El puzzle de Europa para casar finanzas y clima - EL ÁGORA DIARIO

El puzzle de Europa para casar finanzas y clima

Europa está a punto de aprobar el documento en el que se definen de forma clara cuáles son las actividades de inversión realmente sostenibles. Su objetivo no es solo evitar el greenwashing, sino también volver a ser competitiva en los mercados internacionales gracias a la adaptación y mitigación al cambio climático

Eva M. Rull
Madrid | 21 octubre, 2019

Tiempo de lectura: 6 min



El Banco Mundial es bastante claro cuando habla de cambio climático: “El impacto de los desastres naturales extremos han supuesto en 2017 más de 330.000 millones de dólares en pérdidas económicas, y amenazan a unos 100 millones de personas a la pobreza extrema para 2030”. “La UE publicó un informe en el que estima que para alcanzar el Acuerdo de París y cumplir con los objetivos que se ha marcado para 2030 en Europa se necesitan inversiones anuales de entre 180.000 y 230.000 millones euros. Aquí hay partidas para el agua y la depuración, que necesitaría de 100.000 millones; el transporte que exige unos 90.000 o el sector energético que demanda 110.000 millones de euros. De esas inversiones, las públicas solo cubren una parte por lo que el resto tiene que cubrirlo el sector privado“, explica Pablo López Argüello, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Lo que demuestra este texto es que “para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los acuerdos climáticos hay necesidad de inversión. El sector financiero es fundamental si se quiere cambiar la dinámica del mercado”, explica David Álvarez, director ejecutivo de Ecoacsa, empresa que fomenta la integración del capital natural y la transición hacia la sostenibildad de empresas y organizaciones.

El mercado y el cambio climático están obligando a casar finanzas y naturaleza. De hecho, es uno de los objetivos que están detrás del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la la Comisión Europea. El gran paraguas que pretende aunar todos los instrumentos con los que trabaja el sector privado para invertir y dirigirlo, por primera vez, hacia la sostenibilidad. Dicho Plan lleva encima de la mesa desde 2018 y hace escasos días por fin se definían las actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles.

Taxonomía

Este esfuerzo por definir las taxonomías representa, como se decía, la intención de la Comisión de hacer casar las finanzas privadas con la conservación y al mismo tiempo reducir el llamado greenwashing de los entes privados. El propio Plan esclarece que entre sus 10 objetivos están, además de la taxonomía y definir qué es “sostenible”, crear etiquetas para los productos financieros “verdes” basados en este sistema; reforzar los requisitos en materia de divulgación de información; aumentar la transparencia de los informes corporativos, y calcular los riesgos financieros que vienen de la mano del cambio climático.

La mayoría de los bancos sigue invirtiendo considerablemente más en combustibles fósiles de lo que aportan a actividades sostenibles

Con toda probabilidad la clasificación de las actividades definitiva estará ya el año que viene, aunque se divide en dos fases: la primera mas orientada a mitigación del cambio climático y adaptación y en un segundo momento a actividades relacionadas con la conservación y la biodiversidad. La publicación de la lista ya está dejando sus primeras consecuencias. “Ha levantado revuelo en algunos sectores. La intención de la Comisión no era decir qué es bueno y qué no, aunque está implícito en la propia clasificación”, matiza Álvarez. Uno de los primeros ausentes son los combustibles fósiles. “Es cierto que los bancos tienen grandes inversiones en fósiles pero también lo es que como entidades se irán a otro sitio si no existe rentabilidad”, opina López.

Un reciente informe publicado por la organización no gubernamental World Resources Institute afirma que “solo la mitad de los principales bancos del mundo ha hecho un compromiso financiero sostenible” y sigue: “La mayoría de los bancos sigue invirtiendo considerablemente más en combustibles fósiles de lo que aportan a actividades sostenibles”. Eso sí, considera que los bancos europeos y australianos son los que más parecen liderar los compromisos. Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (entidad pública) se ha comprometido a dejar de financiar al sector de los combustibles fósiles a partir de 2020.

De momento, y según informa la agencia EFE: “Se consideran sostenibles las actividades que contribuyan sustancialmente al menos a uno de estos seis objetivos: mitigación del clima; adaptación al cambio climático; protección del agua y recursos marinos; reciclaje y reducción de los desperdicios; prevención y control de la contaminación; protección de ecosistemas, y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. Además, no podrán perjudicar de forma importante a ninguno de estos fines; tendrán que llevarse a cabo con unos requisitos mínimos de gobernanza y sociales, y deberán cumplir ciertos criterios técnicos que permitan hacer el análisis en base a estas características”.

Los bonos verdes son productos financieros que dan dinero como préstamo a un proyecto verde y se han triplicado desde 2016

Las consecuencias de esta taxonomía incidirán, sobre todo en los llamados bonos verdes, uno de los productos financieros a los que el sector privado está dedicando más atención desde hace años. “El sistema financiero considera, por un lado, el análisis de riesgo y por otro la creación de producto. Esta última es la parte que más se está visibilizando. La iniciativa climate bonus o bonos verdes existe por lo menos desde 2009, aunque desde 2016 se ha triplicado el mercado”, explica Álvarez. Estos bonos son agrupaciones de diferentes entidades que dan dinero como préstamo a un proyecto verde, o lo que es lo mismo, que tenga que ver con la energía renovable, la eficiencia energética, la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, etc.

“Estos bonos aparecieron justo después de la crisis, dado que los bancos se encuentran con más restricciones a la hora de comercializar soluciones con riesgo financiero. Se trata de productos de deuda, es decir, es como un préstamo que luego hay que devolver. Cada vez más se van quitando categorías y se centra más el discurso en lo que es sostenible y no”, afirma Álvarez. Y aún lo harán más tras el Plan de Europa. Toda la lista del Climate Bonus Standard se tendrá que redefinir.

Un mar de productos

Pero los bonos no son el único producto financiero; también están las carteras de inversión con criterios ESG (enviromental, governance and social). Aquí, las empresas o los gestores financieros identifican portfolios de servicios sostenibles. No son deuda sino una inversión, productos de rentabilidad. Hay una serie de agencias independientes que categorizan estas carteras y las sacan al mercado. Tienen mucha demanda y han tenido mucha rentabilidad. “De hecho, está ganando peso.”, explica Álvarez.

Entre los productos de rentabilidad destacan las carteras de inversión con criterios ESG (enviromental, governance and social) formadas por portfolios de servicios sostenibles

 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que el mundo de las finanzas actúa obligado por el mercado en parte, aunque también sabe lo que se juega. Por eso, otra parte de sus inversiones son las llamadas de riesgo, porque las entidades están viendo que pueden perder dinero con las apuestas en fósiles, gas, que tienen caducidad, amen de los riesgos asociados a la transición ecológica o al clima. También hay que recordar que la crisis no es sólo climática, sino de biodiversidad. Y considerando la primera solo se están evaluando el 30-40% de los riesgos naturales. Es, decir, el 60% de los peligros ni si quiera se han calculado.

De hecho, un reciente informe publicado por WWF y titulado “Finanzas por el clima” recuerda que “la pérdida de valor asociado a estos riesgos ya está presente y puede alcanzar más de 2.500 millones de dólares. La evaluación del riesgo climático beneficia a las propias entidades financieras que lo llevan a cabo, como la evaluación de cualquier otra fuente de riesgo financiero. No obstante, la aceleración de la puesta en práctica de estas evaluaciones es un imperativo, ya que podremos evitar los peores efectos del cambio climático actuando inmediatamente, recordando que una regulación en la materia es inminente”.

“Todo está muy verde todavía y las fórmulas de financiación muy abiertas”, dice López, quien explica que el capital público ya está instrumentalizado (a través del Banco Europeo de Inversiones o los proyectos Life, entre otros). Queda un largo camino y este Plan lo primero qué tenía que hacer era clarificar qué es sostenible antes de explicar cómo se va a instrumentalizar esa financiación privada”, dice.

La economía de la eurozona ve en el cambio climático una oportunidad para generar una economía limpia entre 2021 y 2030 que le de fuerza en los mercados internacionales, donde está perdiendo peso. “Se está intentando ver cómo generar servicios financieros que generen un mercado”. “Europa es una economía muy bancarizada y sabe que para impulsar la actividad hacia la sosteniblidad tiene que empujar el sector financiero. Estados Unidos ni siquiera tiene claro el Acuerdo de París y China tampoco está tan preocupada por las finanzas verdes”, explica López.

Ahora queda por ver cómo afectará la desaceleración que está viviendo la economía a estos ambiciosos planes europeos, aunque “pueden ser una buena oportunidad si siguiendo las teorías keynesianas, el sector público aumenta el gasto público en la medida de sus posibilidades alineándose con la naturaleza. Eso sí, sin disparar la deuda”, alerta López.

Otro nuevo instrumento de financiación pública

El Banco Europeo de Inversiones creó en 2014, junto al programa Life, el Mecanismo de Financiación del Capital Natural. Esta línea de financiación supone que parte de la inversión corre a cargo del BEI, pero también que los proyectos cumplen con criterios de conservación demostrado. Es un atípico producto financiero y muy estricto en cuanto a sostenibilidad. Hasta la fecha ha habido dos préstamos. El primero a través de Rewilding Europe (el BEI no financia directamente al proyecto destinatario sino que utiliza en intermediario).

Esta organización independiente trabaja en áreas rurales donde la población está disminuyendo y las devuelve a su estado natural, restaurando ecosistemas y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas economías basadas en la naturaleza. Entre otras intervenciones, han actuado en Bulgaria recuperando una zona para el alimoche, una especie en peligro de extinción en la región.

El otro cuenta con apenas unas semanas. “Por primera vez, el BEI utiliza el Mecanismo de Financiación del Capital Natural para apoyar el mercado emergente de las compensaciones en el ámbito de la biodiversidad, el cual constituye una herramienta importante para promover tanto la conservación de la naturaleza”, decía Emma Navarro, vicepresidente de la entidad el día que aprobaba su primer acuerdo bajo esta fórmula.

Son cinco millones de euros de préstamo que se han concedido a CDC Biodiversité, filial del banco nacional de fomento francés Caisse des Dépôts et Consignations. Este proyecto permitirá a CDC Biodiversité facilitar créditos (unités de compensation) a aquellos clientes que deban compensar sus impactos en determinados hábitats y especies.

“Las actividades de CDC Biodiversité se basan en la ley francesa para la reconquista de la biodiversidad, la naturaleza y los paisajes que se promulgó el 8 de agosto de 2016. Eses créditos son utilizados para compensar ciertos impactos negativos no-evitables sobre la biodiversidad, por ejemplo en el desarrollo de ciertas infraestructuras. La normativa vigente prevé que la empresa que desarrolla la dicha infraestructura tenga que compensar por posibles daños de biodiversidad residuales o no-evitables”, explican desde la entidad.



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