El verano de 2022 parece querer sugerirnos algo: que el cambio climático ya no se asoma por una estrecha rendija, sino que ha abierto la puerta y entrado en la habitación, y los muebles de la casa, nuestros bosques, nuestras aguas, nuestras ciudades, ya son presa de sus imparables efectos. Por ejemplo, en Estados Unidos.

California lleva una semana sumida en una cúpula de calor que ha batido todos los récords. En la capital, Sacramento, se han alcanzado los 46,6 grados centígrados. Sus habitantes se encerraron en casa, refugiados en el aire acondicionado. La vida se detuvo y las autoridades decretaron el nivel 3 de alerta debido a la inminencia de apagones. Les preocupaba que no hubiera electricidad suficiente para poner a raya al calor histórico, mientras los bosques ardían en ambos extremos del estado.

El pasado lunes 5 de septiembre, Día del Trabajo, 42 millones de estadounidenses se encontraban en alerta por exceso de calor. Sobre todo aquellos que vivían en toda la franja del oeste, desde Arizona en el sur a Oregón en el norte.

“La ley aprobada este julio movilizará 370.000 millones de dólares, la mayor inversión climática de la historia de EEUU”

Estas son precisamente las circunstancias que el Gobierno de Joe Biden resalta a la hora de promocionar sus medidas climáticas. La última, y una de las más ambiciosas, es la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), aprobada a finales de julio. Una ley de 370.000 millones de dólares, la mayor inversión climática de la historia de EEUU, que incluye incentivos fiscales para potenciar la energía solar y eólica y mejorar los mecanismos de captura del carbono, la creación de un “banco verde” y subsidios para reforzar las infraestructuras nacionales, entre otras medidas.

Sin embargo, Estados Unidos tiene una realidad política. Y esa realidad política, muchas veces, es más fuerte que la visión del Gobierno, de manera que los planes climáticos han pasado del mundo imaginario al mundo de la legislación: a duras penas y en versión aguada. A punto de alcanzar la mitad de su mandato, ya es seguro decir que la Administración Biden no podrá cumplir sus objetivos de reducir un 50% las emisiones contaminantes para 2030, sobre los niveles de 2005. Una de sus principales promesas de campaña.

“El IRA es una importante pieza legislativa: dedica mucho dinero a tecnología nueva y también invierte en proyectos para las comunidades que han sido ignoradas en el pasado”, dice a El Ágora David G. Victor, profesor de innovación y políticas públicas del Center for Global Transformation, en la Universidad de California San Diego. “Pero no conseguirá reducir las emisiones un 50% para 2030. Y dudo que la acción administrativa [decretos] lo pueda conseguir. Habrá más acción administrativa en energía eléctrica y economía del combustible, pero, incluso así, no será plausible llegar a ese 50%”.

Las políticas ambientales de Biden han tenido tres grandes obstáculos. Primero, el Congreso. Técnicamente, lo demócratas gozan de una mayoría justísima en el Senado, donde los 100 escaños se dividen a partes iguales entre ambos partidos. Pero la vicepresidenta del país, Kamala Harris, es, a la sazón, presidenta de la cámara. Así que su voto, si es necesario, puede romper ese empate.

El problema es que el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, es demócrata sobre el papel, pero representa a un estado republicano y carbonífero. Si Manchin sigue siendo elegido es por su consolidada reputación e influencia en Virginia Occidental, un estado en el que lo ha sido todo: delegado, senador estatal, secretario de Estado, gobernador y ahora senador federal. Pero hay cosas que Manchin no puede hacer. Por ejemplo, apoyar medidas ambientales que sus votantes perciben como una amenaza para sus industrias locales. Así que Manchin ha sido, fundamentalmente, quien ha obligado al Gobierno de Biden a congelar sus planes, reexaminarlos una y otra vez, y conformarse con una versión light.

El segundo obstáculo climático es el poder judicial; concretamente, el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces han sido elegidos por presidentes conservadores; y, tres de estos seis, dadas las circunstancias de jubilaciones y fallecimientos, por Donald Trump. El alto tribunal no es amigo de las regulaciones ni de los grandes y costosos proyectos estatales. Esto es América, dicen los jueces, y aquí se valora, sobre todo, la concatenación de egoísmos privados: una mano invisible que genera libertad, prosperidad y avances tecnológicos, y que resolverá cualquier desafío, incluido el climático, de manera descentralizada y natural.

A finales de junio, casi a la vez de la rescisión de la ley que protegía el derecho al aborto a nivel federal desde hacía medio siglo, los altos magistrados anulaban la capacidad de la EPA (siglas en inglés de Agencia de Protección Medioambiental) de poner topes estatales a las emisiones contaminantes del sector energético. Los jueces conservadores decidieron que esta autoridad, otorgada a la EPA por el entonces presidente Barack Obama, corresponde al Congreso, no al Gobierno. Mermaron así uno de los instrumentos más efectivos para reducir las emisiones y sentaron un precedente que podría a quitarle más colmillos, en el futuro, al poder ejecutivo.

Como resultado, el consenso es que Estados Unidos no podrá cumplir los objetivos anunciados por Biden, lo cual minaría, además, las pretensiones de liderazgo norteamericanas en la lucha climática. Si la primera potencia mundial no hace el esfuerzo necesario para lograr esta reducción, única manera, según las estimaciones, de evitar las peores consecuencias del calentamiento global, ¿por qué lo harían otros países? ¿Por qué lo harían China o la India o incluso los aliados europeos?

El tercer obstáculo de las medidas climáticas, del que, en cierto modo, emanan los dos primeros, es el estado de la opinión pública. Una reciente encuesta de Pew Research Center recoge que los estadounidenses están diametralmente divididos respecto a los planes climáticos de Biden. El 49% dice que estas políticas llevan al país “en la dirección correcta”. Casi la misma proporción, el 47%, dice exactamente lo contrario. Pese a que, en los últimos años, la sensibilidad climática ha aumentado entre los conservadores, las diferencias siguen siendo evidentes.

“Los estadounidenses están diametralmente divididos respecto a los planes climáticos de Biden”

“No hay mucho consenso bipartidista respecto al cambio climático”, dice el profesor Victor G. David. “El país está políticamente dividido en muchas cuestiones, y la mayoría de las actitudes hacia las políticas climáticas de Biden se explican mediante las actitudes hacia el propio Biden. Hay algo más de consenso en programas de gasto en infraestructura, que pueden ser dirigidos, en parte, hacia acciones beneficiosas para el clima. Pero la IRA ilustra que, incluso sin nada de bipartidismo, las acciones que el país puede emprender son bastante limitadas: muy centradas en desplegar tecnologías que ya son ampliamente conocidas y que no le imponen prácticamente ningún coste a la industria”.

Incluso así, el Gobierno federal de EEUU sigue teniendo notables recursos a su disposición. Por ejemplo, puede endurecer las regulaciones en el sector de los automóviles que funcionan con combustibles fósiles e incentivar, a la vez, la producción y compra de vehículos eléctricos. Los límites de la EPA se pueden centrar en otro agente contaminante, el metano, y siempre es posible, como apunta este análisis del New York Times, organizar las energías demócratas a nivel estatal, que es donde reside cada vez más poder debido a las decisiones judiciales conservadoras.

La agencia sin ánimo de lucro RMI, especializada en eficiencia energética, estima que el Gobierno estadounidense gastará cerca de 500.000 millones de dólares en la próxima década en tecnologías climáticas y energías limpias. El montante aproximado de la ley IRA y la ley CHIPS, aprobada el año pasado con el objetivo de reflotar las industrias manufactureras americanas, con acento en los sectores verdes.

Entre los frutos que pueden acabar dando estas políticas, dice el informe, están el desarrollo de baterías más sofisticadas y duraderas, y de paneles solares más eficientes. Desde principios de este siglo, la burocracia federal americana habría multiplicado por 15 su inversión en planes climáticos. Un rasgo claro, pese a los numerosos obstáculos, de hacia dónde se dirigen las prioridades oficiales.