El 79% de los españoles piensa que el Gobierno debería incrementar los esfuerzos nacionales en materia climática, especialmente en lo relativo a la reducción de las emisiones de efecto invernadero, lo que les sitúa por encima de la media europa
La opinión pública de España y la Unión Europea apoya firmemente una mayor ambición climática, sobre todo en los objetivos de reducción de emisiones. En concreto, el 68% de la población europea quiere que se aumenten los objetivos climáticos de su país, mientras que el 84% apoya el aumento de los esfuerzos climáticos en los sectores del transporte y la construcción a través de nuevos estándares y regulaciones. Así se desprende de una encuesta difundida este jueves por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), en la que se ha preguntado a los ciudadanos de 12 países de la UE por su visión respecto a las políticas climáticas.
España aparece junto Italia a la cabeza de las aspiraciones climáticas de su población, ya que el 79% de los españoles piensa que el Gobierno debería incrementar los esfuerzos nacionales en materia climática frente a la media de la UE, que representa un 68%. Es más, en España solo un 15% considera que el objetivo nacional «debería mantenerse en su nivel actual» y apenas un 6% sostiene que el objetivo nacional “debería hacer menos de lo que ya está haciendo”.
“Los objetivos vinculantes son un factor clave para la acción climática nacional, como poner fin a las subvenciones para los coches de empresa diésel, y cuentan con el amplio apoyo de los ciudadanos de la UE. La Comisión Europea debería prestar atención a esto y finalmente dejar en claro que los objetivos nacionales están aquí para quedarse como uno de los pilares principales de la arquitectura y la ambición climática europea», ha explicado Sofie Defour, directora de políticas climáticas en T&E.
En la actualidad, la legislación europea exige a España lograr una reducción del 26% en sus emisiones en los sectores del transporte y residencial para el año 2030, un recorte que también se ha incluido en la nueva ley climática española pero que varias organizaciones ecologistas y científicas ven como «poco ambicioso». Es más, según apuntan los autores del sondeo, estos resultados reforzarían la fijación del objetivo climático de reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030 en el conjunto de la UE, que aún no tiene traducción directa en la legislación española.
Riesgos y recompesas
Por otro lado, la portavoz de Ecodes, Mónica Vidal, apunta que trasladar la responsabilidad de cumplir el objetivo europeo de los países al instrumento de fijación de precios de la UE supone “una estrategia que conlleva muchos riesgos y escasas recompensas”.
Y es que la Comisión actualmente está debatiendo la existencia continuada del llamado Reglamento de reparto del esfuerzo, que establece objetivos climáticos nacionales vinculantes para cada estado miembro y regula el 60% de las emisiones de la UE. Para Vidal, si la UE decide seguir hacia adelante con la tarificación del carbono para coches y camiones “a pesar del escaso apoyo de la opinión pública en España y otros lugares, se verá obligada a dar respuesta a los impactos sociales que esto genere”.
Según apuntan desde T&E, la Comisión Europea debería aprovechar el abrumador apoyo público a las nuevas medidas en el transporte y la edificación para priorizar una mayor ambición climática en las medidas de la UE de alto impacto, como las normas de CO2 para automóviles y furgonetas. Y es que las políticas ambiciosas a nivel de la UE tienen la virtud secundaria de ayudar a los Estados miembro a alcanzar más fácilmente sus objetivos.
YouGov, que es la empresa contratada por esta organización, ha desarrollado la encuesta entre un total de 13.324 adultos en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.
