Las sentencias condenatorias por delitos ambientales se incrementaron un 11% en 2019 con respecto al año anterior, con mayor incidencia en lo relativo a urbanismo, flora y fauna y en malos tratos a animales domésticos. Sin embargo, es en el número de pirómanos, que creció un 63%, donde la Fiscalía pone el foco



La Fiscalía General del Estado abrió un total de 2.891 diligencias de investigación en materia de Medio Ambiente y Urbanismo en 2019, lo que representa un 4,36% menos que el año anterior y de estos procedimientos, finalmente 1.118 terminaron en sentencias condenatorias, lo que supone un 11% más que en 2018.
Así se desprende de la Memoria de Actividades Anual presentada este lunes por la Fiscal General, Dolores Delgado, con motivo de la apertura del curso judicial 2020-21 presidida por el Rey Felipe VI.
Las sentencias condenatorias tuvieron mayor incidencia en lo relativo a urbanismo, flora y fauna y en malos tratos a animales domésticos. Sin embargo, es en el número de pirómanos, que creció un 63%, donde la Fiscalía pone el foco.
Sin embargo, y pese al aumento de las condenas en el pasado ejercicio, el total de investigaciones medioambientales abiertas en 2019 se han reducido ligeramente -132 menos-, de las que 887 se destinaron a asuntos de urbanismo y ordenación del territorio, 579 a delitos contra la flora y fauna, 567 por incendio forestal.
Los pirómanos, detrás del 46,15% de los fuegos intencionados en 2019


En esta edición, la memoria ha puesto el acento en los incendios forestales de 2019, en el que resultaron implicadas un total de 513 personas (31 detenidos y 482 investigados), lo que ha supuesto un significativo incremento (un 64,42 %) con respecto a las del balance anterior, en el que se contabilizaron 312 personas (31 detenidos y 281 investigados).
En torno a un tercio del total fueron incendios intencionados, frente a dos tercios debidos fundamentalmente a negligencias.
Así, los datos que aportan los distintos cuerpos policiales al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo en 2018 se detuvo a 31 personas y se investigó a 281 individuos, una diferencia que ve «razonable» teniendo en cuenta el «importantísimo aumento del número de siniestros producidos en 2019 respecto al año pasado.*
En total, en 2019 se contabilizaron 10.883 incendios, de los que la Guardia Civil investigó 2.871 siniestros en 2019, una tercera parte del total, ya que los dos tercios restantes carecieron de «interés» policial. La cifra es muy superior, en concreto un 63,68% mayor a los 1.754 siniestros investigados en 2018, con 232 detenidos o investigados ese año.
Por otro lado, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente refleja en la Memoria Anual que en torno a un tercio del total fueron incendios intencionados, frente a dos tercios debidos fundamentalmente a negligencias. De ese tercio de intencionados, el 46,15% tuvo detrás la mano de pirómanos, una cifra también muy superior al 38,20% de 2018.
La Fiscalía especialista ha observado una tendencia creciente en las cifras desde que se creó la base de datos de detenidos/investigados por incendios forestales en 2007.
Así, expone que desde esa fecha hasta 2011 el número se situaba entre 300 y 400 implicados, salvo en 2008, cuando se superaron los 400 individuos. Pero a partir de 2012 hubo un «incremento que se ha mantenido hasta la fecha«, en la que se ha pasado de los 500 implicados excepto en 2015 y 2016, cuando la cifra fue ligeramente menor y, especialmente en 2018, cuando se descendió a valores similares a los de la primera época, con 312 implicados.
Si bien, la Fiscalía señala que estas «oscilaciones y variaciones» en las cifras de detenidos/investigados están «muy relacionadas» con el número de siniestros ocurridos en los respectivos años. De ese modo, concluye que el número de implicados anual es un «indicador bastante fiable» de la siniestralidad anual.
Más de la mitad de los incendios se deben a negligencias
En cuanto a las causas, la más frecuente en 2019 fueron las negligencias durante las quemas, «tanto de residuos y restos forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto«.
Respecto a los tres años anteriores, cuando las negligencias descendieron «sensiblemente» respecto a 2015, durante el pasado año, 2019, esta causa estuvo tras el 62,60% de los fuegos de modo que se situó como el segundo año con más negligencias desde 2015, solo por detrás de 2018.
También experimentó un repunte del 6,78% del número de incendios por causas eléctricas y los sufridos por manejo de maquinaria fueron el 14,63% del total. Los ferrocarriles también aumentaron ya que en 2018 habían desaparecido, mientras que en 2019 causaron el 0,81% del total, lo que supone el porcentaje más alto del último lustro.
Capítulo aparte merecen los fuegos intencionados donde hubo dolo. Entre ellos, casi la mitad, el 46,15% fueron causados por pirómanos.
También, como segunda causa figuran los incendios causados por prácticas tradicionales inadecuadas, tales como quema de vegetación para pastos, y aunque en 2019 el porcentaje descendió visiblemente respecto a años anteriores se alcanzó un 20,77%, frente al 31,46% de 2018.
Asimismo, la Fiscalía destaca que en 2019 también incrementaron «sensiblemente» los incendios causados para «producir daños a terceros», bien sea por venganzas o por actos vandálicos. De hecho, 2019 ha sido el año con más porcentaje de estos en los últimos cinco años, con un 16,15%. Respecto a los incendios relacionados con la actividad de la caza se mantuvieron igual que en 2018, cuando no se contabilizó ninguno.
En todos ellos fallecieron tres personas ajenas a los servicios de extinción, las tres fuera del periodo estival y otras 17 personas resultaron heridas.
Vertederos, barbacoas y líneas eléctricas: alto riesgo


La Memoria de la Fiscalía recuerda que vertederos y líneas eléctricas son algunas de las causas de riesgo de incendio forestal y destaca que durante el año 2019 estos se redujeron «ligeramente».
En concreto, el resumen fiscal del año refleja que se ha reducido en un 4,24% el número de vertederos con riesgo y el número de líneas eléctricas con alto riesgo pasó de las 53 en 2018 a 49 en 2019, lo que supone un descenso del 7,55%.
Por el contrario las áreas recreativas con alto riesgo forestal crecieron «sensiblemente» ya que pasaron de 469 en 2018 a 493 en el ejercicio analizado, lo que porcentualmente supone un aumento del 5,12%.
En ese contexto, la Fiscalía de Medio Ambiente censó vertederos de alto riesgo de incendio que el año anterior en Asturias, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. Por el contrario, se redujeron en Andalucía Canarias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Así, destaca el esfuerzo de Andalucía en la que se pasó de 44 vertederos en 2018 a 37 en 2019.
La Fiscalía recuerda sobre las áreas recreativas que se debe ejercer una estricta obediencia en las restricciones de hogueras y barbacoas que «obliga a ejercer sobre las mismas especial atención» en verano. Así, afea a siete comunidades autónomas que en 2019 obtuvieron «peores resultados» que el año anterior. Se trata de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y Región de Murcia, donde creció el número de áreas recreativas con alto riesgo de incendio.
De estas destacan Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde más crecieron. Por su parte, únicamente Castilla-La Mancha y Galicia el riesgo fue inferior al año anterior, mientras en el resto quedaron igual.
Finalmente, respecto a las líneas eléctricas, el Ministerio Fiscal insiste en que su mantenimiento y buen estado es un «importante punto de atención y vigilancia, principalmente en la época estival» y apunta a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia donde hubo menos líneas eléctricas con alto riesgo que el año anterior y en particular se refiere a Castilla-La Mancha, donde pasaron de 4 a 1 en ese ejercicio.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha dedicado un apartado sobre la proliferación «relevante» de construcciones para eventos sociales y actividades similares en espacios naturales protegidos de algunas comunidades autónomas, que en los últimos años han sido objeto de difusión por las organizaciones ecologistas.
Ante esta situación, la Fiscalía ha urgido disponer de mayor información al respecto y se ha referido, en concreto, a un lugar ubicado en el término municipal de Colmenar Viejo -dentro del Parque Regional del Manzanares en la Comunidad de Madrid-, donde en la actualidad se seguirían realizando construcciones de estas características.