La empresa pública Enresa ha cancelado la licitación de la obra principal del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), cuyo proyecto lleva ya casi una década en marcha. España sigue sin solución para los residuos de sus centrales nucleares
Se aleja de nuevo la posibilidad de que España cuente con un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para sus desechos nucleares. Enresa, la empresa pública encargada de estos residuos, ha decidido dar carpetazo esta semana a los procesos de licitación de cuatro proyectos de obra civil para construir esas instalaciones en Villar de Cañas (Cuenca). La lucha entre administraciones públicas y el cambio de Gobierno han ido retrasando la adjudicación de un proyecto que se gestó en 2011 para dar respuesta a un problema que se eterniza en España: la gestión de los residuos nucleares de alta intensidad, es decir, el combustible nuclear gastado que generan nuestras propias centrales.
Enresa justifica la decisión en que el proyecto inicial, cuyos contratos de obra civil se abrieron a licitación en 2015, ha sufrido «una importante reformulación fruto de la actividad de los órganos de control competentes”. Es decir, que lo proyectado no se corresponde con los objetivos actuales en materia de residuos nucleares. «Una vez finalizado el análisis de los aspectos tanto técnicos como jurídicos se ha concluido que, dada la obsolescencia del proyecto, la formalización de los contratos resultaría contraria al interés público», añade.
La adjudicación de la obra principal tenía un coste estimado de 218 millones de euros, a los que había que sumar otros tres contratos relacionados con los servicios técnicos, la supervisión y el suministro de la misma que ascendían a otros 28 millones. Ninguno de estos proyectos se llevará a cabo, según ha adelantado El País, lo que supone un clavo más en el ataúd del plan de construir el ATC en Cuenca.
El plan lleva ya casi una década en el alambre, y está formalmente paralizado desde que Pedro Sánchez llegara al poder en 2018, aunque la fuerte oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha y las polémicas respecto a su idoneidad habían dificultado el avance del proyecto en años anteriores. Mientras tanto, España está pagando casi 75.000 euros diarios a Francia para que guarde parte de nuestros residuos, que están también almacenados en cada una de las siete centrales nucleares que continúan activas en nuestro país.
Pero, ¿por qué está resultando casi imposible construir este almacén? ¿Qué hacemos exactamente con nuestros residuos nucleares?
¿Para qué sirve un ATC?
Un Almacén Temporal Centralizado es una instalación industrial para guardar en un único lugar con una gestión centralizada el combustible gastado en las centrales nucleares, que se considera como residuo radiactivo de alta actividad. Es solo un sitio de almacenaje, es decir, no se produce ningún tipo de energía y están autorizados para operar durante 60 años y diseñados para aguantar 100. Por tanto, tampoco es una solución definitiva, pero es la única posible hasta que la ciencia encuentre una manera de deshacerse de estos residuos de manera segura.
Actualmente, estos residuos de alta actividad -es decir, que permanecen radiactivos durante decenas de miles de años– son almacenados en las piscinas de las propias centrales nucleares, o en sus almacenes temporales en seco (ATI). Por otra parte, los de muy baja, baja y media actividad (como máquinas de radiografías o restos del desmantelamiento de centrales nucleares) son albergados de forma definitiva en el centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba).
¿Por qué Villar de Cañas?
En diciembre de 2011, nada más llegar el popular Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, se eligió el emplazamiento en Villar de Cañas como lugar definitivo para el ATC tras un proceso que llevaba en marcha siete años. La decisión de la ubicación del almacén nuclear generó enseguida un agitado debate político y social.
De hecho, el municipio conquense no figuraba entre las primeras opciones para alojar un ATC, pero se eligió por consenso entre el entonces Gobierno central y el de Castilla-La Mancha, presidido por el PP con María Dolores de Cospedal al frente.
¿En qué consistía el plan y por qué lleva una década paralizado?
El plan era construir un ATC para concentrar todos los residuos nucleares españoles en un solo sitio. Pero al proyecto de emplazamiento en Villar de Cañas se han opuesto siempre el PSOE y otros partidos políticos, además de organizaciones ecologistas, que lo tildaban de «cementerio nuclear». En 2015, al cambiar el Gobierno en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page actuó para paralizarlo, con un decreto que incluía los terrenos del ATC en una zona de especial protección ambiental. En 2017, dicha medida fue suspendida cautelarmente por el Supremo y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En medio de esta lucha de administraciones, se produjo el cambio de Gobierno con el triunfo de la moción de censura socialista en julio de 2018. El nuevo Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, decidió entonces paralizar el informe a la espera de analizar el panorama nuclear nacional completo.
¿Tiene alguna posibilidad de salir adelante?
Parece poco probable, al menos en su forma actual. Enresa explica que la decisión, que en todo caso deberá estar alineada con las previsiones que se recojan en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, tiene que venir del ministerio, que ya tiene en su poder el borrador de ese documento, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, Ribera tendrá que decidir dónde y cómo se construye el ATC.
Sin embargo, la propia ministra señaló en una reciente entrevista con El País que no ve “fácil que [el proyecto] sea recuperable en ninguna circunstancia” y abrió la puerta a “instalar uno, dos o tres emplazamientos” en una posible distribución “por regiones”.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya ha dado por finiquitado el plan. «Celebro que [Enresa] se haya dado por vencida y que el Ministerio haya puesto punto final a lo que era un despropósito para España y para Castilla-La Mancha, además de su alto riesgo, aunque con esto no hemos querido alarmar», ha lanzado Page. Una opinión que contrasta con la del alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz (PP), que asegura que «Enresa no ha dicho que vaya a paralizar el proyecto, sino que va a paralizar el concurso» y considera contra todo pronóstico que el proyecto «va viento en popa, porque el ATC se va a hacer en Villar de Cañas y no hay ningún problema».
¿Hay solución?
Sea o no en Villar de Cañas, España tiene que encontrar una solución a su problema con los residuos nucleares, ya que hay siete centrales activas y seguirán funcionando en la próxima década. España cuenta con siete reactores nucleares operativos, que almacenan sus propios residuos en sus piscinas o dentro de contenedores específicamente diseñados para refrigerar, confinar y mantener seguros estos elementos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), además de una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca).
Sin embargo, Francia lleva ya décadas guardando temporalmente los residuos procedentes del desmantelamiento de Vandellós I (Tarragona), que no pueden volver a España al no existir un ATC. Esta custodia cuesta al Estado en torno a 74.000 euros diarios desde hace dos años, según los datos recogidos en la memoria anual de 2018 de Enresa. Antes, ya se habían pagado 250 millones para garantizar su almacenamiento desde 1989, año en el que se cerró la central tarraconense tras un incendio.
En 2019, la nuclear produjo el 21,2% de la electricidad en España, según el avance provisional del Sistema Eléctrico Español presentado por REE. Fue por tanto la segunda fuente de generación. El primer puesto correspondió a las centrales de ciclo combinado de gas, con el 21,9%; y el tercer lugar lo ocupó la eólica, con el 20,6%. Además, supuso el 36,22 % de la electricidad generada en España sin emisiones de carbono, pero la patata caliente de los residuos amenaza con convertirse en un problema aún mayor.
¿Por qué hay prisa?
España tiene ya una hoja de ruta definida para el apagón nuclear. Esto implica el cierre escalonado de las centrales que siguen activas, una clausura que en principio se producirá entre 2027 y 2035 según lo pactado entre las grandes compañías eléctricas y el Gobierno, aunque ha sido definido como un plan «flexible» y «orientativo». Más allá del impacto que pueda tener esta decisión sobre la balanza energética o el coste que supondrá cerrar las centrales, plantea una urgencia añadida a la necesidad de tener un ATC.
Esto se debe a que todas las centrales que actualmente guardan sus propios residuos deberán seguir estando activas aunque no produzcan energía si no hay un almacén centralizado. En la central de Garoña (Burgos), aunque no hay ninguna actividad enérgetica desde 2012, se sigue trabajando porque es necesario custodiar todos los residuos que continúan en la propia instalación, que de hecho ha retrasado ya dos veces su desmantelamiento ante la falta de avances con el ATC. Esta situación se irá previsiblemente repitiendo con cada una de las centrales que cesen su actividad en la próxima década si no hay un acuerdo para centralizar el almacenamiento de residuos, porque derivarlos a Francia y aumentar el coste del alquiler de sus silos no parece una opción.
