Deslocalización de emisiones, la trampa de la UE para conseguir ser sostenible

Deslocalización de emisiones, la trampa de la UE para conseguir ser sostenible

A pesar de que casi todos los países europeos han conseguido reducir sus emisiones de efecto invernadero, la realidad es que gran parte de ese CO2 se ha deslocalizado a países en desarrollo gracias a las cadenas de suministro globales


La Unión Europea lleva años erigiéndose en la gran valedora de la lucha contra el cambio climático a nivel global. Impulsada por el compromiso ambiental de Gobiernos como el alemán, el danés, el holandés o recientemente el español, la Comisión Europea ha impulsado en apenas un año compromisos clave para reducir sus emisiones de efecto invernadero como el Pacto Verde Europeo o el Plan de acción para la economía circular. Y el resultado de esta prioridad ambiental europea se está empezando a notar: solo en 2019, el conjunto de los 27 países miembro de la UE redujo sus emisiones en un 4,3% respecto al año anterior, según Eurostat.

Sin embargo, un estudio dirigido por el University College de Londres (UCL) y la Universidad de Tianjin, en China, parece indicar que los países desarrollados, incluyendo los europeos, están haciéndose trampas al solitario a la hora de hablar de emisiones. La investigación, publicada esta semana en Nature Climate Change, mapea las emisiones generadas por los activos y proveedores de multinacionales en el exterior, y encuentra que el flujo de inversión es típicamente de países desarrollados a países en desarrollo, lo que significa que las emisiones se subcontratan de hecho a las partes más pobres del mundo. En total, un quinto de todas las emisiones de carbono provienen de estas cadenas de suministro.

Esta deslocalización de las emisiones se produce sobre todo porque las grandes multinacionales están transfiriendo cada vez más inversiones de los países desarrollados a los países en desarrollo. Según explica el autor principal, el doctor Zengkai Zhang, de la Universidad de Tianjin, “esto tiene el efecto de reducir las emisiones de los países desarrollados al tiempo que coloca una mayor carga de emisiones en los países más pobres”. Es más, según su estudio, es probable que esta externalización “genere mayores emisiones en general, ya que la inversión se traslada a regiones más intensivas en carbono”.

Para solucionar esta consecuencia perversa de la globalización, los autores propusieron que las emisiones se asignen a los países de donde proviene la inversión, en lugar de a los países donde se generan las emisiones. Una decisión que, en Europa, necesitaría de un cambio normativo que debería recabar el consenso de todos los países. Pero, sobre todo, sería necesaria la colaboración de las principales empresas del mundo, que podrían ejercer liderazgo en materia de cambio climático exigiendo una mayor eficiencia energética en sus cadenas de suministro.

Eso sí, las bases para atajar este reto ya están dentro del Green New Deal, el programa con el que se pretende lograr la neutralidad climática en la UE, ya se incluye una medida llamada “mecanismo de ajuste de carbono en la frontera”, que ha suscitado algo de polémica por el impacto que podría tener en el comercio internacional. El mecanismo conllevaría la aplicación de gravámenes a las importaciones de productos que requieren grandes cantidades de energía, como el acero, el cemento o el aluminio, y que procedan de países cuyas políticas contra la emergencia climática sean menos exigentes que la europea.

¿Un problema de ambición?

Sin embargo, según apuntan María Ángeles Cadarso, Luis Antonio López Santiago y Mateo Ortiz, profesores de Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha, en un artículo publicado recientemente en The Conversation, la UE tiene un problema de ambición con la reducción de emisiones y tendrían que establecer medidas que reduzcan las emisiones incorporadas en el comercio internacional. Para estos académicos, resulta evidente que “las cadenas de producción están fragmentadas geográficamente y repartidas en diferentes puntos del planeta, y, por ello, la fabricación de un solo producto desencadena la emisión de CO2 en distintos países del mundo”.

De hecho, los autores aseguran que sus investigaciones, publicadas en el ICE, apuntan que en 2014, “de cada 100 toneladas de CO2 que eran emitidas a la atmósfera para producir todo lo que consumen los españoles, casi la mitad, 49 toneladas, se generaron fuera del país“. En ese año, el 75% de las emisiones incorporadas en las importaciones españolas fueron liberadas en países fuera de la UE, principalmente en China (20%), Rusia (6%), India (3%) y Estados Unidos (3%); mientras que dentro de la UE destacan las emisiones importadas desde Alemania (6%), Francia (4%) e Italia (3%).

Los números muestran que China es el lugar preferido para deslocalizar la cadena de producción, lo que signfica que gran parte de las emisiones también se transfieren al gigante asiático. De hecho, las emisiones chinas han aumentado en un 200% entre el comienzo del milenio y 2018, un espectacular crecimiento que se explica en parte por la importancia que ha cobrado el país comunista en las cadenas de valor globales, donde es ya el principal exportador de productos intermedios.

Cadarso, López Santiago y Ortiz afirman en su artículo que China “se ha convertido en un refugio de emisiones de España, no sólo por el tamaño de su economía, sino también por su alta dependencia energética del carbón, cuya combustión genera enormes cantidades de CO2“. Una realidad que es extrapolable al resto de potencias europeas: en Francia y Alemania, grandes empresas como Adidas o Renault han movido parte de sus cadenas de suministro a Asia, algo que mejora su saldo de emisiones.

En enero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de que “no tiene sentido que reduzcamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, si aumentamos la importación de CO2 del exterior” y propuso crear una tasa de carbono en frontera para los productos provenientes de países contaminantes. Lo único que falta, como en tantos otros retos europeos, es una verdadera voluntad política por parte de los países miembros.



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