Debido a la contaminación del aire crónica que sufre su país de origen, Bangladesh, un tribunal francés ha rechazado la deportación de un hombre con problemas respiratorios, abriendo por primera vez en Europa la puerta a los refugiados ambientales
La justicia climática ya está aquí. El calentamiento global no solo produce cambios de calado en nuestras sociedades y economías, sino que está transformando también nuestro ordenamiento jurídico. Cada vez más activistas ambientales se valen de los tribunales para exigir a los gobiernos una mayor ambición ambiental, lo que ha provocado sentencias históricas en favor de la acción climática en países como Holanda o Reino Unido. Pero el último avance jurídico potencialmente decisivo se ha producido en Francia, donde un juez ha dictaminado que no se puede extraditar a un hombre de Bangladesh a su país de origen porque la alta polución de esta nación podría suponer un riesgo para su salud, abriendo la puerta a la figura del refugiado ambiental.
Es la primera vez que el medio ambiente ha sido citado por un tribunal europeo en una audiencia de extradición como motivo para impedir la expulsión de una persona. En concreto, la sentencia explicita que es un factor ambiental, la contaminación del aire, la que hace que no sea seguro enviar a este hombre de regreso a Bangladesh, aunque también ha pesado en la decisión el hecho de que el migrante estuviera siguiendo un tratamiento en Francia que era prácticamente imposible de obtener en su zona de origen.
La tasa de contaminación en este país es una de las más altas del mundo
«La idea de enviarlo de regreso es totalmente imposible porque la tasa de contaminación en este país es una de las más altas del mundo. La tasa de partículas finas en el aire media en Bangladesh es seis veces la tasa máxima autorizada por la OMS», ha asegurado en declaraciones a France Télévisions el abogado del afectado, Ludovic Rivière. «El aire en ese país es totalmente irrespirable y lo es aún más para alguien como este señor, que padece una enfermedad respiratoria«, ha añadido.
El hombre, que tiene 40 años y trabaja desde hace casi una década como camarero en Toulouse, es de Bengali, una ciudad a 200 kilómetros de Daca, la capital de Bangladesh, que ostenta el dudoso honor de ser el país más contaminado del mundo según los datos de la OMS y la ONG suiza IQAir. Una situación que supone un riesgo mortal para personas con problemas crónicos de salud, como este ciudadano que padece una enfermedad respiratoria crónica con síndrome de apnea del sueño grave que requiere asistencia respiratoria nocturna, razón por la que tiene, desde 2015, un permiso de residencia temporal como «extranjero enfermo».
Para obtener y renovar este estatus, son necesarios tres criterios: un estado de salud que requiera tratamiento médico, que en ausencia de este tratamiento hubiera consecuencias graves y que éste no esté disponible en el país de origen. Sin embargo, en 2017, la prefectura de Toulouse decidió denegar la prórroga de esta residencia autorizada por motivos de salud al ciudadano de Bangladesh, considerando que ya existían tratamientos similares en su país. Sin embargo, la decisión de los tribunales ha añadido un cuarto criterio (el de la contaminación ambiental en origen), que obliga a la administración a regularizar cuanto antes la situación del migrante.
¿Un adelanto del futuro?
Actualmente, los países de la Unión Europea reconocen en teoría como refugiado a toda persona que ha sido perseguida en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual, por lo que no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país.
Sin embargo, esta decisión del tribunal francés añade una nueva variable a la hora de otorgar este estatus que pronto podría encontrar réplicas en otros estados europeos: las condiciones climáticas o ambientales en origen.
En este contexto, la polución puede ser un asunto clave. «Tenemos derecho a respirar aire puro. Los gobiernos y los tribunales están comenzando a reconocer este derecho humano fundamental. El problema no es solo el de Bangladesh y el mundo en desarrollo. La contaminación del aire contribuye a alrededor de 200.000 muertes al año en el Reino Unido. Una de cada cuatro muertes en todo el mundo puede estar relacionada con la contaminación”, explica a The Guardian Sailesh Mehta, un abogado especializado en temas ambientales. De hecho, en las islas británicas un tribunal ha fallado recientemente que el Estado tiene la culpa de la muerte de una niña inglesa por polución.
En cualquier caso, fallos como este, en los que la calidad del aire u otra contaminación se convierten en un motivo para evitar la deportación, suponen un paso adelante en el ordenamiento jurídico ambiental. Sobre todo, porque pueden sentar un precedente para otros casos futuros en los que los impactos del cambio climático justifiquen rechazar la deportación de personas a países especialmente afectados por problemas ambientales.
En este sentido, un reciente fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que la expulsión de Nueva Zelanda de un migrante que venía de una isla del Pacífico es contraria al derecho internacional ante el riesgo de inundaciones que sufre ese territorio.
Según apunta la Environmental Justice Foundation, cada 1,3 segundos una persona se ve obligada a abandonar sus hogares y comunidades debido a la crisis climática, pero por el momento estos millones de «refugiados climáticos» carecen de protección legal real. Fallos como el de este tribunal francés hacen pensar que, sin embargo, esta situación podría cambiar en muy poco tiempo.
