La decisión de los votantes suizos de rechazar el plan climático de su país, a pesar del transversal apoyo político, supone un aviso sobre el peligro de los referéndums populares en una era de ‘fake news’ y autoengaño



Hace algo más de dos semanas saltaba por los aires una sorpresa que aún no hemos sido capaces de asimilar. Con el 51% de votos en contra, los suizos rechazaban en referéndum su nueva ley climática, que buscaba reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de aquí a 2030 con respecto a 1990, un objetivo alineado con lo establecido en el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. Y es que, a pesar de que la iniciativa gozaba del apoyo transversal de todo el arco político –a excepción de la ultraderecha–, la resistencia ciudadana a la introducción de tasas que pudieran encarecer los combustibles fósiles ha acabado siendo decisiva para que Suiza entierre, al menos por ahora, su ley climática.
Los expertos se han mostrado contundentes al respecto: cuando la desinformación campa a sus anchas, los riesgos que puede tener la democracia directa son de enorme calado, y este es un ejemplo más que revela los peligros ambientales que pueden llegar a tener este tipo de consultas.
“El pueblo suizo, al rechazar en referéndum una ley climática, nos enseña la importancia del autoengaño en la toma de decisiones y los riesgos de la democracia directa en un mundo afectado de infodemia, desinformación y bulos”, asegura con pesar Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y figura referencia en España en materia de sostenibilidad. Y es que, tal y como afirma el científico en su blog personal, la decisión de los suizos “es un preocupante ejemplo de como el ser humano cae en contradicciones al negarse a aceptar la realidad”, cuestionando así el sentido de la democracia directa especialmente en escenarios de desinformación.


En Suiza, esta situación de autoengaño y desinformación se ve claramente al analizar los datos anteriores al referéndum. Según diferentes encuestas, los partidarios de la ley climática tenían, antes de iniciar la consulta, una ventaja de entre 20 y 25 puntos porcentuales. Un margen muy amplio que, sumado a que sondeos recientes señalaban que más de la mitad de los suizos se declaraban “listos para repensar su estilo de vida para salvar el planeta”, hacía prever con claridad una victoria cómoda de los ambientalistas en el referéndum.
Nada más lejos de la realidad. En el definitivo voto popular pesó más el posible incremento de las tasas de la nueva ley climática en todo lo relacionado con los combustibles fósiles, como los viajes en coche, los billetes de avión para los vuelos que salen de Suiza, o la calefacción. Y eso que la iniciativa planteaba una fórmula para que el impacto de esas tasas fuera redistributivo: la mitad del dinero recogido iba a ser destinado a un Fondo para el Clima, que hubiese servido para incentivar a las inversiones, innovaciones y nuevas tecnologías favorables a la protección del clima.
Sin embargo, la multiplicación durante las semanas previas al referéndum de informaciones que exponían este probable aumento de costes para los hogares, espoleadas por el apoyo de asociaciones agrícolas y ciudadanas que criticaban el supuesto impacto de la medida en las clases populares, acabó por decantar la balanza. Tal y como apunta Imogen Foulkes, veterana analista de la BBC en Ginebra, “el rechazo de los votantes socava toda la estrategia de Suiza para cumplir con el Acuerdo de París y es un golpe devastador para los ambientalistas”. Según asegura, el motivo no es otro que el miedo a la crisis económica, ya que “los suizos, que tradicionalmente se enorgullecen de sus políticas ecológicas, están nerviosos por asumir riesgos económicos mientras el país se recupera de la pandemia”.
Desinformación climática
Esta idea de que la transición ecológica va a ser muy costosa y dañina para las clases populares es precisamente uno de los mayores mantras de los negacionistas y relativistas climáticos, que aprovechan el rechazo general de la población a cualquier política que pueda aumentar su coste de vida a corto plazo, aunque en el largo sea beneficioso para ellos. De hecho, está más que demostrado por diversos estudios que las consecuencias económicas del cambio climático serán mucho más desastrosas que los desajustes que se pueden sufrir en el periodo de transición. Es más, precisamente los más vulnerables son los que más se beneficiarían a nivel de ingresos de la transición real a la neutralidad climática.
Si la realidad científica es innegable, ¿por qué la desinformación climática sigue convenciendo a tanta gente, como muestra el reciente caso suizo? Según un estudio de la Universidad de Exeter, publicado en la revista científica WIREs Climate Change, esto se debe principalmente al auge de las redes sociales, una conclusión que también se desliza de recientes descalabros basados en la voluntad popular como el Brexit. Y es que el dominio de estas plataformas para el consumo de información, sumada a normas sociológicas, como la confianza que depositan las personas en sus familiares y amigos, puede llevar a auténticas “cámaras de eco” donde la desinformación campa a sus anchas y conduce a la polarización.
Otro factor que contribuye a extender esta desinformación climática es la forma en que las redes sociales promueven los contenidos mediante un «sesgo algorítmico» que amplifica el hallazgo psicológico de que las personas tienden a preferir consumir información que coincide con sus sistemas de creencias, lo que se conoce como «sesgo de confirmación». Además, las plataformas de redes sociales también son susceptibles a la existencia de actores con intereses contrarios al desarrollo sostenible que pueden producir y manipular contenido engañoso.
En el caso de Suiza, el hecho de que gran parte de la campaña contra el referéndum naciera de asociaciones y movimientos ciudadanos ayuda a explicar el fracaso de la ley climática, ya que mucha de la desinformación que se transmitía sobre las consecuencias negativas de las tasas sobre el carbono no se veía compensada con explicaciones sobre sus ventajas futuras. De hecho, según el estudio sobre desinformación climática, esta forma de contar medias verdades es una estrategia clave utilizada por los actores que difunden ese tipo de campañas, que en el fondo “solo buscan crear dudas en la mente de las personas, lo que lleva a lo que se ha descrito como una niebla paralizante de dudas sobre el cambio climático».
Un problema para las consultas
En cualquier caso, es importante señalar que Suiza tiene un sistema de democracia directa por el que cualquier iniciativa del público puede pasar a una votación nacional si cuenta con el apoyo de 100.000 firmas, mientras que los referendos sobre leyes acordadas por el parlamento también pueden iniciarse con 50.000 firmas. Este sistema apenas encuentra réplicas en el mundo actual, aunque en la última década partidos políticos de la denominada nueva izquierda han apostado fuerte por él, con resultados contradictorios, como demuestran los diferentes referéndums que organizó el presidente griego Alexis Tsipras en la primera mitad de los 2010, que acabaron siendo directamente ignorados cuando la Unión Europea así lo quiso.
En España, el principal abanderado de esta fórmula es Podemos, que en alguna ocasión la ha llevado a la práctica a nivel interno y municipal, aunque hay dudas sobre su posible traducción al nivel nacional por la baja participación, y por tanto, por la baja legitimidad que han tenido hasta el momento la mayoría de sus iniciativas, muchas de ellas centradas en la elección de cargos. Y es que, a la hora de decidir, la mayoría de los ciudadanos españoles prefiere delegar su capacidad en partidos políticos y actuar por tanto a través de sus representantes, como prueba una encuesta realizada por Metroscopia en 2016 y referenciada en El País.


“Siempre hay asimetrías de información y son más fuertes en la democracia directa que en la representativa porque ahí se delega la responsabilidad de informarse al representante”, explica en ese mismo artículo Jorge Galindo, investigador de la Esade y editor de Politikon, que asegura no saber siquiera si “es posible la democracia sin representación”. “¿Existe la democracia directa pura?”, añade Galindo. Una opinión que, llevada al terreno ambiental, comparte con Peter Burnell, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Warwick, que asegura en uno de los estudios más citados sobre democracia y cambio climático que “la democratización de las decisiones puede dificultar que los países se comprometan con la mitigación y la adaptación del cambio climático”.
Aunque el Gobierno de Suiza ha asegurado que no cejará en sus empeños climáticos y ya ha anunciado la redacción de una nueva ley, el proyecto ha vuelto a la casilla de salida y provocará que Suiza se quede atrás con respecto a sus vecinos europeos en los esfuerzos para alcanzar la neutralidad climática. Un paso atrás que supone una pérdida de tiempo que, como se encarga de recordar repetidamente Naciones Unidas, se está agotando, pero que, al menos, sirve para desvelar los peligros que plantea la democracia directa y las supuestas “decisiones ciudadanas” en un mundo dominado por la desinformación y el autoengaño.
