El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) considera que es necesario aprovechar de mejor manera el impulso que representa el fin de la generación de energía de carbón en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se envió a Bruselas



La hoja de ruta para la descarbonización que España ha tenido que enviar a la Comisión Europea como parte del Pacto Verde Europeo no es lo suficientemente ambiciosa. Esa es la opinión del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una organización legal sin ánimo de lucro que ha participado en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan está llamado a ser uno de los pilares de la transición ecológica en España, pero los expertos de esta organización cosndieran que aún existe margen para que refleje una mayor ambición que permita situar a España en la senda hacia la descarbonización.
Según IIDMA, el mayor problema es la falta de claridad en el desarrollo de aspectos sobre energías renovables, sobre todo en áreas como el despliegue del autoconsumo y la biomasa. Sin una mayor concreción, es difícil que España pueda aprovechar de la mejor manera el impulso que representa el fin de la generación de energía con carbón. En cualquier caso, IIDMA también considera que la versión actualizada del PNIEC, remitida a la Comisión Europea el pasado 31 de marzo por Acuerdo del Consejo de Ministros, contiene importantes mejoras respecto a su anterior versión de febrero de 2019.
El nuevo PNIEC muestra que el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 continúa siendo de, al menos el 20% con respecto a 1990, como ya figuraba en el primer borrador del plan. No obstante, el nuevo borrador muestra que si se aplican las medidas previstas por el plan dicho objetivo de reducción de emisiones puede aumentar hasta el 23% con respecto a 1990, a diferencia del 21% que preveía el primer borrador.
«Si bien el objetivo del 20% de reducción de GEI parece estar alineado con la reducción de emisiones que prevé la Comisión Europea de entre el 50 y el 55% para 2030, consideramos que España puede apostar por una mayor ambición al fin de contribuir a que se logre mantener la temperatura muy por debajo del 1,5ºC, como ya ha alertado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Además, esta mayor ambición es posible teniendo en cuenta que las ayudas económicas previstas en el nuevo Plan de Recuperación Económica de la UE deben tener en cuenta el Pacto Verde Europeo” afirma Carlota Ruiz-Bautista, abogada ambiental de IIDMA.
Además, IIDMA reitera que la generación eléctrica prevista en el PNIEC a lo largo del periodo 2020-2030 con las centrales de ciclo combinado sigue siendo una fuente importante de contaminación y contribución al cambio climático. Teniendo en cuenta la penetración de energías renovables prevista a nivel nacional, y otros factores como el almacenamiento, el aumento de las interconexiones o la gestión activa de la demanda, es necesario que el PNIEC incluya medidas que contemplen la evaluación constante de la capacidad instalada necesaria de ciclos combinados con el fin de llevar a cabo su cierre progresivo y avanzar hacia la neutralidad de emisiones para 2050.
Evitar la conversión de las centrales de carbón
El PNIEC prevé una potencia eléctrica instalada a partir de biomasa renovable de 1.408 MW para 2030, lo que representa un aumento de 800 MW en los próximos 10 años. Esto se debe a que el PNIEC contempla que el uso de la biomasa se realice en “instalaciones que aprovechen al máximo el potencial energético de esta materia prima, como por ejemplo en generación de calor y en cogeneraciones de alta eficiencia, siendo desaconsejado su uso en generación eléctrica en centrales convencionales de medio o bajo rendimiento”.
Sin embargo, IIDMA recalca que es fundamental que en el proceso de descarbonización se eviten conversiones de centrales térmicas de carbón a centrales de biomasa -en particular biomasa forestal- así como los procesos de co-combustión, ya que el rendimiento de estas instalaciones resulta ser muy bajo e implicaría un aprovechamiento energético mucho menos eficiente del recurso.
Hay estudios científicos que cuestionan la neutralidad en carbono de la biomasa forestal, con lo que estas conversiones no solo conllevarían efectos ambientales negativos en términos de calidad del aire y salud humana -emisiones de partículas, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, como el mismo PNIEC reconoce-, sino también impactos relacionados con el cambio climático.Además, para impulsar la biomasa como energía renovable, el PNIEC señala que España precisa 1.600 toneladas equivalentes de petróleo al año adicionales para el incremento de generación eléctrica y un extra de 411 kilotoneladas equivalentes de petróleo al año para usos térmicos, procedentes en su mayoría de biomasa de origen forestal y agrícola. Con respecto al potencial de biomasa disponible en España, el PNIEC se basa en datos del Plan de Energías Renovables (2011-2020), datos que el IIDMA considera desactualizados, y afirma que España cuenta con disponibilidad de recursos de biomasa suficiente para cubrir el incremento de producción eléctrica y de calor con biomasa previsto para 2030.
“En vista de las previsiones que refleja el PNIEC para el aprovechamiento energético de la biomasa, consideramos fundamental que España no realice importaciones de nuevos recursos de biomasa (en particular de origen forestal) para fines eléctricos y térmicos en vista de los impactos climáticos y ambientales asociados, y que el aprovechamiento del recurso se lleve a cabo bajo estrictos parámetros de sostenibilidad”, afirma Alba Iranzo, abogada de IIDMA.
