El Fondo Monetario Internacional afirma que las políticas fiscales para frenar el cambio climático serán la clave para hacer frente a este reto global. Insta a incrementar a 75 dólares la tasa por tonelada de CO2, muy por encima de la media actual de dos dólares
El calentamiento del planeta se ha convertido en una amenaza clara y actual. Las medidas y los compromisos adoptados hasta el momento para hacerle frente están siendo insuficientes. Ante la situación, el Fondo Monetario Internacional ha alzado la voz para recordarnos un mensaje triste pero cierto: el dinero es la clave para mover al mundo.
Paralelamente a las acciones de responsables gubernamentales de Medio Ambiente, Industria, Energía, y a las propuestas de científicos y expertos, el FMI señala que «la función de los ministros de Hacienda, a la hora de defender y aplicar políticas fiscales destinadas a frenar el cambio climático, es clave».
La entidad señala que, con urgencia «deben reformar el sistema tributario y las políticas fiscales para desalentar las emisiones de carbono procedentes del carbón y otros combustibles fósiles contaminantes» y ha urgido a a los países a elevar los impuestos al dióxido carbono, ya que es la herramienta más «eficiente» y «poderosa» para reducir las emisiones contaminantes si se quiere limitar el calentamiento global. «Cuanto más esperemos, mayor será la pérdida de vidas y el daño a la economía mundial», alerta en su informe de Vigilancia Fiscal.
El organismo instó a situar esta tasa en 75 dólares por tonelada en 2030, muy por encima de la media global actual de 2 dólares por tonelada, para limitar el calentamiento global a 2°C o menos en las próximas décadas.
El director adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, Paolo Mauro, subrayó que la subida planteada desde los niveles actuales «hasta donde debería estar es un salto cuántico. Vemos la política fiscal como un modo crucial de combatir el cambio climático y desalentar las emisiones de carbono», agregó Mauro.
Consumidores perjudicados
El FMI reconoce, no obstante, que los principales efectos de esta medida recaerían sobre los consumidores. En el escenario de un incremento a 75 dólares la tonelada en la próxima década, Mauro y su equipo señaló que aumentarían, de media, en los países que forman el G20 un 45% los precios de la electricidad y del 15% en el combustible para los hogares.
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, supondría reducir un 30% las emisiones y conllevaría subidas del precio de la electricidad del 53% en la factura de energía y del 20% en la gasolina en 2030.
Sin embargo, la entidad señala que los ingresos provenientes de este impuesto, de entre 0.5 y 4,5% del PIB (según el país), podrían emplearse para reducir otros tributos, como los impuestos sobre la renta o de nómina, que reducen los incentivos para el empleo y la inversión. Proponen que los gobiernos también pueden utilizar este dinero para brindar apoyo a los trabajadores y las comunidades que se vean desproporcionadamente afectados, como por ejemplo en las zonas de las minas de carbón, o para pagar un dividendo equitativo a la totalidad de la población. Otra posibilidad es que paguen una compensación solo al 40% más pobre de los hogares, lo que dejaría tres cuartos de los ingresos disponibles para invertir más en energías verdes e innovación, o para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Según el FMI, este dinero de los contribuyentes también ayudaría a salvar a más de 700.000 personas por año que actualmente mueren en las economías avanzadas y emergentes por la contaminación atmosférica en el lugar donde viven. Además, el dinero ayudaría a contener el calentamiento mundial futuro, como ha acordado la comunidad internacional.
Una propuesta factible
Alrededor de 50 países tienen un esquema de fijación de precios del carbono de alguna forma. Pero el precio promedio mundial del carbono es actualmente de solo 2 dólares por tonelada, una carga fiscal muy por debajo de lo que necesita el planeta, según el FMI.
La entidad pone como ejemplo a Suecia. Su impuesto al carbono es de 127 dólares por tonelada y ha reducido las emisiones en un 25% desde 1995, mientras que la economía se ha expandido en un 75% desde entonces.
Suecia tiene un impuesto al carbono de 127 dólares por tonelada y ha reducido las emisiones en un 25% desde 1995, mientras que su economía se ha expandido en un 75% desde entonces
En este caso, el FMI propone que los gobiernos aborden estos problemas con un acuerdo sobre un precio mínimo del carbono para los países con altos niveles de emisiones. Esto se puede hacer de manera equitativa con un requisito de precio mínimo más estricto para las economías avanzadas.
Por ejemplo, un precio mínimo de carbono de 50 y 25 dólares por tonelada en 2030 para los países avanzados y en desarrollo del G20, respectivamente, reduciría las emisiones un 100% más que los compromisos actuales de los países en el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015, afirma la organización. Los países que desean utilizar políticas diferentes, como regulaciones para reducir las tasas de emisión o frenar el uso del carbón, podrían unirse al acuerdo de precio mínimo si calculan el precio equivalente de carbono de sus políticas.
Quien contamina, paga
Los honorarios son otra opción a disposición de los responsables políticos. Como su nombre indica, en un sistema de pago de tarifas, los gobiernos cobran una tarifa a los contaminadores y otorgan un descuento por prácticas energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Los aranceles alientan a las personas a reducir las emisiones eligiendo vehículos híbridos en lugar de consumir gas o utilizando energías renovables como la solar o la eólica sobre el carbón.
Pero para el FMI, las políticas deben ir más allá de aumentar el precio de las emisiones de la generación de energía o el transporte doméstico. También es necesario introducir esquemas de precios para otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, de la silvicultura, la agricultura, las industrias extractivas, la producción de cemento y el transporte internacional.
Además, proponen que los gobiernos adopten medidas para apoyar la inversión en tecnología limpia. Estos incluyen actualizaciones de la red eléctrica para acomodar energía renovable, investigación y desarrollo, e incentivos para superar las barreras a las nuevas tecnologías, como el tiempo que les tomará a las compañías producir eficientemente energía limpia.
