Asociaciones ecologistas demandan al Gobierno por "inacción climática"

Asociaciones ecologistas demandan al Gobierno por “inacción climática”

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por inacción e incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática


La vía judicial gana enteros en el activismo climático. Si hace poco se daba a conocer que seis jóvenes portugueses habían demandado a todos los países europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no actuar contra la crisis climática, ahora han sido tres asociaciones ecologistas españolas las que han dado el incierto paso hacia adelante. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España, con el objetivo de forzar recortes más duros de las emisiones de gases de efecto invernadero que los que han sido propuestos hasta ahora. La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá dirimir si el retraso del Gobierno a la hora de aprobar formalmente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a Largo Plazo afecta al cumplimento de las obligaciones españolas en Europa.

“Consideramos que prevenir los peores efectos del cambio climático es un imperativo y aunque los esfuerzos del actual Gobierno de España van en la buena dirección y los valoramos positivamente, hemos de reconocer que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París”, ha asegurado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.

Y eso que, según las organizaciones ecologistas que han presentado el recurso, este es un “día importante” al que les gustaría “no haber llegado”. La primera acción judicial climática en España se centra en que tanto el PNIEC como la Estrategia a Largo Plazo, que ya han sido enviados a Bruselas para cumplir con las directrices de la Comisión, deberían haber sido ya aprobados en Consejo de Ministros y estar en vigor para estar al día con la normativa europea. El plazo para presentar estos planes expiró el 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 respectivamente, pero las organizaciones ecologistas no se quedan solo en una mera cuestión formal.

Los tres grupos han explicado que con este primer pleito climático contra el Estado, quieren demostrar también que el Gobierno “vulnera” los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para no superar los 1,5 grados, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no debería ser inferior al 55 % en 2030 -respecto a 1990- y al cero neto en 2040. En España, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo de lo que estipula el referido compromiso internacional.

Durante el reparto para cumplir con la reducción de emisiones recogidas en el Protocolo de Kioto, a España se le permitió un incremento del 15% respecto a las de 1990, en lugar de reducirlas como a la mayoría de Estados de la Unión Europea. Sin embargo, lejos de respetar ese límite, España ha incrementado sus emisiones, y solo el impacto de la posterior crisis económica redujo las emisiones hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta hoy. “No bastan las palabras, es el momento de actuar, la ley nos ampara y la política no nos puede fallar una vez más”, ha incidido Rodríguez.

Los líderes de Greenpeace y Ecologistas en Acción han admitido que este Ejecutivo ya ha empezado a ir “en la dirección correcta” en materia de lucha contra el cambio climático, aunque lamentan que eso no significa que los pasos sean “suficientes”, en su opinión. “Este Gobierno hereda la inacción y la falta de compromiso de los anteriores gobiernos, pero nuestra obligación es poner estos litigios cuando se puede y le hemos dicho ya en todos los foros que le faltaba ambición”, ha asegurado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que aún así afirma también que “este Gobierno es el más ambicioso que hemos tenido hasta ahora”.

Demandas en todo el mundo

La abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta ha subrayado en la presentación de este martes que las demandas de esta naturaleza están proliferando en todo el mundo por la “inactividad y pasividad de los Gobiernos ante el mayor reto de la civilización”. De hecho, la ONG tiene contabilizadas demandas de este tipo en 39 países, todas dirigidas contra Gobiernos por inacción frente al cambio climático. “A los ciudadanos no nos queda más que acudir esta vía para obligar a los Estados a cumplir”, lamenta Ruiz-Huerta.

La vía se ha demostrado útil en otros países: el pasado diciembre, en Holanda, el Tribunal Supremo dio la razón la razón a una plataforma ciudadana ecologista que llevó al Estado a los tribunales, por no reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero, como el CO2, en al menos un 25 % para 2020 en comparación con los registros de 1990. Y muy recientemente, en Irlanda, el Tribunal Supremo ha obligado al Ejecutivo a presentar un plan climático más ambicioso.

Ruiz-Huerta ha admitido en la rueda de prensa que es complicado que la demanda acabe derivando en una sentencia condenatoria contra el Gobierno, porque en España el sistema judicial deja menos espacio para “la creatividad de los jueces” que en los países en los que las asociaciones ecologistas han ganado este tipo de litigios como Irlanda o Países Bajos. “Pero esto también es una forma de presión ciudadana y este tipo de litigios acabarán triunfando algún día”, afirma la abogada de Greenpeace.



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