El Gobierno acelera la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El ministerio ha presentado un borrador que incluye la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en todas las localidades de más de 50.000 habitantes y colocar puntos de recarga para vehículo eléctrico en el 9% de las gasolineras del país
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha remitido al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley, largo tiempo esperada y demorada por los sucesivos cambios de gobierno de los últimos años, será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación a una economía baja en carbono en España.
Entre las medidas incluidas en la ley, se incluye una que afectará especialmente a los entornos urbanos. El borrador establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Además, añade un cláusula para garantizar el cumplimiento de esta orden, y es que cualquier medida municipal que suponga una regresión para esas zonas deberá contar con un informe positivo de la Administración central o autonómica competentes.
El texto del anteproyecto de ley ha sido presentado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al CAMA, dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Previamente, el borrador debe ser revisado también en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado.
Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son «fundamentales» por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por «endurecer» las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública.
Ribera ha ratificado su compromiso de llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático tras haber anunciado en su primera intervención al frente del nuevo Gobierno que lo haría en sus primeros 100 días de mandato.
«La fecha se prevé para mediados de marzo», ha precisado la ministra Ribera, quien ha señalado su interés por que este borrador llegue «cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento del mismo por parte de los grupos parlamentarios».
Recarga de coches eléctricos
El borrador también introduce medidas de apoyo a la expansión del vehículo eléctrico. El Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.
El anteproyecto establece además la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kW en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9% del total de la red de gasolineras.
Con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previstas, el compromiso para 2030 es reducirlas al menos un 20% respecto a 1990; este objetivo es coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea, que pasaría del actual 40% a una horquilla entre el 50% y el 55%.
El anteproyecto fija también para 2030 generar el 70% de la electricidad con renovables y asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía provenga de esas fuentes de energía.
El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH); cada dos años, estas entidades deberán elaborar un informe con una evaluación de riesgos y oportunidades asociados a un sistema descarbonizado sobre las actividades de la entidad, estrategia y planificación financiera.
Asimismo, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.
Otra de las novedades del anteproyecto es el título dedicado a la gobernanza y fija que los planes, estrategias y disposiciones que se adopten contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo la participación de agentes sociales, económicos y público en general.
