El Gobierno lanza el primer proyecto de Ley de Cambio Climático en España

Otro paso más para que nazca la primera ley contra el cambio climático en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para remitirlo a las Cortes, donde deberá ser aprobado por los grupos parlamentarios. Una buena noticia para la lucha ambiental en una primavera en el que el coronavirus parece copar toda la actualidad, por mucho que el calentamiento global continúe y España sea una de las regiones más expuestas de Europa. Aun así, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, cree que el proyecto de ley llega en un momento en el que «por casualidad y por desgracia»  se debate «cuál es la España que se quiere reconstruir».

Aunque queda su tramitación parlamentaria, la aprobación del proyecto de ley supone un hito dentro de la hoja de ruta climática del Gobierno. Hace ya casi un año y tres meses de la presentación del primer borrador y entre medias ha habido tiempo para celebrar elecciones dos veces y para que una pandemia global trastocase cualquier predicción política o económica. Pero también, en ese tiempo, el texto ha podido pasar por un proceso de participación pública y revisión, con aportaciones de diversas instituciones, hasta llegar a la versión final que se aprueba este martes.

En cualquier caso, para Ribera, el terrible momento que pasan las sociedades de muchos países puede ser también una «oportunidad» para que este plan sea útil en el momento más oportuno. A su juicio, es necesario aprovechar el «gran potencial» que supone además para la economía y el empleo toda la «transformación» de las infraestructuras, del modelo industrial, de movilidad y consumo de energía para lograr unas ciudades y un modelo industrial, productivo, energético bajo en carbono.

«Tenemos que ser un país seguro, con bienestar social, que piense en el futuro de los jóvenes no dejándoles una hipoteca como la que hoy podemos percibir o identificar. Tenemos que conseguir un país neutro en emisiones en 2050 y esto nos genera un muchísimas oportunidades para la modernización económica y social«, ha asegurado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El proyecto de ley no está aislado dentro de la acción gubernamental: más bien al contrario. La nueva norma se apoya en distintos planes y estrategias que actualmente se encuentran en diferentes fases de tramitación. Por un lado, está el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, cuyo borrador fue presentado a principios de mes y está ahora mismo en consulta pública. Pero también tendrán un lugar central en la estrategia climática de España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fue remitido a la Comisión Europea en marzo, y la Estrategia a Largo Plazo 2050, en cuyo borrador aún trabaja el Gobierno.

De la movilidad a la energía

La propuesta de ley incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía. Los objetivos del plan son diversos y legislan desde la movilidad futura a las limiticiones en las emisiones o la transición de la energía, aunque también incluyen normativas concretas contra el fracking o instrumentos para mejorar la educación ambiental.

Las reacciones del sector ambiental han sido mixtas. Las ONG ambientales han expresado su alegría porque la esperada Ley de Cambio Climático esté más cerca que nunca de ser una realidad, pero también lamentan que la ambición de reducción de emisiones que plantea el proyecto de aquí a 2030 esté «muy lejos» de lo que recomienda la ONU.

Para el coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, el texto mantiene una ambición de reducción de gases de efecto invernadero «insuficiente» frente a una rebaja mínima del 55% en las emisiones de CO2 respecto a 1990 para 2030, que es lo que consideraría acorde al reto: ahora mismo, el plan contempla una reducción del 23%. En la misma línea, la responsable de la campaña de energía y cambio climático en Greenpeace, Tatiana Nuño, considera que la rebaja actual de emisiones prevista en el proyecto de ley está «muy lejos de llegar al objetivo»de Naciones Unidas.

También la responsable de energía y cambio climático de WWF, Mar Asunción, lamenta que la ley no es lo suficientemente ambiciosa, ni va en línea con lo que el IPCC y el Programa de Medio Ambiente de la ONU consideran necesario para atajar el cambio climático, aunque si considera que el momento de la presentación no podía ser más «oportuno». Una idea que comparte el director de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, que cree que en la tramitación parlamentaria deberá aprovecharse la comisión para la reconstrucción por la pandemia del coronavirus para «sentar las bases» de una nueva economía, algo «urgente y oportuno».

Por otro lado, la Fundación Renovables se ha felicitado por la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, «norma necesaria e imprescindible como guión de la transición energética«, pero ha lamentado «la falta de ambición» en sus objetivos. Todo lo contrario de lo expresado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), que ha celebrado la aprobación ya que representa «un paso más hacia la seguridad jurídica» del sector, que «está llamado a ser fundamental en la recuperación económica del país».

Un largo camino aún por delante

A pesar de esta reacción tibia del sector ambiental, lo cierto es que el proyecto de ley aún tiene que pasar por el Parlamento, donde para recabar consensos necesitará de posibles modulaciones propuestas por otros grupos. Según apuntaba Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión parlamentaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en un acto a comienzos de marzo, «lo deal sería que esta ley contara con el apoyo, por lo menos, del Partido Popular para garantizar su continuidad en caso de un cambio de gobierno«. Pero incluso eso parece complicado.

Para el Partido Popular (PP) esta ley «nace torcida y mal», pues no ha revisado el PNIEC en el contexto de la nueva situación económica, «por tanto si el diagnóstico es erróneo, las soluciones también lo son y el dictamen del Consejo de Estado –previo al anteproyecto- es de fecha 12 de marzo, es decir, pre estado de alarma». Así de duro se ha mostrado en declaraciones al medio digital Merca2 el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Juan Diego Requena.

Según los populares, su proyecto climático es otro. «En resumen, concebimos este proceso sobre la base del diálogo y el consenso, como una oportunidad de crecimiento, innovación y empleo, con una planificación rigurosa, y sin dejar a nadie atrás, que es justamente lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno y la vicepresidenta», ha asegurado el diputado popular.

La esperanza parece estar puesta en Ciudadanos, que aunque aún no se ha manifestado formalmente respecto al proyecto de ley, sí ha repetido en varias ocasiones su apuesta por una «transición inteligente», que respete las normas comunitarias y tenga como objetivo la neutralidad climática propuesta por la UE para 2050. 

En cualquier caso, el objetivo es tener aprobada la ley para finales de año, un propósito que resulta algo optimista teniendo en cuenta la situación actual provocada por la COVID-19, que tiene visos de bloquear la actividad parlamentaria sobre cualquier cosa no relacionada con la pandemia. El reto del Gobierno y Ribera será demostrar que esta ley es indispensable para dibujar esa reconstrucción que tantos sectores reclaman que sea, ante todo, verde.