La Ley de Cambio Climático incrementará un 1,8% el PIB hasta 2030

La Ley de Cambio Climático incrementará un 1,8% el PIB hasta 2030

El Gobierno calcula que la transición energética que promoverá la Ley de Cambio Climático una vez que sea aprobada por el poder legislativo, generará un incremento anual al Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.500 y 25.900 millones de euros de aquí a 2030


La Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede traducirse en crecimiento económico. Eso es al menos lo que espera el Gobierno, que este fin de semana ha publicado la memoria económica del proyecto de ley que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros. Una vez la nueva norma sea aprobada por el poder legislativo, el Ejecutivo calcula que generará un incremento anual del Producto Interior Bruto (PIB) de entre 15.500 y 25.900 millones de euros de aquí a 2030, gracias a las importantes transformaciones del modelo energético y de movilidad.

Se trata en total de un aumento de un 1,8% del PIB hasta 2030, que se ha calculado respecto a un escenario de tendencia sin las medidas que incluye la futura Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía. No obstante, la previsión económica de la hoja de ruta para que España alcance la neutralidad climática en 2050 es anterior a la pandemia del coronavirus, por lo que la dimensión de la crisis económica que termine provocando la COVID-19 podría alterar estas previsiones.

Aunque las aportaciones de los distintos ministerios y el dictamen del Consejo de Estado sean de fechas anteriores a la entrada en vigor del estado de alarma, el Gobierno calcula que la transición energética permitirá movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión entre 2021 y 2030, la mayor parte procedentes del sector privado. En ese escenario, el PIB se incrementaría como consecuencia de una “importante movilización inversora” y como resultado de las mejoras de eficiencia energética del conjunto de la economía.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia a la recién aprobada norma en su alocución televisiva del sábado, cuando compareció para informar sobre la última semana de estado de alarma. Sánchez recalcó que, hasta ahora, “hablábamos con frecuencia de la emergencia climática sin ser del todo conscientes de lo que significaba la palabra emergencia”. Para el presidente, la actual crisis provocada por la pandemia de coronavirus nos ha abierto los ojos respecto al hecho de “que una emergencia es un acontecimiento capaz de alterar por completo la vida del planeta y ocasionar daños colosales”.

De hecho, Sánchez tiene claro que la siguiente emergencia es la climática y “España quiere adelantarse” con la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que va a obligar al conjunto del país a “conseguir esa neutralidad climática que nos permita pertrecharnos de herramientas e instrumentos” para combatir y adaptarnos al calentamiento global.

Más empleo

Volviendo a la memoria económica del proyecto de ley, los cálculos de los distintos ministerios aseguran que, de aquí a 2030, el empleo neto aumentará entre 242.000 y 354.000 personas cada año. Este crecimiento en el mercado de trabajo se alimentará sobre todo de la creación de puestos en sectores de gran importancia dentro del proyecto normativo, como la instalación y mantenimiento de nuevos parques de energía renovable o la necesaria rehabilitación de edificios.

“Para que la transición hacia un modelo productivo más ecológico sea socialmente beneficiosa, en un país con altas tasas de desempleo como España, la misma debe ser motor de creación nuevos empleos dignos y de calidad. Esta importante activación económica generará un incremento anual de empleo entre 242.000 y 354.000 personas al año, de manera especial en los sectores de industria y construcción“, precisa el texto respecto al empleo.

Eso sí, Gobierno añade que la transición a una economía descarbonizada requerirá también de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. En cualquier caso, el objetivo es tener aprobada la ley para finales de año, un propósito que resulta algo optimista teniendo en cuenta la situación actual provocada por la COVID-19, que tiene visos de bloquear la actividad parlamentaria sobre cualquier cosa no relacionada con la pandemia.



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