La atribución de competencias entre los distintos gobiernos e instituciones se presenta actualmente como el principal problema que dificulta la adopción de un tratado sobre la alta mar, que se discute actualmente en Nueva York con el fin de proteger los océanos
Países de todo el mundo iniciaron el pasado día 15 en Nueva York la última ronda de negociación de cara un tratado internacional para proteger la alta mar. Las aguas consideradas «de alta mar» son las que se sitúan más allá de las aguas territoriales de cada país, y suponen dos tercios de la superficie de los océanos; en el mejor de los casos, los negociadores en esta quinta y última ronda aspiran a un instrumento que permita proteger un 30% de estas aguas oceánicas para 2030.
Sin embargo, las negociaciones, que concluyen el próximo día 26 están siendo complicadas. Rena Lee, que preside las negociaciones desde su inicio, dejó claro en la apertura de esta última ronda de negociaciones que va a hacer falta «creatividad» y «flexibilidad» para cerrar un acuerdo.
La atribución de competencias entre los distintos gobiernos e instituciones se presenta actualmente como el principal problema que dificulta la adopción de un tratado sobre la alta mar. Rena Lee dijo que el objetivo debe ser un pacto «justo, equilibrado, aplicable y que atraiga una implementación universal» y sigue animando a las partes a que la búsqueda de lo perfecto no arruine la posibilidad de un resultado positivo.
Por su parte, la preocupación de los grupos ecologistas se hace patente a medida que avanzan los días de negociación y temen un tratado descafeinado y que no vaya lo suficientemente lejos.
La sesión, que durará hasta el 26 de agosto, se convocó tras una decisión tomada por la Asamblea General en mayo. Se espera que sea la última de una serie puesta en marcha desde 2018 para redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en virtud de la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre la Ley del Mar sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de áreas fuera de la jurisdicción nacional, es decir, las aguas internacionales.
En una rueda de prensa celebrada en la ONU en paralelo a los trabajos de los negociadores, la embajadora de Belize, Janine Felson, que habló en nombre de los estados de la Comunidad del Caribe -con especial interés en la cuestión al ser todos estados isleños– dijo que el problema es cómo hacer del futuro acuerdo algo «coherente y complementario con otros órganos y entidades que ya existen».
Aclaró que no se trata necesariamente de conflictos, sino de que la toma de decisiones pueda tener efectividad y coherencia, sin pisar competencias de otros cuerpos o adaptándose a la legalidad existente.
Felson dio a entender que hay otra cuestión aún no cerrada, pese a que la ronda negociadora termina el próximo viernes, y es definir el proceso consultivo, es decir, «quién puede hacer una propuesta» en las áreas marítimas protegidas, y citó como posibles partes interesadas a pueblos indígenas u organismos regionales.
Más incluso, dijo que no está claro, pues sigue siendo objeto de discusión, «qué autoridad o institución» presidirá todo el proceso de propuestas y de toma de decisiones.
Por otra parte, Felson insistió en que el objetivo último de estas discusiones debe ser «democratizar la gobernanza de la alta mar» y hacer de todo ello un proceso lo más inclusivo posible.
En representación de la Alianza de la Alta Mar habló su «embajadora juvenil» Jihyun Lee, quien instó a los negociadores a trabajar por un texto que sea jurídicamente vinculante para enfrentar problemas como la sobrepesca y la contaminación marítima, que demuestran que el agua «pertenece a todos».
«Aún podemos hacerlo, pero necesitamos ambición por parte de los países, no tenemos tiempo que perder, no podemos salir (de la ronda negociadora) sin un tratado robusto», insistió en nombre de esta coalición de organizaciones no gubernamentales.
