El Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia climática en España con la intención de hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático y priorizar las políticas de descarbonización y sostenibilidad
La emergencia climática ya es una realidad en España. Tras los pasos dados por el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo, el Gobierno ha decidido este martes en Consejo de Ministros aprobar la declaración de emergencia climática. Una medida que en principio ayudará a impulsar la lucha contra el cambio climático en España, ya que servirá para priorizar las políticas de descarbonización y sostenibilidad en un contexto de urgencia.
«Es una apuesta estratégica para situar la transición ecológica como eje fundamental y transversal de la acción del Gobierno» ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero. Pero, tras el Consejo de Ministros, ha sido la propia vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la que ha defendido la necesidad de la medida.
Cargando ...Ribera ha citado tres razones principales para aprobar esta declaración. «La primera es la justicia, ya sea entre generaciones, entre territorios o entre diferentes rentas. También por futuro, porque estamos convencidos de que este país necesita actualizar sus prioridades e invertir en sostenibilidad. Y en tercer lugar por responsabilidad: no abordar este desafío sería extremedamente costoso en materia ambiental y social», ha explicado.
«Creemos que es fundamental no dejar a nadie atrás y abordar las dificultades de los colectivos vulnerables«, ha añadido, en referencia a los sectores que se pueden quedar atrás en la transición ecológica. La vicepresidenta ha resaltado que buscan alinearse con la ciencia y las instituciones internacionales, aunque sobre todo con los jóvenes, «que son los que más entienden y pueden sufrir» la emergencia climática.
Ribera ha avanzado que el hecho de que la emergencia climática se convierta en prioridad obliga a aprobar una Ley de Transición Ecológica «en los primeros 100 días de mandato», que vendrá acompañada de un «plan de choque inicial». En este lapso de tiempo, la vicepresidenta se ha comprometido a inaugurar un diálogo con los actores sociales e institucionales para consensuar una norma que «satisfaga a todos». Además, ha asegurado que se incluirá la transición ecológica en la acción de todos los sectores ya que esta declaración «debe inspirar todas las políticas públicas».
Un primer paso por el clima
Esta declaración viene con algunos meses de retraso, ya que la repetición de elecciones y la interinidad del Gobierno durante el último año ha retrasado la elaboración de la medida. De hecho, el pasado mes de septiembre, el Congreso ya instó al Ejecutivo a declarar la emergencia climática. El objetivo: arbitrar de forma urgente medidas de mitigación y adaptación ante la crisis climática y ecológica, aunque su contenido fue menos ambicioso de lo previsto debido a que el Gobierno no estaba todavía en plenas funciones.
La medida sigue la línea ‘verde’ que pretende instaurar el recién investido Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que hasta ahora se ha visto reflejada en la reorganización del organigrama ministerial y el ascenso de la Transición Ecológica al rango de vicepresidencia. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya enfatizó en su discurso de investidura que situaría la transición ecológica «en primera línea» del nuevo Ejecutivo.
Ahora, queda la parte a priori más complicada. Buscar consensos en un Congreso fragmentado para lograr la prometida aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «con objetivos ambiciosos» en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el Gobierno ya se ha comprometido en citas internacionales como la COP25 a alcanzar en 2050 el objetivo de la neutralidad climática, que consistiría en una generación de electricidad con origen 100% renovable.
A parte del Congreso y el Parlamento Europeo, que aprobó una declaración similar el pasado noviembre, varias ciudades y administraciones españolas han hecho gestos en el mismo sentido. Madrid declaró la emergencia climática a finales de diciembre, y a comienzos de este año le han seguido Barcelona, Valencia o el Parlamento de Canarias. Se suman a decenas de universidades y organizaciones no gubernamentales que han hecho lo propio. La emergencia climática –palabra del año para Oxford– empieza a dejar los círculos académicos para introducirse de lleno en la realidad política.
