La ambición española en su apuesta por una economía neutra en carbono en 2050 ha logrado el aprobado de la Comisión Europea que ha dado seis meses a los socios comunitarios para mejorar unos planes de energía y clima «insuficientes»



La Comisión Europea ha publicado esta semana su evaluación de los proyectos de planes presentados por los 28 Estados miembro para lograr los objetivos previstos por la Unión de la Energía, y en particular, los referidos a energía y clima para 2030. La nota general ha sido insuficiente por lo que los 28 tendrán seis meses para la reválida.
En la evaluación sobre el Plan Nacional para la Energía y el Clima de España, la Comisión destaca que se lleve a cabo con la mirada puesta en el 2050, año en el que España quiere lograr una economía neutra en carbón.
Bruselas ha destacado que el Plan español es amplio en objetivos, contribuciones, políticas y medidas para lograr la descarbonización
De este modo, en materia de seguridad del suministro, la Comisión cree que el objetivo de reducir la dependencia energética en un 59% para 2030 es muy ambicioso, dado que actualmente es de un 74%.
En cuanto al mercado interior de la energía, las interconexiones deben jugar un papel esencial para fomentar una economía neutra en carbono. En esta línea, el nivel de España, con un 6% de interconexiones, está muy por debajo de la media de la UE.
El Plan español de energía y clima apuesta por descarbonizar totalmente la economía española en 2050, eso significa que en apenas 30 años el 100% de las energías consumidas tendrán que se renovables.
La hoja de ruta energética de España para la próxima década pasa por las energías verdes, cerrar todas las centrales de carbón más cuatro grupos nucleares de los siete reactores que están en explotación
Lejos de desembocar esta reconversión energética en un coste para el conjunto de la economía, la transición energética permitirá la creación de entre 250.000 y 364.000 puestos de trabajo neto anuales a lo largo de la década; movilizará inversiones de unos 236.000 millones de euros; la dependencia energética del exterior se reducirá en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% actual al 59% en 2030 y el precio de la luz se reducirá un 12%.
El objetivo es lograr que en 2030, el 42% del uso de energía final sea renovable, de forma que en el caso de la generación eléctrica el porcentaje de renovables para 2030 será del 74%.
La reducción de las importaciones supondrá un impacto favorable en la balanza comercial del país de unos 75.379 millones de euros entre 2021 y 2030. Como resultado de las inversiones previstas y de los cambios en el mix energético, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros.
El plan en su conjunto baraja unas inversiones de 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80% de las mismas se realizarán por parte del sector privado y el 20% restante -unos 47.000 millones- serán inversiones procedentes de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómicas, locales y comunitaria). La mayor parte se destinará a ayudas al ahorro y eficiencia energética, en especial a la rehabilitación de viviendas.
Las medidas que se incluyen en el PNIEC generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos. Las inversiones en energía renovables serán el principal motor de generación de empleo, previéndose la creación de entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos de trabajo netos año. Las acciones dirigidas al ahorro y eficiencia energética -especialmente la rehabilitación-, generarán entre 42.000 y 84.000 empleos año.
En el caso del precio de la electricidad, la descarbonización generará en 2030 una rebaja del 12% antes de impuestos, respecto al precio actual. La previsión es que a partir de ese año, las tarifas desciendan por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías más baratas y competitivas que el resto.
La Comisión Europea recomienda un apoyo a una cuota de energías renovables del 42% para 2030 como contribución de España al objetivo de la Unión en materia de energías renovables para ese año.
Asimismo, plantea que España adopte medidas para seguir desarrollando medidas de apoyo a la consecución de los objetivos de seguridad energética en lo que concierne a la diversificación y la reducción de la dependencia energética.
Definir objetivos prospectivos sobre la integración del mercado, en particular medidas para afrontar la evolución previsible de los déficits arancelarios en los sectores de la electricidad y del gas, así como el posible impacto de las medidas previstas.
Recomiendan a España aclarar en mayor medida los objetivos nacionales y los objetivos de financiación en materia de investigación, innovación y competitividad, relacionados específicamente con la Unión de la Energía, que deben alcanzarse de aquí a 2030.
