España ha remitido a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que pretende reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales hasta 2030
El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido a Bruselas la nueva redacción del el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, (PNIEC) que incorpora las recomendaciones de la Comisión Europea para lograr reducir un 23% las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) antes de 2030.
Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
El texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero, como borrador actualizado.
Entonces Bruselas recomendó incorporar un apoyo a una cuota de energías renovables del 42% para 2030 como contribución de España al objetivo de la Unión en materia de energías renovables para ese año.
Asimismo, planteó que España adopte medidas para seguir desarrollando medidas de apoyo a la consecución de los objetivos de seguridad energética en lo que concierne a la diversificación y la reducción de la dependencia energética.
Además, pidieron que se definieran objetivos prospectivos sobre la integración del mercado, en particular medidas para afrontar la evolución previsible de los déficits arancelarios en los sectores de la electricidad y del gas, así como el posible impacto de las medidas previstas.
Por otra parte, recomendaron a España aclarar en mayor medida los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse de aquí a 2030.
El documento presentado se modificará –y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas– en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas. La fase de información pública debía haber concluido el pasado 25 de marzo y, en la actualidad, está suspendida en aplicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.
Las medidas contempladas en el plan permitirán alcanzar los siguientes objetivos en 2030:
- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
- 42% de renovables en el uso final de la energía. Cifra que duplica el 20% del año 2020.
- 39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década.
- 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
Este ambicioso objetivo queda recogido como un claro compromiso país en la lucha contra el cambio climático en que señala las medidas propuestas por el Gobierno para que España cumpla con el Acuerdo de París.
Lejos de desembocar esta reconversión energética en un coste para el conjunto de la economía, la transición energética permitirá la creación de entre 250.000 y 364.000 puestos de trabajo neto anuales a lo largo de la década; movilizará inversiones de unos 236.000 millones de euros; la dependencia energética del exterior se reducirá en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% actual al 59% en 2030 y el precio de la luz se reducirá un 12%.
El objetivo es lograr que en 2030, el 42% del uso de energía final sea renovable, de forma que en el caso de la generación eléctrica el porcentaje de renovables para 2030 será del 74%.
La reducción de las importaciones supondrá un impacto favorable en la balanza comercial del país de unos 75.379 millones de euros entre 2021 y 2030. Como resultado de las inversiones previstas y de los cambios en el mix energético, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros.
El plan en su conjunto baraja unas inversiones de 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80% de las mismas se realizarán por parte del sector privado y el 20% restante -unos 47.000 millones- serán inversiones procedentes de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómicas, locales y comunitaria). La mayor parte se destinará a ayudas al ahorro y eficiencia energética, en especial a la rehabilitación de viviendas.
Las medidas que se incluyen en el PNIEC generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos. Las inversiones en energía renovables serán el principal motor de generación de empleo, previéndose la creación de entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos de trabajo netos año. Las acciones dirigidas al ahorro y eficiencia energética -especialmente la rehabilitación-, generarán entre 42.000 y 84.000 empleos año.
En el caso del precio de la electricidad, la descarbonización generará en 2030 una rebaja del 12% antes de impuestos, respecto al precio actual. La previsión es que a partir de ese año, las tarifas desciendan por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías más baratas y competitivas que el resto.
