El recién presentado Libro Blanco de la electrocución en España destaca que, según estimaciones de asociaciones conservacionistas, entre 193.000 y 337.000 aves mueren al año electrocutadas en nuestro país, lo que se ha convertido en un grave problema de conservación
La vasta red eléctrica de nuestro país se ha convertido inevitablemente en una parte esencial de la vida de las aves, que utilizan sus distintas infraestructuras como posaderos, lugares de reposo e incluso como plataformas de anidamiento.
No obstante, lejos de tratarse de una adaptación positiva para las aves, estos animales han comenzado a parecer diversos contratiempos que, en la mayoría de los casos, se traducen en muertes por electrocución por apoyarse en las torres o por colisión contra los cables aéreos.
Según el recién presentado Libro Blanco de la electrocución en España, elaborado por GREFA, se trata de un verdadero problema de conservación para las aves de nuestro país. Organismos, como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitred) ha estimado que mueren electrocutadas anualmente 39.000 aves, de las que 33.000 serían rapaces, mientras que la Fundación de Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados ha calculado, en base a extrapolaciones, una mortalidad anual de entre 193.000 y 337.000 aves.
El informe señala que “tan solo se localizan a un 15% de los ejemplares afectados” y que entre los encontrados ya hay presencia de 75 especies.Las aves rapaces son las más afectadas ya que representan el 64% del total de aves electrocutadas, de las cuales el 7% están catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables.
Por ejemplo, 268 ejemplares encontrados muertos se han correspondido con águilas de Bonelli (Aquila fasciata), 211 con águilas imperiales (Aquila adalberti) y 316 con milanos reales (Milvus milvus), todas ellas en grave peligro.
“Las cifras registradas de aves afectadas en España y en otras muchas partes del mundo revelan la existencia de un grave problema de conservación, que ha despertado una enorme preocupación en los sectores públicos y privados relacionados con el transporte y la distribución de la energía, la justicia y la gestión de la biodiversidad, así como la ciudadanía y los investigadores”, se ha señalado en el Libro Blanco.
Resolver el problema
Dada la envergadura del problema, en los últimos años se ha puesto en marcha una campaña de corrección en las infraestructuras eléctricas para adaptarlas a este nuevo escenario, en base al Real Decreto 1432/2008 sobre corrección de tendidos eléctricos para avifauna.
Según el Libro Blanco, las principales medidas de corrección se centran en las modificaciones estructurales y el aislamiento, siendo esta última la más común debido a que es más barato, aunque su carácter temporal lo convierte en una medida menos eficiente que la modificación estructural, que comprometen menos la seguridad de la instalación y es permanente.
En cualquier caso, la pieza clave que pondrá fin al problema de la electrocución es la inversión económica porque, en general, “los agentes involucrados saben lo qué deben hacer y dónde”, pero para llevarlo a cabo “necesitan invertir grandes cantidades de dinero”. En este sentido, el Libro Blanco ha indicado que corregir cada apoyo implica una inversión que varía desde los 490 euros a 7.000.
Electrocución y cambio climático
Según un informe del Ministerio de Transición Ecológica del 2014, las interrupciones generadas por colisiones y electrocuciones de aves en tendidos inciden negativamente en la eficiencia del suministro eléctrico e incrementan las emisiones de dióxido de carbono.
En los cálculos más favorables, las emisiones los trabajos de mantenimiento y cortes de suministro se estiman en 5.156 toneladas métricas de CO2 que suponen un coste de 750.000 euros anuales.
El corte de suministro, además, supone el desplazamiento de técnicos hasta el lugar de los hechos en vehículos de combustión interna, que pueden llegar a emitir unas 4.000 toneladas de dióxido de carbono.
Por otro lado, en la distribución de energía eléctrica se utilizan gases fluorados de efecto invernadero, en concreto el hexafluoruro de azufre (SF6), como aislante en interruptores, transformadores y torres eléctricas. Cada vez que se manipulan los sistemas de distribución que contienen SF6 debido a una incidencia o a una electrocución hay riesgo de liberación de este gas a la atmósfera.
“Los principales problemas de este gas son los siguientes: una vez liberado a la atmósfera, el SF6 es un agente intensificador del efecto invernadero, ya que tiene un potencial de calentamiento global y un tiempo de vida en la atmósfera muy elevado. Además, se trata del gas más contaminante de la atmósfera y uno de los causantes del efecto invernadero”, ha explicado el Libro Blanco.
“Este gas contamina unas 20.000 veces más que el CO2, es decir, que un kilogramo de SF6 equivale a 160.000 kilómetros en coche”, ha añadido
Desde 1996 hasta el 2017, en España se han invertido al menos 63,5 millones de euros principalmente por parte de las autoridades ambientales y las compañías eléctricas. Sin embargo, el problema persiste ya que, según el Libro Blanco, la inversión que se requiere en estos momentos es de, al menos, 755 millones de euros.
En este sentido, la investigación ha señalado que el Real Decreto 1432/2008 creó unas expectativas de financiación del Estado entre los sectores implicados en la corrección de tendidos que, con el paso del tiempo, se ha ido diluyendo debido a que no ha sido posible habilitar dicha financiación hasta diez años después.
Por este motivo, y por incoherencias en la legislación, el Libro Blanco ha destacado que sobre todo las empresas deben iniciar un cambio de paradigma en se busque otras fuentes de financiación, además de las públicas, para poder cumplir con las necesidades de inversión.
“Las empresas deben asumir que la financiación de las correcciones de tendidos no debe estar supeditado a la disponibilidad de fondos públicos”, han explicado.
«Estamos convencidos de que la información y las recomendaciones que aparecen en este Libro Blanco serán de gran utilidad para elaborar una nueva normativa más ambiciosa, que sustituya al real decreto vigente, que hoy es totalmente insuficiente dada la magnitud del problema», ha concluido Ernesto Álvarez, presidente de GREFA.
