El CSN propone multar a Garoña por incumplir la protección radiológica

Los residuos nucleares siguen dando que hablar. Si esta semana se conocía que Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, ha aparcado definitivamente el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), apenas dos días después, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto abrir un expediente sancionador a la central de Garoña (Burgos) por incumplir la protección radiológica. Aunque las instalaciones, propiedad de Nuclenor, llevan sin producir energía desde 2012, la central está obligada a permanecer abierta para asegurar la correcta conservación de sus residuos de alta intensidad, que durante años sirvieron de combustible a su reactor.

Según ha explicado el organismo regulador en un comunicado, se ha incumplido de manera «reiterada» el manual de protección radiológica de la central nuclear que se encuentra en situación de cese de explotación. Un incumplimiento que quedó constatado en una inspección realizada en marzo del año pasado en el que se identificaron diversas desviaciones en el objetivo anual de dosis colectiva que no resultaban acordes con la planificación. La dosis colectiva, en radiología, indica la exposición a radiación ionizante que reciben los individuos que trabajan con residuos nucleares, aunque sea de forma secundaria, como los operarios de Garoña.

En este caso concreto, el CSN apunta que el objetivo anual de dosis colectiva de la central no se ajustaba a las responsabilidades del programa ALARA (acrónimo de los términos en inglés As Low As Reasonably Achievable), es decir, las exposiciones de los trabajadores no se mantenían tan bajas y alejadas de los límites fijados por el organismo regulador como fuera posible. Un riesgo en la planificación que además no se corrigió, ya que el CSN advierte de que «se constató que no se habían abierto registros en el programa de acciones correctoras para reconducir ese objetivo anual de dosis«.

A pesar de estos fallos que pueden acarrear sanción, se tratará en todo caso de una infracción leve puesto que la situación «no ha tenido repercusión en la seguridad de las personas, del medio ambiente o de la instalación». Aún así, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico deberá evaluar si existen o no antecedentes de sobreexposición a radiaciones ionizantes del personal trabajador y del público en los últimos dos años, así como los antecedentes de gestión de la seguridad en la actividad.

Del mismo modo, deberá analizar si Nuclenor ya incumplió advertencias previas, requerimientos o apercibimientos de las autoridades competentes, así como la falta de consideración de las comunicaciones del personal trabajador, de sus representantes legales o de terceros, relacionadas con la seguridad nuclear o la protección radiológica. También se valorará si el titular de Santa María de Garoña obtuvo beneficio como consecuencia de la infracción y si hubo o no intencionalidad o negligencia en la comisión de esta

Un problema enquistado

Las dificultades de Garoña para cumplir con sus responsabilidades en materia de residuos nucleares no es sino el síntoma de un problema mayor, el de la imposibilidad de construir un lugar para recentralizar la gestión de esta basura radioactiva: un ATC. España cuenta con siete reactores nucleares operativos, que almacenan sus propios residuos en sus piscinas o dentro de contenedores específicamente diseñados para refrigerar, confinar y mantener seguros estos elementos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), además de una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca).

Sin embargo, el país tiene ya una hoja de ruta definida para el apagón nuclear. Esto implica el cierre escalonado de las centrales que siguen activas, una clausura que en principio se producirá entre 2027 y 2035 según lo pactado entre las grandes compañías eléctricas y el Gobierno, aunque ha sido definido como un plan “flexible” y “orientativo”. Más allá del impacto que pueda tener esta decisión sobre la balanza energética o el coste que supondrá cerrar las centrales, plantea una urgencia añadida a la necesidad de tener un ATC.

Esto se debe a que todas las centrales que actualmente guardan sus propios residuos deberán seguir estando activas aunque no produzcan energía si no hay un almacén centralizado. En la central de Garoña, aunque no hay ninguna actividad enérgetica desde 2012, se sigue trabajando porque es necesario custodiar todos los residuos que continúan en la propia instalación, que de hecho ha retrasado ya dos veces su desmantelamiento ante la falta de avances con el ATC.

Esta situación se irá previsiblemente repitiendo con cada una de las centrales que cesen su actividad en la próxima década si no hay un acuerdo para centralizar el almacenamiento de residuos, porque derivarlos a Francia -lleva ya décadas guardando temporalmente los residuos procedentes del desmantelamiento de Vandellós I (Tarragona), una cesión que nos ha costado ya más de 200 millones de euros– y aumentar el coste del alquiler de sus silos no parece una opción.