España apaga la mitad de sus centrales de carbón esta semana

La era del carbón en España da otro paso definitivo hacia su anunciada muerte. A partir del martes, siete centrales térmicas que emplean el carbón como combustible para generar electricidad dejarán de funcionar completamente, aunque varias de ellas llevaban meses sin generar nada al haber dejado de ser rentables. Aunque aún no se ha publicado en el BOE la autorización administrativa pertinente, ninguna de estas centrales ha llevado a cabo las imprescindibles inversiones millonarias que exigía la Unión Europea (UE) para cumplir con su normativa ambiental, por lo que tendrán que parar en cualquier caso el 30 de junio.

Este avance se produce justo un año y medio después del cierre de las pocas minas de carbón supervivientes, que apenas se mantenían gracias ayudas públicas que fueron prohibidas por Bruselas, y más de seis meses del último hito de la descarbonización en el sector eléctrico español. El pasado 14 de diciembre, España produjo toda su electricidad sin utilizar nada de carbón por primera vez desde la inauguración en 1949 de la primera central térmica del país. Es decir, más de 70 años después, este material imprescindible para la revolución industrial pasa por sus últimos momentos de gloria.

Las siete plantas térmicas que dejarán de operar este martes son Meirama (A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) —las tres de Naturgy—; Andorra (Teruel) y Compostilla (León) —de Endesa—; Puente Nuevo (Córdoba) —de Viesgo—; y Velilla (Palencia) —de Iberdrola—. Entre las siete centrales acumulan una capacidad de generación de 5.460 megavatios, lo que supone casi el 60% de la potencia instalada de carbón en España, y no ejecutaron las inversiones de desnitrificación y desulfurización que exigía la UE para cumplir con los requisitos de reducción de emisiones, por lo que su cierre es inevitable.

Pero, además de la normativa ambiental europea, hay un segundo motivo para esta clausura tan veloz de centrales de carbón que también se deriva de la acción comunitaria: el alto precio de este material por su gran volumen de emisiones. Desde 2018 existe a nivel europeo un sistema de comercio de emisiones (conocido como ETS por sus siglas en inglés), que obliga a todas las grandes industrias a pagar por el dióxido de carbono que emiten. Esto ha provocado que las centrales de carbón pierdan casi toda su competitividad frente a opciones como las energías renovables o incluso el gas natural, que aunque también es un combustible fósil que exige mayor inversión inicial, emite menos CO2.

El proceso de cierre total de la electricidad generada por carbón en España no termina aquí: tras los cierres de este mes, llegarán otros. Las grandes compañías eléctricas ya han avanzado su intención de adelantar las clausuras de otras centrales en las que, aunque sí se realizaron las inversiones necesarias para ajustarse a los criterios ambientales de la UE, la situación de mercado ha hecho que sea imposible su rentabilidad. Endesa pretende echar el cierre a las plantas de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), mientras que Viesgo acaba de anunciar la clausura de Los Barrios (Cádiz). También Lada (Asturias), propiedad de Iberdrola, ha anunciado su cierre inminente.

Transición justa

Aunque los cierres no se produzcan hasta ahora, el derrumbe de la generación eléctrica con carbón ya era un hecho a nivel de importancia en la red española. Si la producción de las centrales térmicas se hundió el año pasado un 68%, en lo que va de año las térmicas sólo han concentrado un 2,6% de la producción total. Esto signfica que las administraciones han tenido tiempo para ir preparando una transición justa para los trabajadores de este sector, teniendo en cuenta que una de las máximas del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es que «nadie se quede atrás».

De hecho, a mediados de abril se firma una acuerdo cuatripartito entre la ministra del ramo, Teresa Ribera, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, las empresas propietarias de centrales de carbón (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para consolidar las bases de los convenios de transición justa para los territorios más afectados por los cierres de las plantas.

Esta estrategia implica inversiones millonarias para instalar molinos de viento y paneles solares donde antes se quemaba mineral, de forma que se pueda recolocar a los empleados afectados por los cierres. En juego está nada más y nada menos que el reparto de 5.000 millones de inversión.

Por el momento, las grandes eléctricas ya han desvelado algunos de sus planes. Iberdrola quiere construir en Velilla (Palencia) el mayor complejo fotovoltaico de Castilla y León, con 400 MW de potencia y una inversión de 300 millones de euros. Endesa, por su parte, ha prometido desarrollar un megaproyecto de renovables de 1.487 millones de euros de inversión, con el que sustituir el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel), además de plantear una inversión de 341 millones de euros en proyectos renovables en la zona de Compostilla. Por último, Naturgy se ha comprometió a instalar en la zona de la central de Meirama (A Coruña) un parque eólico y un centro avanzado de gas renovable o biogás, con una inversión de 80 millones.

Todos estos proyectos no incluyen los posibles beneficios del futuro fondo de transición justa de la Comisión Europea, que actualmente se sigue negociando en Bruselas. En cualquier caso, el cierre obligado de las centrales térmicas puede suponer un acicate para las compañías eléctricas, que se enfrentan en los próximos años a una transición energética que viene para cambiarlo prácticamente todo en el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad.