El 31 de enero, el Reino Unido sale formalmente de la Unión Europea. Aunque ahora se abre un periodo de negociaciones en los que se deberá definir la relación futura entre Bruselas y Londres, el Brexit podría tener un impacto en las políticas ambientales de las islas
Cuatro años después, el Brexit es una realidad. A las 12 de la noche de este viernes -una hora antes en Londres- el Reino Unido abandonará formalmente la Unión Europea tras muchos meses de idas y venidas. A partir de mañana, los británicos no estarán dentro de ninguna institución o agencia europea, aunque aún queda mucho por negociar: desde el estatus de los ciudadanos residentes en otros países hasta la homologación de cientos de normativas europeas para volver a establecer vínculos comerciales. Sin embargo, está muy poco claro cómo puede afectar el Brexit a la política ambiental británica, fuertemente interconectada con los reglamentos de Bruselas, en un año en la que la escocesa Glasgow será la sede de la COP26.
Hay que tener en cuenta que la protección del medio ambiente se ha reforzado mucho en las últimas décadas gracias a las directivas europeas sobre todo tipo de temáticas relacionadas con la sostenibilidad y que los estados miembro están obligados a transponer a su ordenamiento jurídico. Hasta ahora, el Reino Unido seguía fielmente las indicaciones europeas en estas cuestiones que, de hecho, ellos mismos han ayudado a impulsar.
Para los proyectos de economía sostenible en la islas británicos, los impactos inmediatos son difíciles de prever, pero el recién elegido Gobierno conservador de Boris Johnson ha estado trabajando contra reloj para establecer marcos legislativos que mantengan la legislación verde existente. Pero hay un riesgo poco visible: cómo podrían afectar los nuevos acuerdos comerciales que firme el Reino Unido con terceros países.
Algunos informes alertan de los peligros de firmar tratados de libre comercio con países como Australia o Estados Unidos, cuyas legislaciones ambientales, sobre todo desde la llegada al poder de presidentes negacionistas como Donald Trump y Scott Morrison, son bastante más laxas que las europeas. De hecho, recientemente, el líder norteamericano ha rebajado la protección de las aguas continentales en EEUU, mientras que su homólogo australiano ha sido fuertemente criticado por desvincular la epidemia de incendios del calentamiento global.
Sin embargo, por las declaraciones hechas en las últimas semanas tanto por Johnson como por los principales líderes comunitarios, parece que acordar un pacto comercial con la UE es posiblemente la principal prioridad de los británicos, lo que significa que el Reino Unido tendrá que adherirse por fuerza al sólido historial de Bruselas en materia de legislación ambiental. De hecho, gran parte de las normas ambientales europeas seguirán rigiendo en Gran Bretaña, por lo menos a corto plazo, ya que se encuentran dentro del acuerdo de retirada ya firmado y aprobado.
Es decir que, en cualquier caso, aunque con el Brexit los británicos se saldrán de las grandes leyes europeas como la PAC o los acuerdos de Pesca, si quieren mantener sus vínculos comerciales con Europa tendrán que seguir con el mismo sistema regulatorio en materia ambiental que había hasta el momento. Esto requeriría que el Reino Unido cumpla con los estándares de la UE sobre políticas ambientales como parte de un acuerdo comercial, pero los británicos no tiene la obligación legal de mantener esos estándares actuales si no se llega a ningún pacto.
Políticas y financiación
Tras ganar las elecciones el pasado diciembre, Boris Johnson hizo una promesa: «Queremos hacer que este país sea el más limpio y ecológico de la tierra, con el programa ambiental de mayor alcance … ustedes, la gente de este país, votaron por ser neutrales en carbono en esta elección, votaron por ser neutrales en carbono para 2050. Y así lo haré». Un compromiso claro con el medio ambiente que refuerza la imagen verde del Ejecutivo.
Por ahora, ya están listas dos leyes clave para sustituir a sus homológas europeas. El proyecto de ley de pesca que se ha presentado para reemplazar la Política Pesquera Común de la UE se centra principalmente en la sostenibilidad, al establecer que los stocks pesqueros no pueden explotarse más allá de los niveles considerados sostenibles, además de agregar medidas sobre «pesca climáticamente inteligente». Y el proyecto de ley de agricultura, cuyo borrador ya se conoce, confirma los planes del gobierno para recompensar a los agricultores que realicen mejoras ambientales y salvaguardar los estándares verdes después del Brexit.
En principio, estos proyectos de ley ponen al Reino Unido en el camino de continuar protegiendo y regenerando el medio ambiente natural y avanzar hacia su objetivo de emisiones netas cero para 2050, que será supervisado por una Oficina de Protección del Medio Ambiente (OEP) que se creará próximamente. Sin embargo, asociaciones ecologistas como Greenpeace y think tanks independientes como E3G alertan de que muchos de estos proyectos de ley y estrategias son en realidad aspiracionales, por lo que a pesar de las promesas se excluyen los mecanismos precisos y los planes que aseguran que se alcancen los objetivos.
En lo relativo a la financiación de proyectos verdes, el acuerdo de salida contempla que el Reino Unido continuará pagando el presupuesto de la UE durante la transición y, como resultado, las subvenciones europeas existentes continuarán siendo financiadas. Ya en 2016 se anunció que el gobierno garantizará que los proyectos de la UE continúen recibiendo fondos durante toda la vida del proyecto si se postulan con éxito en programas financiados por la UE antes de finales de 2020.
La gran prueba sobre las intenciones ambientales británicas llegará en diciembre de 2020, cuando al país le tocará liderar las negociaciones de la COP26, que tiene mucho trabajo por delante. Josh Burke, del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático Grantham, advierte en Euobserver que el Reino Unido «debe presentar nuevas políticas climáticas antes de la cumbre para reforzar su influencia política». «Será necesario ver que se está haciendo mucho más para combatir el cambio climático antes de la COP26», agregó Burke, quien cree que el Brexit ha sido una «seria distracción» para que Gran Bretaña logre avances en las políticas de mitigación del cambio climático.
