La Fundación Alternativas y la Fundación Iberdrola han presentado en el Congreso de los Diputados un estudio que afirma que aplicar diversos impuestos a los carburantes y a los billetes de avión podrían ser una solución para mitigar el cambio climático. España está a la cola en la recaudación de impuestos ambientales en la UE
La guerra ha comenzado. Europa se encuentra en estos momentos sumergida en una contienda contra el sector energético, fuente principal de gases de efecto invernadero, por la supervivencia del planeta. El sector implicado cuenta con la ayuda de la actual cadena insostenible de producción y consumo de energía basada en hidrocarburos, mientras que el continente cuenta con un arma secreta con la que espera ganar la confrontación: los Impuestos Energético-Ambientales.
Así lo han destacado los autores del nuevo informe publicado por la Fundación Sostenibilidad y la Fundación Iberdrola en el que explican que el uso de este tipo de herramientas va a ser fundamental para la transformación de ese sector y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Según Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y autor de la investigación, esto se debe a que son capaces de corregir las externalidades ambientales asociadas a la energía.
España tiene un enorme potencial renovable, pero que sigue apostando por la importación de petróleo y gas natural
Además de estos dos factores, Xavier Labandeira ha comentado que los impuestos ayudarían a corregir esas externalidades porque suponen una fuente de ingresos estable que retroalimentarán proyectos de innovación que ayudarán a avanzar contra el cambio climático.
“Son un instrumento completamente necesario para poder abordar la transición”, ha señalado Labandeira.
En este contexto, cabe destacar que España está a la cola en la recaudación por este tipo de impuestos en la Unión Europea. Mientras que en el continente la media representa el 1,8% del PIB de los países, en España, estos impuestos representan el 1,5%. Un hecho que se debe en parte “a la ineficacia de la administración que no ha sabido desarrollar una estrategia ordenada y compartida con las comunidades autónomas”, señala el informe.
Dónde aplicar los impuestos
Existen infinidad de propuestas para aplicar este tipo de impuestos, sin embargo, los autores del texto han abogado por inclinarse por aquellas que puedan tener efectos a corto y a medio plazo con el fin de incrementar la capacidad recaudatoria y de corregir externalidades de los actuales impuestos.
En este sentido, la primera medida que han presentado ha sido la intensificación de la actual tributación de diésel y gasolina. En concreto, los expertos han explicado que, si se igualan las tasas del diésel y la gasolina, la reforma generaría más de 2.600 millones de euros adicionales, permitiendo reducir un 1,6% el consumo agregado de gasolina y diésel y las emisiones de CO2 asociadas.
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Por otro lado, ambos autores han propuesto un impuesto en los billetes de avión, una medida con la que pretenden frenar la escala de consumo de este medio de transporte que supone el 2,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que, según el informe, existen diversas complicaciones legales y operativas para introducir impuestos sobre los carburantes o el IVA de los vuelos, por lo que a corto plazo no existe otra medida viable tan efectiva.
“Es una medida totalmente viable, aunque hay que investigar el impacto real en un país turístico como España y sin evitar que solo unos pocos disfruten de los aviones”, ha argumentado el catedrático.
Por último, Xavier Labandeira ha señalado que también se deberá penalizar el uso de combustibles fósiles a través de un impuesto que obligue a los agentes a abonar 30 euros por tonelada de dióxido de carbono para 2030, y de 40 euros para el 2040. Muy lejos de los 75 euros que que propuso la pasada semana el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ayudas para evitar la desigualdad
La utilización de estos impuestos, no obstante, puede suscitar malestar entre los distintos estratos sociales, tal y como pasó este año en Francia con los impuestos a los carburantes.
Para evitar este tipo de situaciones, los autores han expuesto que la mejor solución viene dada por paquetes de ayudas económicas a las rentas más vulnerables, que son, en este caso, las familias con rentas medias.
“En este contexto, dado que esta reforma generaría más de 2.800 millones de euros, se podría utilizar toda o parte de la recaudación para mitigar sus impactos regresivos”, han informado en el trabajo.
Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que un 70% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no están sometidas a ningún gravamen.
Según la entidad, únicamente a un 3% se les aplica un impuesto de al menos 30 euros por tonelada de CO2, una cifra que se considera un referente mínimo para compensar el daño medioambiental.
Solo cuatro de los 44 países analizados en el estudio (Dinamarca, Holanda, Noruega y Suiza) tienen tasas superiores a esos 30 euros para las emisiones que se producen fuera del transporte por carretera. España se sitúa en la parte baja de la tabla, con algo menos de 5 euros por tonelada.
La gasolina es, con diferencia, el combustible fósil sujeto a una mayor imposición, de 85,83 euros por tonelada seguido del diésel, 73,76 euros, y, a muy gran distancia, del gas licuado de petróleo con 11,12 euros y del gas natural con 5,26.
“Si la carga fiscal total por las emisiones de CO2 se fijara en 30 euros por tonelada, permitiría generar alrededor del 1 % del producto interior bruto (PIB) en estos 44 países”, ha señalado el organismo en el informe.
En este sentido, la OCDE ha lamentado que no se utilicen más los impuestos para luchar contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. Además, ha apuntado que gracias a ese dinero se podrían llevar a cabo reformas fiscales en profundidad, como por ejemplo reducir el impuesto sobre la renta o aumentar las inversiones en campos que aumentan la productividad, como la educación, la sanidad o las infraestructuras
