La Ley del Clima Europea establece como objetivo jurídicamente vinculante alcanzar la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, según recoge la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea y que será debatida mañana en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea



La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Ley del Clima que convierte en vinculante el objetivo de lograr cero emisiones en 2050 para los 27 Estados miembro.
La Ley del Clima Europea fija el objetivo para 2050 y la orientación de todas las políticas de la UE, además de ofrecer previsibilidad a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos.
La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado que con esta ley se pretende convertir a la UE en la primera región neutra desde el punto de vista del clima de aquí a 2050. “La Ley del Clima es la expresión jurídica de nuestro compromiso político y nos marca irreversiblemente la senda hacia un futuro más sostenible. Es el elemento central del Pacto Verde Europeo. Ofrece previsibilidad y transparencia a la industria y los inversores europeos, orienta nuestra estrategia de crecimiento ecológico y garantiza que la transición será gradual y justa».
El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado que con esta propuesta “pasamos de las palabras a los hechos a fin de demostrar a los ciudadanos europeos que vamos en serio al perseguir el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La Ley del Clima Europea es también un mensaje a nuestros socios internacionales de que este es el año en que juntos tenemos que aumentar nuestro nivel de ambición a escala mundial para alcanzar nuestros objetivos comunes en virtud del Acuerdo de París”.
En este sentido, si bien la propuesta no incluye marco financiero hay que remitirse a la presentación del Pacto Verde Europeo que pretendía movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027.
El Ejecutivo comunitario ha desoído la petición que doce Estados hicieron llegar ayer a la Comisión, entre ellos España, para ir más allá del Acuerdo de París y subir hasta el 50% de reducción de emisiones el objetivo marcado para 2030 que se queda en el 40%.
De momento, aplaza hasta septiembre si amplía o no la ambición para esta primera década ya que la modificación del objetivo para 2030 provocará cambios en otras normativas comunitarias, como la que fija las metas de cada Estado miembro para el final de la década, la que establece el funcionamiento del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y las correspondientes a los objetivos de eficiencia energética y peso de las energías renovables.
Lejos de alcanzar el objetivo
Con los cálculos de la Comisión, el bloque sólo reduciría un 60% sus emisiones para 2050 con las políticas vigentes, por lo que es necesario aumentar los esfuerzos para cumplir el objetivo marcado para mitad de siglo y, por tanto, con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
Para ello, Bruselas revisará la trayectoria cada cinco años, a partir de 2023, con la intención de analizar la «coherencia» de las medidas adoptadas tanto a nivel europeo como nacional.
Es en este contexto en el que las autoridades comunitarias podrán emitir «recomendaciones» a los Estados miembro que se estén quedando atrás en sus esfuerzos.
«Los Estados miembro estarán obligados a tener en cuenta estas recomendaciones o explicar su razonamiento si no las siguen», ha advertido la Comisión Europea.
Inversiones significativas sí, ¿pero con fondos UE?
En términos económicos, el Ejecutivo comunitario asegura que esta transición requerirá «inversiones significativas» y por eso presentó en enero su plan de inversiones verdes, con el que pretende movilizar un billón de euros durante esta década, y el Mecanismo de Transición Justa, para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.
En la actualidad, la UE destina el 2% de su PIB al sistema energético y este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 2,8%, lo que supone inversiones adicionales de entre 175.000 y 290.000 millones al año con respecto al escenario base.
Junto con las políticas y la reglamentación gubernamentales, todos los sectores de la sociedad y la economía deben desempeñar un papel en la transición hacia una Unión Europea climáticamente neutra.
Para lograrlo Bruselas también ha lanzado este miércoles los respectivos análisis de impacto sobre la creación de un impuesto al carbono en frontera y la futura revisión de la directiva sobre impuestos energéticos, con los que quiere impulsar la transición climática.
Este mecanismo, quizá, podría llegar a dotar de cierta protección en frontera a las producciones comunitarias, como un principio de preferencia europea asentado sobre la carbono neutralidad.
Además ha propuesto que 2021 sea el Año Europeo del Ferrocarril, para promover una movilidad sostenible.
La consulta pública sobre el nuevo Pacto Europeo sobre el Clima tendrá una duración de doce semanas. Este amplio período tiene como objetivo que los ciudadanos y las partes interesadas se hagan oír y participen en la formulación de nuevas acciones por el clima, favorecer el intercambio de información, la puesta en marcha de actividades de base y la presentación de soluciones que otros puedan seguir.
Las respuestas se utilizarán en la formulación del Pacto sobre el Clima que se pondrá en marcha antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2020 (CP26).