La futura ley climática ha entrado en su fase final tras concluir la semana pasada el debate de enmiendas en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, por lo que ahora solo queda la votación y aprobación final
Una década después de que las Cortes pidieran por primera vez una ley climática y cinco años después de que España firmase el Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética está más cerca que nunca de convertirse en una realidad. El documento legislativo ha entrado en su fase final tras concluir la semana pasada el debate de enmiendas en la ponencia de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, por lo que solo queda el debate final entre todos los diputados, la votación y la aprobación. Su objetivo global, en línea con lo firmado en París, es lograr la neutralidad climática en 2050, por lo que grupos ecologistas han criticado la meta intermedia de un recorte de emisiones para 2030 del 23% por considerarlo «poco ambicioso».
A pesar de esto, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, que impulsa la ley a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha congratulado por el esfuerzo realizado. Según el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso y diputado de UP, Juan López de Uralde, se trata de «una de las leyes fundamentales de esta legislatura», por lo que ha agradecido también el apoyo de Bildu, ERC, PNV y Teruel Existe al documento.
Fuera de los apoyos ha quedado eso sí Más País, en el que está integrado el partido ecologista Equo. En un comunicado, el partido liderado por Íñigo Errejón ha acusado a PSOE y UP de marginar todas sus enmiendas de forma sistemática. Una protesta que no impedirá, según han señalado, continuar negociando con el resto de grupos, ya que hasta el momento de su aprobación seguirán «proponiendo para que la ley esté a la altura del reto climático».
López de Uralde ha asegurado que todavía no está todo hablado y que desde el Gobierno esperan lograr el respaldo de más grupos de aquí a su aprobación, pese a que ya cuente con el número de apoyos necesarios tras el proceso de enmiendas que ha servido para «mejorar sustancialmente el contenido de la ley» y hacer de ella una legislación «ambiciosa en la lucha contra el cambio climático». El objetivo es que la nueva normativa salga con un consenso casi absoluto que deje el cambio climático fuera de luchas partidistas, una meta para que el Gobierno confía en convencer a PP y Ciudadanos.
La armonización y el desarrollo económico de las zonas con energías renovables y la consideración de las más recientes evidencias científicas disponibles han sido dos de las enmiendas más importantes introducidas en los principios rectores de esta ley. De la misma forma, de aquí a 2030 se ha aumentado de un 20 a un 23% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de un 35 a un 42% el de producción de energía renovable sobre el total de la energía final consumida, de un 70 a un 74% el de generación de renovable, y se pretende que el consumo de energía primaria se reduzca en un 39,5% (antes era un 35%).
Eficiencia y biodiversidad
El nuevo proyecto de ley tendrá en cuenta también la digitalización, los impactos del cambio climático en la salud pública y la consecución de una dieta alimentaria sostenible con el medioambiente. Además, habra un apartado importenante dedicado a medidas de eficiencia como la rehabilitación energética de edificios, lo cual López de Uralde ha asegurado que contribuirá a la creación de empleo, además de reducir emisiones.
Respecto a las peticiones ecologistas de evitar el impacto sobre la biodiversidad de las renovables, se asegura en el artículo 22 que el desarrollo de la energía renovable «debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial». A ello se añade que «las Administraciones públicas promoverán la identificación, clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono«, algo en lo que López de Uralde considera que aún hay «espacio de mejora».
El renovado proyecto de ley también acota las energías no renovables, ya que «no se procederá a la admisión a trámite de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos» ni se «otorgará permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas ni fisionables», según Uralde.
Ahora el texto está pendiente de pasar por la mesa de la Comisión, que se reunirá después de Semana Santa y hasta entonces, el presidente de la Comisión y miembro de UP ha asegurado que desde su grupo trabajarán por lograr introducir un compromiso de revisión de los objetivos de reducción de emisiones para el año 2023.
