El Congreso empezará a discutir este jueves las 757 enmiendas parciales al articulado del proyecto de Ley de Cambio Climático, un proceso que retrasará la aprobación de la esperada norma al segundo trimestre de 2021
La vicepresidenta Teresa Ribera esperaba que la primera ley climática de España se aprobara antes de finalizar 2020, pero ha sido imposible. Las dificultades planteadas por la pandemia de coronavirus, que ha cambiado las prioridades de toda la agenda legislativa, es uno de los principales motivos de este retraso en la aprobación definitiva de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también se ha visto afectada en su tramitación por el gran número de enmiendas parciales que han presentado prácticamente todos los grupos políticos presentes en el Congreso. Este mismo jueves se empezarán a discutir las 757 enmiendas en una ponencia parlamentaria, con el objetivo de tener lista la versión definitiva del texto cuanto antes.
En la primera de las reuniones de la ponencia de estudio de la ley se analizarán los artículos 1 a 7 de la iniciativa legislativa que, entre otros, establecen los objetivos de reducción de emisiones, por lo que los trabajos de la ponencia tendrán una duración de varias semanas. No obstante, según han calculado fuentes parlamentarias, si el texto se aprueba sin modificaciones en el Senado, donde a su tramitación se le ha dado carácter de urgencia, España podría contar con su primera ley de cambio climático esta misma primavera, en torno a finales de marzo o principios de abril.
Según ha comentado el diputado de Podemos y presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, Juan López de Uralde, las conversaciones previas a las ponencias están «muy avanzadas», aunque también reconoce que no van al mismo ritmo con todos los partidos. Aún así, existe un consenso entre todas las fuerzas políticas, exceptuando a Vox, sobre la necesidad de aprobar cuanto antes esta ley, que será clave en la transición ecológica de España al incluir disposiciones sobre emisiones, movilidad sostenible, rehabilitación de edificios o el cese de la explotación de yacimientos de combustibles fósiles.
Se trata de un proyecto de ley “muy importante” y transversal, aunque con muchos aspectos pendientes de debatir especialmente en el ámbito económico en el que muchos sectores se verán afectados, ha explicado el portavoz de cambio climático del Grupo Popular, Diego Gago. Para este diputado, existe un gran consenso político en “el espíritu” que subyace tras esta ley por la necesidad de atajar el calentamiento global, aunque existen diferencias entre los grupos sobre cómo abordar el problema así como numerosas lagunas pendientes, para sacar adelante la norma con el mayor consenso posible, ha añadido.
Los ecologistas presionan
Ante los sucesivos retrasos que acumula la ley climática, varios grupos ecologistas están presionando al Congreso para que acelere los plazos y aproveche la presentación de enmiendas para aumentar la ambición de la norma, sobre todo en materia de reducción de emisiones. Después de la larga tramitación parlamentaria esta fase final debería ser la última oportunidad para «reforzar la ley y dotarla de la ambición de la que carece», ha declarado José Luis García, coordinador de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.
Para los ecologistas, la principal mejora que necesita la futura ley es aumentar los objetivos climáticos; con el actual texto, España apenas reduciría entre un 20% y un 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990. Sin embargo, este objetivo debería elevarse a al menos un 55 %, para garantizar que España contribuye, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 grados tal y como persigue el Acuerdo de París, ratificado por nuestro país. Por el mismo motivo, el objetivo de cero emisiones netas debería adelantarse a 2040.
En la misma línea se ha pronunciado el partido «verde» Equo, integrado dentro de la formación Más País en el Congreso de los Diputados. Florent Marcellesi, su coportavoz, ha asegurado que la nueva ley tendría que reducir un 55% sus emisiones para 2030, porque «solo una ley ambiciosa en fomentar las energías limpias y dejar de subvencionar las sucias, en apostar por la movilidad sostenible, la participación ciudadana y la ciencia permitirá una transición ecológica y justa«. Según ha asegurado, su grupo ya habría presentado enmiendas en este sentido.
