Bruselas propone endurecer las penas por delitos ambientales

Bruselas propone endurecer las penas por delitos ambientales

La Comisión Europea quiere que los delitos ambientales en la Unión Europea se castiguen con penas de hasta diez años de cárcel, multas más altas y sanciones administrativas como la exclusión de licitaciones públicas o la retirada de permisos


El impacto de los delitos ambientales sobre la naturaleza en Europa y el mundo se manifiesta en niveles crecientes de contaminación, degradación de la vida silvestre, reducción de la biodiversidad y alteración del equilibrio ecológico. Y es que los delitos contra el medio ambiente son muy lucrativos e incluso pueden ser tan rentables como el tráfico ilegal de drogas, pero las sanciones son mucho más bajas y se procesan con menos frecuencia, haciéndolos más atractivos para los grupos del crimen organizado. Para atajar el problema, la Comisión Europea ha propuesto este miércoles castigar este tipo de crímenes con penas de hasta diez años de cárcel, multas más altas y sanciones administrativas como la exclusión de licitaciones públicas o la retirada de permisos.

Así lo recoge la nueva directiva presentada por el Ejecutivo comunitario, con la que buscará combatir desde el ámbito penal delitos como el vertido ilegal de deshechos, la extracción ilegal de agua o el tráfico con especies protegidas, entre otros. «Hay muy pocos incentivos para cumplir la ley. Queremos cambiar esto proponiendo una directiva (…) que significará sanciones mucho más fuertes para personas y empresas», ha explicado el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en una rueda de prensa para presentar la directiva.

Los delitos ambientales, subrayó, «pueden causar daños irreversibles a los ecosistemas y la salud de la gente», suponen la «cuarta mayor actividad criminal en el mundo» y «crecen un cinco por ciento cada año». Con la nueva directiva, Bruselas quiere que los Estados de la UE introduzcan un «mínimo denominador común» para las sanciones ligadas a estos delitos y, en particular, que cuando provoquen o puedan causar la muerte o lesiones serias a las personas sean castigados con penas de prisión de un máximo de diez años. Es más: aún cuando no exista este riesgo personal, plantea penas de cárcel de hasta seis o tres años, en función del delito.

Por otro lado, penadas con un máximo de seis años de prisión estarían conductas como la contaminación grave del suelo o agua, el vertido ilegal de deshechos peligrosos, la fabricación o tratamiento de materiales radiactivos que dañen al medioambiente o la producción y comercialización de gases fluorados, entre otros. Y hasta con tres años de cárcel se castigarían delitos como la extracción de agua ilegal, el comercio ilegal de madera, la destrucción de especies protegidas o su comercialización, según la directiva.

Además, si estos delitos ambientales los comenten empresas, se enfrentarían además a una multa de hasta el 5% de su facturación global anual en el primer caso y de un máximo del 3% en el segundo, umbrales «sustancialmente más altos» que los actuales, según la Comisión. En este sentido, Bruselas propone introducir otro tipo de sanciones adicionales para personas jurídicas, como excluir a los implicados de las licitaciones públicas o retirarles los permisos y cualificaciones, así como exigir que se restaure el daño causado al medio ambiente. «Algunas veces estas sanciones accesorias son más efectivas que las sanciones financieras, especialmente para las personas legales», defendió el comisario.

Legislar para clarificar

Si bien las decisiones estarán al final en manos de los tribunales nacionales, la directiva busca dar «claridad» y hacer más efectiva la persecución de estos delitos, explicó.En este sentido, además de clarificar los delitos ya legislados, Bruselas propone incluir nuevas categorías, en concreto, el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua o el vertido de sustancias contaminantes desde barcos. También pasarían a la lista de delitos penales las violaciones graves de las legislaciones en materia de sustancias químicas, uso de gases fluorados de efecto invernadero o especies invasoras, así como saltarse las exigencias de hacer estudios de impacto ambiental antes de acometer un proyecto.

La propuesta también tiene como objetivo hacer más eficaces las investigaciones y los procesos penales pertinentes y brindará apoyo a los inspectores, la policía, los fiscales y los jueces mediante capacitación, herramientas de investigación, coordinación y cooperación, así como una mejor recopilación de datos y estadísticas. La Comisión propone que cada Estado miembro desarrolle estrategias nacionales que garanticen un enfoque coherente en todos los niveles de ejecución y la disponibilidad de los recursos necesarios.

contaminación cero
Uno de los objetivos de la UE es mejorar la calidad de ríos, mares y acuíferos reduciendo los vertidos en al menos un 50%.

Eso sí, la propuesta ayudará también a la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos. Los delitos ambientales a menudo afectan a varios países (por ejemplo, el tráfico ilícito de vida silvestre) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, en el caso de la contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo). «Las autoridades policiales y judiciales solo pueden abordar estos delitos cuando trabajan juntas a través de las fronteras», ha apuntado el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Por último, Bruselas pide a los Estados que tomen medidas para proteger y ayudar a quienes informen de este tipo de delitos o colaboren en las investigaciones. «Con frecuencia los defensores del medio ambiente afronta considerables riesgos personales, incluso en Europa. Puede ser acoso, intimidación física o incluso asesinato«, subrayó Sinkevicius. La propuesta deberá, eso sí, ahora ser negociada entre los países y la Eurocámara.



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