La convención ciudadana sobre el clima acaba de presentar al presidente francés, Emmanuel Macron, su informe final después de varios meses de discusiones, una experiencia pionera que cristaliza en 149 propuestas para luchar contra la crisis climática



Participación ciudadana para frenar la crisis climática. Hace ocho meses, el Gobierno francés de Emmanuel Macron lanzó una iniciativa pionera: elegir a 150 personas por sorteo para que deliberaran sobre las medidas necesarias para contener el calentamiento global. Tras siete sesiones y muchas horas de discusión, la convención ciudadana sobre el clima ha entregado este domingo un informe de más de 600 páginas para «cambiar profundamente la sociedad». Un trabajo que Macron se ha comprometido a respetar y que podría implicar una modificación de la Constitución mediante referéndum.
El objetivo de esta convención no podría ser más amplio y complejo: proponer una serie de medidas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero galas en al menos un 40% para 2030 mientras se intenta lograr una mayor justicia social en la transición ecológica. De hecho, la asamblea fue en gran medida una respuesta política de Macron a las protestas de los «chalecos amarillos», cuya queja inicial fue una iniciativa del Gobierno para subir el precio a los carburantes, lo que afectaba sobre todo a los habitantes de pequeñas ciudades y pueblos donde el uso del automóvil es en muchas ocasiones imprescindible.
Por eso, el Gobierno decidió que el mejor camino hacia adelante era que este tipo de medidas tuvieran una mayor legitimidad a través de la participación. La convención ciudadana sobre el clima tiene en teoría la ventaja de presentar ideas y propuestas que reflejan en gran medida la estructura, la composición social y la distribución geográfica de los franceses de entre 16 y 80 años. Y uno de los grandes ejes en torno a los que se mueven las propuestas de la convención ciudadana es precisamente esa movilidad sostenible que detonó las protestas el año pasado.
Aún así, algunas de las propuestas en este área amenazan con causar tanta división como la subida de precio de los carburantes. Por ejemplo, la reducción de la velocidad en carretera de los 130 kilómetros por hora actuales a 110, fue finalmente aprobada con el 60% de los votos y ya ha provocado la ira de las asociaciones de automovilistas. Otro aspecto que puede provocar polémica es la propuesta de subir los impuestos a los vehículos más contaminantes. Pero también ha habido medidas que pueden concitar consenso, como el desarrollo de préstamos sin interés por parte del estado para financiar la compra de vehículos limpios.
En cualquier caso, la lógica general es la de limitar en la medida de los posible la circulación de los automóviles. Para ello, la convención ciudadana también pide una revisión del sistema de compensación de kilómetros del impuesto sobre la renta para favorecer a los automóviles que emiten menos gases de efecto invernadero y prohibir la circulación de los vehículos más contaminantes en los centros de las ciudades de forma permanente. Además, los 150 ciudadanos proponen la creación de más párkings periféricos en las ciudades que eviten la entrada de coches al centro y un aumento de la dotación del Fondo para bicicletas hasta alcanzar los 200 millones de euros por año, para alentar sobre todo la construcción de carriles reservados para ciclistas. Otra propuesta es la de reducir el IVA de los billetes de tren al 5,5%.
Modificar la Constitución
Entre las propuestas figura también someter a referéndum la inclusión de la lucha contra el cambio climático en la Carta Magna, que supondrían la creación de una «alta autoridad» jurídica independiente, responsable de hacer cumplir los «límites planetarios» considerados sostenibles para la supervivencia de la humanidad, como el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. También piden la creación de un delito de «ecocidio», que se inscribiría en la legislación francesa para sancionar los daños graves al medio ambiente.
La ministra de Transición Ecológica francesa, Elisabeth Borne, ha recibido las propuestas en nombre del Ejecutivo, agradeciendo la «ambición» de las mismas. «El Presidente de la República prepara una reconstrucción económica, ecológica y solidaria. Este trabajo estará en el corazón del proyecto «, ha explicado la ministra, asegurando que «no habrá tabúes» en el debate gubernamental.
Queda por ver ahora qué tipo de bienvenida dará Macron a todas estas propuestas en un contexto económico y social que gracias al coronavirus está lejos de ser favorable para la introducción de medidas drásticas. A pesar de que el presidente galo se comprometió a tener en cuenta las propuestas de este panel y afirmó que el contenido de la convención «se someterá sin filtro al voto del parlamento, al referéndum o a la aplicación reglamentaria directa«, ahora hay dudas sobre la ambición real de Macron en un contexto complidado. Eso sí, para garantizar que el gobierno se tome las propuestas en serio, los miembros de la convención han anunciado la creación de una asociación, llamada Les 150, que velará por la introducción de todas las medidas.


No será una tarea fácil. A parte del ya mencionado enfoque en la movilidad sostenible y las proposiciones para cambiar la Constitución y el orden jurídico para garantizar la lucha climática, el informe de la convención abarca todo tipo de áreas que se rigen por legislaciones muy distintas. Entre las medidas propuestas hay por ejemplo un control estricto de la publicidad, que permitiera limitar el número de carteles al aire libre y prohibir la publicidad de productos con una alta huella de carbono, como los grandes vehículos tipo SUV.
También se propone introducir fuertes impuestos a los alimentos ultraprocesados, además de prohibir las semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados), una mayor carga fiscal de los fertilizantes nitrogenados y la reducción a la mitad en 2030 del uso de pesticidas, que llevara a la prohibición de los más peligrosos para 2035. La lista también incluye la prohibición de terrazas con calefacción o la iluminación de tiendas por la noche. Por otro lado, se demanda un impuesto sobre los dividendos corporativos para financiar la transformación del tejido productivo francés.
