En abril de 2018, Argelia aprobó de forma unilateral una ampliación de su soberanía marítima que extendía su jurisdicción hasta las 200 millas náuticas. Esto supone que parte de las aguas protegidas del Parque Nacional Marítimo-Terreste del Archipiélago de Cabrera, al sur de Baleares, quedarían bajo su presunta jurisdicción.
La medida fue aprobada hace casi dos años por el Gobierno argelino, pero no ha sido hasta esta semana cuando el asunto ha saltado a la luz pública al dirigir el Govern Balear un requerimiento al Gobierno central para que explique la respuesta que España ha dado o va a dar a la reclamación argelina.
La noticia ha causado un considerable revuelo mediático y ha generado titulares del estilo “Argelia invade las aguas de Cabrera”. La realidad es por el momento más sosegada, ya que el movimiento argelino es una reclamación sin validez jurídica, si bien supone un pulso diplomático a España que dará que hablar en el futuro.
Según el derecho internacional, declaraciones unilaterales como la que ha presentado Argelia no tienen validez si no se llega a un acuerdo con el país afectado por esas pretensiones, explica a El Ágora el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense Felipe Sahagún.
Precisamente, explica el experto, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 estableció que los países pueden delimitar unilateralmente sus aguas territoriales de 12 millas náuticas y sus zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas si no chocan con los intereses de otros estados. En el caso de que esto sucediera, deberá negociarse de manera bilateral entre los países implicados cómo quedan esas delimitaciones. “En caso de no llegar a acuerdo es cuando habría que acudir a la justicia internacional”, explica Sahagún.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU actúa cuando existe desacuerdo entre dos estados sobre sus espacios marítimos exclusivos. Sin el visto bueno de este organismo la delimitación no es válida internacionalmente, aunque cualquier país puede decidir actuar unilateralmente.
El valor ecológico de Cabrera
Nuestro país va a tener que dar respuesta a una reclamación argelina que siembra incertidumbres sobre el futuro de unas de las joyas de la Corona de la naturaleza española.
La categoría de parque nacional es la de más alto rango entre las diversas figuras de protección del ordenamiento español. Solo existen 15 de ellos y el de Cabrera tiene la singularidad de ser el único que salvaguarda los ecosistemas marinos mediterráneos, abarcando el territorio del islote de Cabrera, de unas 1.000 hectáreas, y una considerable superficie marina de 89.000 hectáreas.
Cabrera no es sólo una de las zonas mejor conservadas del Mediterráneo sino que, además, debido a sus singulares condiciones biogeográficas, alberga hábitats marinos exclusivos y es zona de paso importante para cetáceos, aves marinas y otros organismos en delicado estado de conservación.
El impacto ambiental sobre el mar
Hay que tener en cuenta además la contaminación sonora generada por las prospecciones y la actividad industrial. La fauna marina es muy sensible al ruido y hay múltiples estudios que prueban el grave impacto que las prospecciones submarinas producen en los cetáceos.
La exploración geológica emplea sistemas de sonar para mapear los estratos, y esta tecnología interfiere en el sistema de ecolocación de ballenas, zifios, delfines y otros cetáceos, que se desorientan y pueden sufrir daños irreversibles en sus órganos internos por la exposición a ondas infrasónicas de alta potencia para los que no están preparados.
A pesar de su valor biológico y paisajístico, hace tiempo que la sombra de la explotación industrial pende sobre las aguas del sur de Baleares. En los últimos años han proliferado los proyectos para la exploración de yacimientos de hidrocarburos en la zona, que han generado el rechazo de organizaciones ecologistas, movimientos ciudadanos y del propio Gobierno autonómico de la socialista Francina Armengol. El consejero de Medio Ambiente balear, Miquel Mir, señalaba esta semana su “preocupación” por la posibilidad de que el decreto unilateral por parte argelina «abra la puerta» a nuevas prospecciones petrolíferas, expresando su “firme oposición a esa clase de proyectos”.
Sin embargo, las pretensiones de Argelia, una potencia gasística mundial, son diáfanas y van orientadas a redoblar la actividad extractiva en el Mediterráneo. El gobierno norteafricano ha dejado claro que su interés es ampliar las explotaciones en el ámbito marino. El decreto aprobado en 2018 por el entonces presidente Abdelaziz Buteflika indicaba claramente que Argelia ampliaba su Zona Económica Exclusiva para ejercer derechos soberanos en materia de exploración y uso de recursos.
Por su parte, España ya declaró hace años como Zona Económica Exclusiva todas las aguas que rodean a las Islas Baleares y, además, ha blindado con la protección más alta las aguas al sur de Cabrera. El conflicto diplomático, por tanto, está servido.
La ministra visitará Argelia
España tendrá bien pronto la oportunidad de tratar el tema con Argelia. Precisamente, este miércoles 25 de febrero la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, comienza una visita de Estado a Argelia, con lo que la disputa por las aguas jurisdiccionales estará en la agenda del encuentro.
Esta misma semana, la responsable de Exteriores ya avanzaba que por parte de Argelia solo hay hasta el momento “pretensiones” y que España no está de acuerdo con ellas. “Lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado», declaraba la ministra el pasado miércoles. En ese sentido, pidió tener «cuidado» con el uso de expresiones como «se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido». La ministra también aclaró que España ya respondió hace dos años a Argelia, expresando el desacuerdo, pero que ambos países todavía no han iniciado negociaciones sobre la cuestión.
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La visita de Estado llega en un momento de extrema inestabilidad en Argelia. El país vive una crisis económica galopante y, el año pasado, las revueltas sociales llevaron a la caída de Buteflika tras 20 años en el poder. Por su parte, España tiene gran interés en mantener buenas relaciones con el país norteafricano, pues importamos de allí casi la mitad del gas que consumimos.
Proyectos gasísticos en marcha
La decisión del gobierno argelino de ampliar su Zona Económica Exclusiva hasta las 200 millas náuticas se produjo dos meses antes de que la empresa española Gas Natural y la compañía estatal de hidrocarburos argelinos Sonatrach anunciaran la ampliación hasta 2030 del acuerdo de explotación y suministro de gas que expiraba en 2021.
También hay negociaciones con otras multinacionales petroleras y gasísticas como la italiana ENI para explotar recursos de gas esquisto al sur de Argelia, según informa Efe. Se trata de un proyecto que levanta protestas por el impacto ambiental que acarrea la extracción de estas fuentes no convencionales de hidrocarburos. Precisamente, a finales del pasado año, días antes de la elección del nuevo presidente, Abdelmejid Tebboun, el Parlamento argelino aprobó la nueva ley energética que permite y facilita la explotación de estos recursos.
En Baleares también está resultando polémico el proyecto MEDSALT-2, que lleva a cabo el Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale italiano y que consiste en una exploración científica para estudiar los estratos salinos de hace millones de años que subyacen bajo el fondo del Mediterráneo.
El MEDSALT-2 se trata de un proyecto de ciencia básica. Sin embargo, al emplear las mismas técnicas que las prospecciones petrolíferas, los datos obtenidos pueden ser útiles para las compañías que extraen hidrocarburos. Teniendo en cuenta la oposición del gobierno balear y de amplios sectores sociales a la explotación del subsuelo marino, el proyecto italiano es visto con suspicacia. La aspiración de Argelia, una potencia en explotación de gas, a tener control sobre las aguas al sur de Baleares sólo contribuye a aumentar la preocupación sobre el futuro de los fondos marinos del archipiélago.
