación de «bosques-isla» en las zonas agrícolas que sirvan al lobo de área de refugio y reproducción; se evaluará y planificará las transformaciones de hábitat que producen las infraestructuras energéticas como parques eólicos y plantas fotovoltaicas dada su «proliferación».
Del mismo modo, se establecerán manadas en las áreas actuales de distribución periférica, especialmente en su flanco oriental y central para favorecer la expansión hacia el Sistema Ibérico y se buscará generar flujos continuos entre la Península y el resto de Europa para evitar el aislamiento genético.
Para que los lobos tengan carroña suficiente, se incentivará el abandono de cadáveres de ganado en régimen extensivo. Otro de los problemas detectados es la hibridación de lobo con perros, por lo que el texto de la Estrategia recomienda capturarlos y retirarlos igual que a las manadas mixtas, de perros asilvestrados y lobos.
Finalmente, propone intensificar la persecución de métodos ilegales de persecución y muerte de ejemplares, para lo que marcarán lobos con emisores GPS para conocer con más detalle su mortalidad no natural, los puntos negros de atropello, envenenamiento, caza o trampeo ilegal.
