El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera pone en consulta pública el borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que busca asegurar la adaptación y resiliencia al clima en España entre 2021 y 2030
En plena pandemia del coronavirus, es importante recordar que hay otra gran problemática mundial que amenaza con ser incluso más disruptiva: la crisis climática. El calentamiento global sigue su curso y los Gobiernos mundiales buscan la fórmula de combinar la reconstrucción tras la epidemia con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático que pueden marcar la diferencia en las próximas décadas. En ese sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado este lunes el borrador del nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), una auténtica hoja de ruta a diez años vista que busca preparar a España para los impactos del cambio climático.
El documento, que lleva en preparación desde que Teresa Ribera asumiera el mando del ministerio hace ya casi dos años, está basado en las recomendaciones concretas de especialistas de diferentes sectores relacionados con el medio ambiente. El PNACC, que incluye 81 líneas de acción divididas en 18 áreas de trabajo, deberá ser desarrollado por parte de los diferentes actores socioeconómicos del país, con el objetivo de construir una economía y una sociedad más seguras y menos vulnerables a los impactos y riesgos del calentamiento global.
«Clima, naturaleza y biodiversidad están estrechamente conectados, pero sabemos también que el modo en el que vivimos, las infraestructuras, los espacios comunes en las ciudades, la salud, la economía y los sectores productivos dependen enormemente del estado de salud del clima» ha comentado Ribera en la presesentación del plan, que actualiza y mejora las líneas principales de su predecesor, adoptado en 2006 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado pionero en Europa.
En la práctica, el PNACC es un instrumento de planificación básico que permite promover una acción climática nacional coordinada y coherente. Tiene una perspectiva transversal, multilateral y multinivel, es decir, que busca movilizar medidas desde distintos sectores y diferentes escalas territoriales. Por lo tanto, será necesario que haya muchos actores políticos sociales y políticos implicados para asegurar su éxito, que en cualquier caso dependerá también de que se modifiquen ciertos marcos normativos y presupuestarios.
Ribera cumple así con uno de los compromisos que adquirió poco después de la creación del Gobierno a principios de año, tras aprobar la declaración de emergencia climática. Aún así, es importante recordar que este plan es tan solo un borrador que aún puede sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Como los plazos legales están suspendidos por el estado de alarma, habrá que esperar a que éste finalice para que empiecen a correr los quince días en los que la ley estipula que se pueden incorporar comentarios. Luego, tendrá que seguir todo el recorrido legislativo habitual para ser aprobado en el Consejo de Ministros, por lo que es posible que no haya una versión definitiva del PNACC hasta finales de año.
Anticipar y minimizar daños
Con respecto al contenido del borrador, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones concretas para poder construir una resiliencia al cambio climático que permita anticipar y minimizar sus daños. En concreto, este nuevo plan define y describe, en forma de fichas, 81 líneas de acción sectoriales encuadradas en 18 ámbitos de trabajo, entre los que destacan clima y escenarios climáticos, salud humana, agua y recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas, forestal, desertificación, caza y pesca continental y agricultura, ganadería, pesca y alimentación.
También se incluyen ámbitos como costas y medio marino, ciudad, urbanismo y vivienda, patrimonio cultural, energía, movilidad y transporte, industria y servicios, turismo, sistema financiero y actividad aseguradora, reducción del riesgo de desastres, investigación e innovación, educación y sociedad y paz, seguridad y cohesión social. Una enorme y variada cantidad de líneas de acción que refleja la multitud de aspectos de nuestra vida social y económica que se ven afectados por la crisis climática.
El nuevo PNACC incorpora por primera vez siete líneas de trabajo claves para que sean transversales a todos los ámbitos de aplicación. En cualquier análisis climático sectorial que se haga, se deberá tener en cuenta la vulnerabilidad territorial y social, los efectos transfronterizos, la perspectiva de género, la prevención de la mala adaptación e incentivos perversos, los costes y beneficios de la acción y la inacción, y la orientación a la acción.
También supone una novedad absoluta la definición de un sistema de 28 indicadores de impactos y adaptación, que deberán aportar una visión dinámica de los efectos derivados del cambio climático y los progresos obtenidos en materia de adaptación, facilitando la mejora continua de las políticas y medidas. Se incluyen, por ejemplo, indicadores de impacto del cambio climático en la salud, de daños económicos por tormentas costeras, un índice de explotación de agua sobre el recurso existente o una lista especies silvestres amenazadas.
De esta manera, el borrador del plan refuerza de forma notable los instrumentos de información y seguimiento de las políticas públicas de adaptación y del propio plan. Además de los indicadores, se publicarán informes globales que sintetizarán y proporcionarán una panorámica actualizada del conocimiento relativo a los riesgos derivados del cambio climático en España. También se realizarán informes sectoriales y estudios de seguimiento del grado de cumplimiento del propio PNACC.
Adaptarse o morir
El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 forma parte de una serie de instrumentos de planificación en materia de energía y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir los peores efectos de la crisis climática. El Gobierno también se encuentra en plena elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, además de estar desarrollando la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha de enviarse a Bruselas.
El objetivo de toda esta actividad legislativa en materia ambiental es claro: encontrar la forma de adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos para poder evitar lo que probablemente será un shock brutal para nuestra economía e incluso nuestra forma de vivir. Y es que, en España, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. La temperatura media en el conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC desde la época preindustrial, el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los ochenta. Además, la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados en los últimos veinte años.
Sectores clave de nuestra economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. Pero también otros muchos campos esenciales para nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda pueden sufrir las consecuencias de la crisis climática. Sobre todo, si la parte mas visible del calentamiento global, los fenómenos climáticos extremos, como la DANA o la borrasca Gloria que arrasaron partes de la península este último año, se van volviendo más habituales y potentes.
Por eso, es necesario más necesario que nunca, como apunta Ribera, «reflexionar sobre cuál es el mejor modo de construir resiliencia frente a los impactos del cambio climático, mejorar nuestra capacidad de anticipación e identificar cuáles son las mejores orientaciones para los distintos sectores de nuestra actividad económica si queremos construir una economía sólida y una sociedad inclusiva». Este plan supone un primer paso, pero aún queda mucho camino por recorrer.
