Francia muestra el camino para reducir emisiones con su impuesto al carbono

La política industrial reciente de Francia puede servir de ejemplo para los gobiernos que quieren equilibrar en sus próximas medidas la lucha contra el cambio climático y las necesidades de su economía. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado este martes, el impuesto al carbono, que lleva en vigor en el país galo desde 2014, pueden reducir las emisiones de efecto invernadero sin suponer un coste importante en términos de empleo en el sector secundario.

El informe, que analiza 15 años de datos de 8.000 fabricantes franceses, concluye que cuando los costes de energía aumentan un 10%, las emisiones disminuyen un 9%. Actualmente, el precio de la tonelada de dióxido de carbono en Francia está en 44,6 euros, una subida considerable desde los siete euros que costaba esa misma tonelada en 2014, el primer año en el que hubo mercado de emisiones. Sin embargo, el punto crucial del estudio es que prueba que este elevado precio no motiva despidos por parte de las empresas: en todo ese periodo no hubo pérdida neta de empleo el sector. Además, los autores afirman que tampoco las pequeñas empresas no recortan sus plantillas cuando los precios energéticos se incrementan.

Este tipo de estudios tienen una gran importancia de cara a la próxima aplicación del Green New Deal de la Unión Europea, ya que pueden alentar a los políticos a tomar medidas de impuestos al carbono similares a las francesas con un menor temor a que este tipo de regulaciones puedan dañar el empleo y el crecimiento. Algunos países, como Polonia, ya exigen antes de firmar el Pacto Verde garantías sobre el impacto económico de buscar la neutralidad en carbono.

Esto se debe a la dificultad que para algunos políticos puede tener para vender medidas de ajuste tan profundas, ya que si tienen como consecuencia la pérdida de empleos o una subida general de los precios pueden llevar al descontento social. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, lo sufrió en sus carnes con su aumento en el impuesto a los combustibles de 2018, que provocó el surgimiento del movimiento de los chalecos amarillos. La tensión en las calles le obligó a retroceder e implementar recortes de impuestos de miles de millones de euros para poder estaurar la calma.

Ir más allá

Pero si se quiere actuar contra el clima, puede ser necesario arriesgar. Según el documento de la OCDE, el impuesto al carbono actual sobre la industria francesa significa que las emisiones de 2018 fueron un 5% más bajas de lo que hubieran sido en un escenario sin impuestos. «El efecto neto en los trabajos es mucho menor e incluso puede ser positivo en torno al 0,8%», explica Damien Dussaux, autor principal del documento de trabajo de la OCDE.

Y la OCDE asegura que se puede ir incluso más allá. Según sus simulaciones, un aumento de casi el doble en el impuesto al carbono hasta alcanzar los 86 euros por tonelada reduciría las emisiones de carbono un 8,7% más. Aún así, Dussaux advirte que los gobiernos deberían estar mejor preparados para ayudar a los trabajadores, especialmente porque los posibles efectos perjudiciales en el mercado laboral no se distribuyen de manera uniforme. Es decir, aunque la pérdida de empleos netos sea irrelevante, el encarecimiento de la energía acarrea un desplazamiento de la producción y de la mano de obra desde empresas intensivas en energía a otras eficientes.

«Estos costes de transición generalmente están altamente localizados en regiones especializadas en actividades contaminantes, por lo que también pueden traducirse en efectos regionales potencialmente significativos y, por lo tanto, en altos costes políticos», asegura Dussaux.