La Ley de Cambio Climático no es una norma más. El proyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros aún tiene que superar un último obstáculo en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, pero el alcance y los objetivos de esta ley pionera en España implican un cambio de modelo socioambiental y energético con numerosas ramificaciones. Y es que el texto no solo abre la ruta para lograr la descarbonización de España de aquí a 2050, sino que afecta a múltiples sectores y supondrá cambios en la forma en la que nos movemos, generamos o consumimos la energía.
Medidas de adaptación, económicas, de política ambiental, transición justa… una legislación transversal que incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019. El objetivo es que España cumpla tanto con el Acuerdo de París como con los últimos compromisos avanzados por la Comisión Europea en su proyecto de Pacto Verde Europeo. Estas son algunas de las claves:
Alineados con Europa
La Ley entronca con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima (Acuerdo de París de 2015) que también «señalará el camino» para la recuperación económica post pandemia.
Además, el proyecto de Ley espera seguir el camino del borrador de Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), que según un informe publicado por la Fundación Europea para el Clima, es el único proyecto nacional que tiene suficiente ambición para cumplir con los indicadores climáticos que propone esta organización ambiental.
Reducción de emisiones
Entre los objetivos inmediatos, en apenas 10 años se deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto a las del año 1990, con la meta de la descarbonización en 2050. En un borrador anterior se recogía que a mitad de siglo, las emisiones se deberían reducir «al menos un 90% con respecto a 1990», pero la versión definitiva habla solo de «neutralidad climática» sin aportar cifras, un aspecto que en teoría será desarrollado en la Estrategia a Largo Plazo 2050, que aún se encuentra en fase de elaboración.
Para prácticamente todas las organizaciones ecologistas españolas, que han alabado en general que el proyecto de Ley de Cambio Climático siga adelante, este es el punto más conflictivo. Hay críticas a que esta ambición de reducción de gases de efecto invernadero es “insuficiente”. Lo ideal, según el tercer sector, sería una rebaja mínima del 55% en las emisiones de CO2 respecto a 1990.
Aún así, el texto impone que este y todos los grandes objetivos de la ley solo podrán revisarse al alza. Además, según explica Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y y presidente de la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, su formación y el PSOE han pactado ya que el objetivo de recorte subirá hasta el 23% durante la tramitación de la Ley en el Congreso.
Impulso de las energías limpias
Al final de esta década, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), que marca la senda entre 2021 y 2030 y plantea una trayectoria que permitirá duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42%.
La rehabilitación energética de edificios para lograr una mayor eficiencia es otro de los ejes de actuación en este apartado, una tarea para la que se necesitan amplios fondos. Por este motivo, la Ley prevé ampliar hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.
Movilidad sostenible
Uno de los aspectos de la Ley de Cambio Climático que previsiblemente va a tener más impacto en la vida diaria y las elecciones de consumo de muchos españoles. El texto fija, en consonancia con las políticas europeas, el año 2040 para eliminar de la circulación los vehículos que no sean de cero emisiones. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró en la presentactión del proyecto tras el Consejo de Ministros que se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluyendo una mayor inversión pública en las empresas del sector automovilístico, ayudas a la compra de coches sin emisiones y más apoyo a la investigación y desarrollo.
Otras medidas en materia de movilidad sostenible son la implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos y el impulso general de la movilidad sostenible mediante una mejora de las redes de transporte público, además de diversas acciones encaminadas a la reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo.
Ciudades más saludables
Los proyectos de bajas emisiones de las grandes ciudades, como Madrid Central o la zona de bajas emisiones Barcelona, se volverán obligatorios para todas las urbes de más de 50.000 habitantes. De aquí a 2030, todos estos consistorios deberán presentar planes que incluyan estas limitaciones al tráfico rodado, que estarán blindados retroactivamente mediante un informe preceptivo del Ministerio y la autoridad autonómica competente.
En esta línea, la Ley también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Además, se prevé la creación de iniciativas para extender el uso de la bicicleta entre la población, una estrategia que ya están impulsando varias ciudades para tratar de evitar la vuelta de la polución mientras se avanza en la desescalada.
Transición justa
La norma asume que esta transformación socioambiental y de modelo creará empleo, pero también tendrá impactos en sectores como la minería o el automóvil que pueden acarrear la pérdida de muchos puestos de trabajo, que además tienden a concentrase en regiones concretas. Para evitar que nadie se quede atrás, cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.
Para financiar estrategias de empleo y reconversión en las zonas más afectadas por la transición energética, el Gobierno contará con el Mecanismo para una Transición Justa, un fondo que forma parte del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y que movilizará al menos 100.000 millones de euros. El objetivo no es otro que proporcionar un apoyo adicional y específico a las regiones más afectadas por la transición hacia una economía climáticamente neutra y que tienen menos capacidad para hacer frente a sus desafíos.
Biocombustibles y biogás
La Ley de Cambio Climático contempla la aprobación de planes específicos para impulsar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.
En particular, la hoja de ruta de biogás pretende ser la herramienta que guíe y fomente el despliegue y desarrollo de este biocombustible en España, que se obtiene fundamentalmente de los residuos ganaderos y agroindustriales y los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Dado el papel relevante que puede jugar en la transición energética y, en particular, su capacidad para integrar la economía circular en la generación de energía renovable, el biogás puede ser uno de los elementos clave de esta Ley.
Adiós a las prospecciones de combustibles fósiles
El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica (fracking) en toda España. Es decir, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial.
Además, los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes «que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental» no podrán prorrogarse bajo ningún concepto más allá del 31 de diciembre de 2042. Por otro lado, se prevé la desinversión del sector público en participaciones o instrumentos financieros de entidades cuya actividad incluya la extracción o procesado de estos productos energéticos.
Adaptación
La Cuenca Mediterránea es una de las zonas más afectadas y más vulnerables de Europa por la crisis climática, que en España verá agudizados sus efectos. Por tanto, la Ley prevé mejorar tanto la educación y capacitación como el aumento de conocimiento sobre la materia. Además, se impulsarán nuevos perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad y frente al cambio climático.
En cualquier caso, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que actualmente se encuentra en fase de consulta pública, será el elemento básico para guiar esa adecuación a los impactos transfronterizos. Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima, por lo que este Plan será de suma importancia para el desempeño ecómico de España en los próximos años.
Financiación
La Ley de Cambio Climático prevé que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética. Sin embargo, la falta de concreción en los aspectos de financiación es uno de los puntos débiles de la nueva norma.
Aún así, la Ley prevé otra fuente de financiación: los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Según el proyecto actual, hasta un 30% de lo obtenido con estas ventas se podrá destinar a medidas con incidencia social, como paliar situaciones de injusticia provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada o reducir la vulnerabilidad de las zonas más afectadas por los impactos del cambio climático.
