España aprueba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Fumata blanca. Una década después de que las Cortes pidieran por primera vez una ley climática y cuatro años después de que España ratificase el Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya es una realidad tras la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados. La norma que persigue, entre otras medidas, la descarbonización plena de España en 2050, la protección efectiva de la naturaleza y el fin de la venta de coches contaminantes en 2040, no entrará en vigor hasta su publicación en el BOE este mismo viernes. Pero es, desde incluso antes de su aplicación efectiva, un auténtico hito ambiental para la política española que ha conseguido ser aprobado con un apoyo transversal en ambas Cámaras.

El camino hasta aquí, eso si, no ha sido fácil. La primera vez que el Congreso reclamó formalmente esta nueva normativa fue en 2011 y, desde entonces, todos los partidos nacionales menos el negacionista Vox han presentado sus propios proyectos de ley de cambio climático en el Parlamento, aunque ninguno llegó a prosperar por diferentes desecuentros políticos. No sería hasta la llegada en 2019 de Teresa Ribera al Gobierno, como ministra de Transición Ecológica, que se empezarían a redactar las primeras tentativas serias de anteproyecto de ley. Sin embargo, las sucesivas vueltas electorales primero y la pandemia de coronavirus después han ido postergando la tramitación de esta ley, que no llegó al Congreso hasta comienzos de 2021.

Su peripecia por Congreso y el Senado ha sido algo más corta, ya que esta propuesta de regulación de la emergencia climática impulsada por PSOE y Unidas Podemos ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras y solo ha tenido que superar el veto presentado por Vox. Eso sí, el proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron tres, junto a otras 16 enmiendas transaccionales.

Además, en el Senado se han introducido otras tres enmiendas, una de ellas de apoyo a la protección de las praderas de posidonia, un tesoro endémico del mar Mediterráneo, otra que hace referencia a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre, en el que los plazos no podrán superar lo establecido en la vigente Ley de Costas y una última que permite que los ayuntamientos reciban el impuesto de construcciones de obras relacionadas con los residuos radiactivos.

Más allá de estas medidas de última hora, la nueva ley contempla objetivos de reducción de emisiones de aquí a 2030, que prevén un descenso del 23% de los gases de efecto invernadero respecto a 1990, aunque estos serán revisados al alza en 2023. Además, pretende alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%, y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética como la obligación de instaurar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040 y la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos o uranio a partir de la entrada en vigor de la ley.

Todo tipo de medidas que sin embargo no han terminado de contentar a los grupos ecologistas, que han criticado el objetivo intermedio de un recorte de emisiones para 2030 del 23%, aunque este sea solo provisional, por considerarlo “poco ambicioso”. De hecho, casi todas las grandes asociaciones ambientales del país han incidido en la necesidad de incrementar hasta un 55% la reducción de emisiones para 2030 para estar en la misma página que la Unión Europea y garantizar así que España contribuya, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 grados, tal como persigue el Acuerdo de París.

El agua, gran ausente

A pesar de la enorme importancia que tiene esta norma para el desarrollo sostenible de España, ya que supondrá la base la transición energética y de movilidad, es también que una “ley seca” puesto que el agua apenas aparece en su articulado; no ya como elemento transversal imprescindible para afrontar el cambio climático, aspecto en el que brilla por su ausencia, sino porque apenas aparece 24 veces recogida la palabra agua en todo el texto, dedicándole únicamente dos artículos y una disposición.

De hecho, el propio preámbulo de la Ley de Cambio Climático señala como “ineludible gestionar de manera responsable nuestro patrimonio común, el agua, los suelos, la biodiversidad, todos recursos escasos y frágiles”. Pero a lo largo de su redacción, los recursos hídricos no se contemplan casi en ningún momento como elemento transversal en la Ley, como sí se puede concluir de la energía.

Al menos sí hace hincapié el texto legal en que numerosos estudios, incluidos los propios del IPCC, coinciden en señalar a la región mediterránea como una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. En este sentido, la ley da un paso más y recoge, por primera vez, la adaptación en el objeto de la ley y la necesidad de definir un sistema de indicadores de impacto y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos. Además, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte.

Habrá que esperar, probablemente hasta 2022, para ver cómo se desarrolla la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica que la Ley de Cambio Climático exige aprobada en el plazo de un año, y conocer cómo esta ley transversal hacia la descarbonización y la transición energética impulsa también la transición hidráulica que no explicita el presente texto legislativo.