Cuando se habla de cambio climático, las diferentes encuestas a nivel comunitario muestran que no solo se conoce su existencia y sus consecuencias, sino que la preocupación ciudadana por este problema es grande. Las protestas en la calle, la emergencia de los partidos verdes y el surgimiento de movimientos jóvenes son prueba suficiente de que la emergencia climática está en las cabezas de una gran mayoría de los europeos.

Por eso, la Comisión Europea liderada por la alemana Úrsula von der Leyen, que acaba de cumplir 100 días en el cargo, ha basado casi toda su apuesta política de esta legislatura en la lucha climática, con el Green New Deal como joya de la corona comunitaria. Sin embargo, más allá de los buenos propósitos, a veces hay dudas sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los europeos a la hora de cambiar su estilo de vida y sus elecciones de consumo.

En materia de transporte, bastante lejos. Por lo menos en lo que respecta a los aviones y los coches. A pesar del posible impacto en sus vidas, los europeos apoyan mayoritariamente aumentar los impuestos sobre los viajes en avión y otros productos con altas emisiones de efecto invernadero. Incluso prohibir los vuelos de corta distancia y desterrar progresivamente los vehículos propulsados por diésel aparecen como opciones con un alto grado de aprobación.

Estas son las conclusiones de la tercera parte de la encuesta sobre clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se ha publicado este miércoles. Antes, la entidad ya había publicado dos sondeos en los que se centraba en las actitudes generales de los europeos frente al cambio climático y en los objetivos personales o posibles cambios de hábitos sostenibles, respectivamente.

La vicepresidenta del BEI, la española Emma Navarro, cree que los resultados de la encuesta deben suponer un espaldarazo a los intentos europeos para establecer una política climática más ambiciosa. «Los ciudadanos están preparados para hacer sacrificios personales para combatir el calentamiento global y vivir de una manera más sostenible, pero al mismo tiempo esperan que los gobiernos y las empresas tomen medidas para reducir las emisiones de carbono y mejorar la protección del medio ambiente», ha asegurado en la presentación del informe.

Mejorar el transporte

De todas las medidas que deberían tomar los Gobiernos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, el transporte aparece siempre entre las más importantes por el volumen de carbono que genera y su continua espiral ascendente. Casi un cuarto de las emisiones de Europa están relacionadas con el transporte -sin contar la aviación ni la navegación internacionales, que suponen un 3,5% y un 3,15% adicional, respectivamente- y la cantidad de toneladas de CO2 que liberan los vehículos a motor a la atmósfera se ha duplicado desde 1990.

Tocar este sector siempre aparece como una cuestión sensible, ya que el vehículo personal es muy importante para un gran número de personas, sobre todo las que no viven en núcleos urbanos. De hecho, uno de los grandes motivos de la emergencia del movimiento de los «chalecos amarillos» en Francia es el intento del Gobierno de subir los impuestos al diésel, más contaminante como combustible que el gásoleo.

Sin embargo, los europeos favorecen en general medidas que penalicen el uso del coche: el 67% de los europeos apoyan menos espacio para automóviles en los centros urbanos y otro 67% apoyan la reducción de los límites de velocidad. Además, un 65% está dispuesto a apoyar la prohibición progresiva de los vehículos de diésel.

Esto tiene dos dimensiones: por un lado es necesario cambiar el parque automovílistico de manera gradual y por otro hace falta revolucionar los espacios urbanos para hacer las ciudades más enfocadas al peatón en vez de al coche. Un abrumador 91% de los europeos cree que sería una buena idea ofrecer transporte público gratuito, algo que ya es realidad en un Estado miembro: Luxemburgo. Pero, además, un 84% está a favor de peatonalizar los centros urbanos y un 80% pide mejores servicios de eco-sharing, como las bicicletas o las motos eléctricas.

Por ahora, en Europa hay cada vez más ciudades que optan por limitar el acceso de coches a sus cascos urbanos y en varios países se está trabajando para acabar con el diésel en las próximas décadas. El alumno aventajado en este caso es Dinamarca, que prohibirá todos los coches que no sean eléctricos o híbridos en 2030. Pero países como Reino Unido o Holanda, que prevén eliminar la venta de coches contaminantes para 2035 y Francia, que piensa hacerlo en 2040, siguen el mismo camino.

Eso sí, en España, el anuncio inicial del Gobierno de prohibir en 2040 la venta y matriculación de turismos y comerciales ligeros que emitan dióxido de carbono, se ha quedado en un objetivo dentro del Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción 2019-2025.

Impuestos a volar

Aunque la aviación no supone un nivel de emisiones similar al del transporte terrestre y marítimo, ha sido una de las fuentes de carbono que más ha crecido en las dos últimas décadas y no parece que vaya a frenar si no se toman medidas. Desde 1990, ha subido un 130% y se espera que para 2050 las emisiones sean hasta 10 veces mayores que a finales del siglo XX.

La conciencia ciudadana con este tema es cada vez más fuerza, como evidencia el Flyskam, flight shaming o vergüenza a volar. Es el nombre que recibe el movimiento de aquellos ciudadanos que quieren reducir las emisiones de dióxido de carbono que producen los trayectos aéreos, que cada vez recibe más adeptos, sobre todo entre la gente joven. Según el BEI, el 62% de los europeos apoyaría una prohibición total de los vuelos de corta distancia, los más fáciles de sustituir por opciones más ecológicas y cada vez más rápidas, como el tren.

El 72% de los encuestados afirma, además, que estaría de acuerdo con imponer un impuesto de carbono a los vuelos, aunque esto significara que aumentara el precio de su billete. Por ahora, no hay ninguna normativa, ni nacional ni europea, al respecto, pero un grupo de países, compuesto por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria, ya ha pedido a la Comisión un impuesto a la aviación civil internacional «cuanto antes».

En esos países ya hay un impuesto para los vuelos en territorio nacional, pero estos suponen una parte mínima del tráfico áereo. Por otro lado, en España, el Ministerio de Hacienda ya ha avanzado su intención de establecer un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo.

En general, en la mayoría de los 28 países que conforman la UE se apoya la idea de financiar a través de impuestos la transición ecológica, es decir, que sea el Estado el que a través de normativas y servicios públicos lleve el peso de los cambios hacia unas formas de producción y consumo más sostenibles. Sin embargo, en algunos países, como Hungría, Finlandia, Francia y los Países Bajos, la mayoría de los ciudadanos preferiría ayuda financiera o recortes de impuestos a las empresas y ciudadanos para que se impulsara la transición desde abajo.

Educación y Transición Justa

Una de las áreas que más unanimidad suscita entre la población europea es la necesidad de educar a los más jóvenes en las realidades y desafíos del cambio climático. El 91% considera indispensable la enseñanza del cambio climático y la clasificación de residuos en las escuelas. Aunque, hasta el momento, son los propios jóvenes, reunidos en movimientos como Fridays For Future, los que aseguran que hay que «educar» a los más adultos.

Con respecto al consumo, el 85% de los encuestados europeos apoyan la prohibición de los plásticos de un solo uso, como pajitas de plástico y cubiertos. Este es uno de los ámbitos en los que más se ha avanzado a nivel europeo, ya que el Parlamento Europeo ya ha prohibido la fabricación y venta de este tipo de productos a partir de 2021. Algunos países, como Francia o Dinamarca, han ido aún más allá y tienen ya estrategias nacionales para reducir sus residuos y alcanzar una economía circular lo antes posible.

Sin embargo, solo el 59% de los ciudadanos europeos apoyaría un aumento en el precio de los alimentos y bienes, como la carne roja y los teléfonos móviles, que tienen una huella de carbono significativa. En un reciente estudio de la Universidad de Oxford, se afirmaba que aplicar un impuesto sobre las carnes rojas podría inhibir su consumo y salvar unas 220.000 vidas anuales en todo el mundo, con enormes beneficios medioambientales. Ningún país del mundo ha legislado todavía en este sentido.

En lo que respecta a la Transición Justa, que implica utilizar fondos europeos para ayudar a los trabajadores más afectados por la transición a la energía limpia, el 82% de los europeos cree que es una política necesaria y apoya la inversión en zonas mineras, como Asturias o León, que dependen económicamente de combustibles contaminantes.