España contará a partir de octubre con un dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales operativo durante todo el año y no solo los tres meses de verano como ocurría hasta ahora
El verano de 2022 va camino de convertirse en la peor temporada de incendios del siglo XXI, en apenas siete meses, la superficie quemada ya supera a la que arrasó el fuego en todo 2012, que hasta ahora era el peor años desde que hay registros. En este 2022 los incendios forestales en España han arrasado más de 220.000 hectáreas según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS) a partir de los satélites del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea Copernicus. Aunque los datos provisionales hasta el 24 de julio del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) sitúan la superficie quemada en 135.000 hectáreas.
Lo cierto es, que el cambio climático impacta directamente en una mayor intensidad y frecuencia de los grandes incendios forestales, los que superan las 500 hectáreas, alimentados por la sequía y el estrés hídrico que acumulan los suelos por la falta de lluvia y las elevadas temperaturas.
A las puertas de la que sería ya la tercera ola de calor del verano y con gran parte del territorio en alerta por riesgo máximo de incendios el Consejo de Ministros ha decidido ampliar a todo el año los sistemas de prevención y extinción de incendios forestales, que hasta ahora se habilitaba solo para los tres meses de verano.
Así, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con medidas urgentes que buscan «actualizar» la legislación básica en materia de incendios forestales y mejorar la capacidad de respuesta, tanto de prevención como de extinción durante «todo el año, de modo que los territorios deberán contar con una planificación anual que contemple, no solo las épocas de alto riesgo sino de bajo y medio.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno actualizará las obligaciones y la legislación básica en materia de incendios que recoge la Ley de Montes porque la emergencia climática pone de manifiesto hasta qué punto incendios más virulentos, con olas de calor más intensas y cada vez más frecuentes obligan a ponerse «al día».
«Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solo ocupa dos o tres meses en nuestro calendario», ha advertido Ribera, que apuntado que según la información de la Comisión Europea es «más que probable» que los días de riesgo extremo de incendios se incrementen en 40 días más al año.
Así, ha justificado que los datos avalan que cada vez más esa superficie forestal quemada aparece en pocos incendios pero «enormemente virulentos» por lo que ve «capital» actualizar y activar el contenido básico de las herramientas más importantes para que «durante todo el año y todos estén preparados» e invirtiendo y activando medidas que permitan prevenir y reducir el impacto de los incendios.
Ribera ha destacado que «una mala preparación» pone en riesgo a la población, a los trabajadores; incrementa la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, así como las pérdidas económicas y la actividad industrial y empresarial en el entorno y dificulta la capacidad de recuperación.
En ese contexto, ha precisado que de acuerdo con los últimos datos aportados por las comunidades autónomas, en lo que va de año España ha registrado más de 6.400 incendios con 135.000 hectáreas y de estos, en el 80% ha habido una «participación muy activa» de los medios de refuerzo del Estado y ha recordado que la competencia en esta materia es autonómica.
Por ello, ha subrayado la importancia de actualizar y prepararse para los grandes incendios. «No nos podemos permitir esta deriva y, por eso, es hora de actualizar la ley de Montes y asegurar que en toda España estemos preparados todo el año para reducir al máximo el riesgo de incendios«, ha apostillado.
Prevención y extinción todo el año
La nueva normativa mejora la prevención, extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego
En este contexto, ha apuntado que de acuerdo con las disposiciones aprobadas en esta materia el pasado jueves en la última Conferencia Sectorial, se ha acordado actualizar y reforzar el contenido básico de los planes contra incendios y el contenido las medidas operativas.
El real decreto actualiza el contenido básico de los planes autonómicos, refuerza la eficacia de las medidas operativas y aumenta la seguridad de los trabajadores en la lucha contra incendios. Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas -administraciones competentes en política forestal y en gestión antiincendios- antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios.
Además, para hacer más homogénea la respuesta territorial frente a los incendios forestales en todo el país, el real decreto amplía el contenido mínimo de los planes para establecer la dotación, los medios materiales y los equipamientos de los que deberán disponer los trabajadores que participen en labores de prevención y extinción del fuego.
Actividades prohibidas en riesgo máximo de incendios
Por otro lado, en cuanto a la gestión del riesgo, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo. Estas restricciones se aplicarán a las actividades que puedan ser causantes de incendios y se pondrán en marcha cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emita una alerta roja por riesgo de incendios.
Del mismo modo, el MITECO elaborará una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información existente y facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.
En cuanto a la extinción de los incendios, la norma reforzará la coordinación institucional implantando un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan.
Así, entre otras medidas, prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción según sus capacidades operativas; un protocolo de coordinación común para los medios aéreos; adoptar señales de radio unívocas o usar simbología común para elaborar los mapas operativos.
Por su parte, el Estado asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo, que estarán a disposición de las comunidades autónomas en el marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.
Restauración de áreas quemadas
En materia de mantenimiento y restauración de los terrenos afectados por los incendios, se consolida el mecanismo de colaboración entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas para la restauración forestal y medioambiental, siempre que los incendios se hayan producido en zonas donde las medidas de prevención y extinción previstas por la Ley se hayan cumplido y siempre que las superficies afectadas tengan una extensión mínima. En este sentido, las comunidades autónomas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50% de los costes, salvo que se trate de terrenos de titularidad estatal.
Las actuaciones de restauración en las que la administración general del Estado y la comunidad autónoma colaborarán, previa declaración de zona de actuación especial y de emergencia de las obras a ejecutar, podrán incluir desde medidas de restauración hidrológica forestal hasta la reparación de infraestructuras rurales de usos forestal.
Este Real Decreto-ley, incluido en la modificación de la Ley de Montes, responde a finalidades claras: la protección del conjunto de la ciudadanía y, en particular, de las personas que trabajan en los servicios de prevención, vigilancia y protección; y la protección del monte y, con ello, de los valiosos servicios ambientales que prestan y que benefician al conjunto de la sociedad.
