España necesita un árbitro para controlar sus objetivos climáticos

España necesita un árbitro para controlar sus objetivos climáticos

España necesita un árbitro para controlar sus objetivos climáticos

El Reino Unido ha logrado reducir un 42% sus emisiones desde 1990 gracias en parte a un comité de especialistas científicos que supervisa y guía la acción gubernamental. Un nuevo informe apunta que imitar ese modelo podría ayudar a España a lograr sus objetivos climáticos

El conocimiento cientifíco ha sido desde siempre uno de los motores principales para la adopción de políticas y legislación ambientales. Desde el Protocolo de Montreal de 1978 que acabó con la destrucción de la capa de ozono hasta el primer informe de evaluación del IPCC que en 1992 impulsó el ciclo de Cumbres del Clima que aún continúa en nuestros días, la adopción de medidas para hacer frente a la emergencia climática necesita de la ciencia para ser útil y efectiva. Un ejemplo concreto de lo que un correcto asesoramiento científico puede hacer por la lucha climática nos lo da el Reino Unido, que desde 2008 cuenta con un Comité de Cambio Climático, compuesto por especialistas científicos, que supervisa y guía la acción gubernamental. Y con bastante éxito: el Gobierno británico ha logrado reducir un 42% sus emisiones desde 1990.

Este sistema, el de un comité científico independiente para supervisar las políticas en relación con el cambio climático, debería imitarse en España. Al menos, esa es la conclusión del informe El Comité de Cambio Climático en Reino Unido ¿Un modelo para España? que se ha presentado este miércoles en Madrid. Elaborado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), el documento analiza cómo se podría usar la experiencia británica para mejorar la gobernanza del cambio climático en España y elaborar las políticas públicas en consonancia con el objetivo de descarbonización para 2050.

Una norma pionera

La Climate Change Act de 2008 fue una ley pionera para hacer frente al cambio climático de forma integrada ya que ningún país había adoptado este tipo de legislación con anterioridad. Dentro de sus disposiciones, una de las medidas más importantes a la larga sería la creación de un órgano consultivo independiente de carácter científico, que acabaría desempeñando un papel clave en el logro del objetivo principal de la ley, que no es otro que la neutralidad de emisiones de carbono. Esto es porque el Comité de Cambio Climático, que cuenta con un presupuesto independiente y no está adscrito a ningún ministerio, ha ejercido un rol de liderazgo en la materia.

Suecia y Francia ya han imitado el modelo británico con sus propios organismos independientes

El papel del organismo es claro: asesorar y guiar. Al emitir sus informes y recomendaciones de forma pública, el Comité sirve como control y fuente de transparencia de las políticas, ya que si el Gobierno quiere actuar en contra de esta opinión científica debe hacer pública una motivación de su decisión. El organismo no solo informa en relación con la transición a una economía baja en carbono sino que también opina sobre la preparación necesaria para afrontar los crecientes riesgos climáticos a los que se enfrenta el país, ofreciendo una visión tanto económica y empresarial como científica.

El modelo británico ha sido imitado ya a otros países como Suecia, que creó un comité similar en 2017, y Francia, que impulsó la constitución de un Alto Consejo para el Clima en 2018. Este último, según ha apuntado Olivier Fontan, director ejecutivo del órgano francés, ya está funcionando a pleno rendimiento “emitiendo avisos sobre cada política pública para analizar si cumple con los objetivos de neutralidad climática”, una labor de asesoramiento pública que el político francés ha calificado de “útil y necesaria”.

El sistema sirve también para mejorar la coordinación y gobernanza de la lucha climática, ya que analiza todos los niveles administrativos y elabora un enfoque multidisciplinar que permite evitar las duplicidades administrativas. Es importante recordar que, en España, las competencias en materias ambientales están repartidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Ejemplo para España

El informe del IIDMA apunta a que es totalmente necesario crear un Comité de Cambio Climático similar en España. Y pide no esperar más y que sea la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que el Gobierno se comprometió a impulsar en sus primeros cien días, la que cree un órgano consultivo de este tipo. “Estamos en una emergencia climática, por lo que un comité es esencial para tomar las decisiones adecuadas para poder luchar contra el cambio climático”, asegura Ana Barreira, directora del IIDMA y co-autora del informe.

El apoyo político a un organismo de este tipo parece asegurado, ya que, salvo Vox, todos han expresado ya su connivencia con la existencia de un Comité de Cambio Climático español. De hecho, en la presentación de este informe estaban tanto el presidente de la Comisión de Transición Ecológica, el ecologista Juantxo López de Uralde, como el portavoz del PP en la misma comisión, Diego Gago, dos lados opuestos del espectro político que sin embargo están de acuerdo en la necesidad una Ley climática para España. Sin embargo, hay divergencias sobre el cómo.

El Grupo Popular ya presentó una propuesta en 2018 para crear un Observatorio de Cambio Climático, mientras que que Unidas Podemos hizo lo propio tanto en 2018 como en 2019. Y en los sucesivos borradores del anteproyecto de Ley de Cambio Climático que han presentado el Gobierno del PSOE, tanto antes de la coalición como durante, se incorpora también una figura administrativa similar. Sin embargo, los autores del informe consideran que las propuestas han sido escuetas y poco desarrolladas, además de tener importantes diferencias jurídicas, por lo que hacen una serie de recomendaciones.

Independiente y plural

El Comité, según el IIDMA, debería ser independiente, plural y con presupuesto propio “para garantizar que las decisiones en materia de cambio climático estén apoyadas en el criterio científico” y “para asegurar que no se quede en una medida meramente cosmética y estas características figuren en un texto legal jurídicamente vinculante y con vocación de estabilidad”. Es decir, una comisión que no se quede en mero orgáno consultivo sino que ayude activamente a implementar políticas climáticas mediante el análisis y con recomendaciones que, si no son vinculantes para el Gobierno, al menos deban ser tomadas en cuenta y el Ejecutivo tendrá que justificarse cuando las incumpla.

El informe pide que en ningún caso se utilice el Comité para fines políticos y defiende su independencia económica y legal

Uno de los mayores obstáculos en el largo camino de la lucha climática es la aplicación efectiva de la normativa que ya existe, algo que el Comité ayudaría a promover. El IIDMA recomienda seguir el modelo de trabajo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una administración independiente del Gobierno que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.

El futuro Comité deberá ser también “dinámico, sin constreñimientos, que permita una toma de decisiones fluida”. Y, sobre todo, el informe apunta a que será esencial “garantizar su independencia y pluralidad para que no quede al albur de las vicisitudes políticas”, es decir, que no se convierta en otra agencia de colocación para los partidos. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno y el Congreso.



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