El Consejo de Ministros remite al Congreso las 172 recomendaciones no vinculantes de la Asamblea Ciudadana del Clima para lograr una España más justa y segura contra el cambio climático



Fomentar el teletrabajo para reducir los desplazamientos, garantizar el alquiler social en todos los territorios para evitar el desplazamiento al lugar de trabajo o disminuir la jornada laboral a cuatro días y fomentar un uso sostenible de los recursos hídricos son algunas de las recomendaciones con las que la Asamblea Ciudadana para el Clima pretende que España sea más justa y segura contra el cambio climático.
Tras siete meses de deliberaciones para concluir su informe y después de presentársela al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el primer mandato de la Asamblea Ciudadana del Clima culmina con la remisión, por parte del Consejo de Ministros, al Congreso de los Diputados del informe con las 172 recomendaciones adaptadas que pretenden facilitar la toma de decisiones del poder ejecutivo y legislativo a la hora de afrontar la adaptación al cambio climático.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha celebrado el matiz «innovador e interesante» de esta asamblea ciudadana respecto al modo en el que «tradicionalmente» se ha tutelado hasta la fecha las cuestiones ambientales.
Se trata, según Ribera de una experiencia «pionera, distinta, en un formato poco habitual» que ha permitido que cien ciudadanos españoles durante más de siete meses hayan debatido y propuesto recomendaciones sobre como luchar contra el cambio climático, con una visión «distinta» sobre el modo de acelerar la transición climática.
Así, ha recordado que la Asamblea Ciudadana surgió de la declaración de la emergencia climática en enero de 2020 y que se consolidó con la aprobación de la estructura de la Asamblea a finales de septiembre del año pasado.
Desde entonces, ha subrayado que cien ciudadanos que han representado una «mini España» por su edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural, han llegado a 172 recomendaciones para 58 objetivos de cinco áreas: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas.
La vicepresidenta ha elogiado que la Asamblea ha buscado el «equilibrio correcto» en unas recomendaciones que ahora deberán ser evaluadas, estudiadas y analizadas por los poderes públicos para poder integrar «lo más eficaz» para la lucha contra el cambio climático.
Ahora, según ha añadido, el Consejo de Ministros remitirá las recomendaciones de la Asamblea al Congreso de los Diputados para que sea en ese ámbito donde los ciudadanos, a través de sus portavoces, puedan compartir sus conclusiones con el poder legislativo y se pueda abrir «un nuevo camino de cauces de participación pública y ciudadana más allá de los oficiales, institucionales o electorales».
Recomienda un uso sostenible del agua
El agua tiene un gran protagonismo entre los objetivos que ha priorizado la Asamblea del Clima, no solo por su relevancia para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, sino por el impacto que el cambio climático tendrá sobre los recursos hídricos. En este sentido no solo resalta la necesidad de renaturalizar y restaurar los ecosistemas acuáticos, sino que hay que preservar el estado de las masas de agua en calidad y cantidad para garantizar la seguridad hídrica.Uno de los objetivos específicos que han planteado se centra en hacer un uso y consumo sostenible del agua por parte de todos los sectores en España, ya que todos estos (agricultura, industria incluida la energía y el consumo de agua) tienen un impacto en los ecosistemas. Al hacer un mejor uso y consumo, se ayudará a reducir la presión sobre los ecosistemas.
La Asamblea señala en el informe final, ahora remitido al Congreso, que el agua es un recurso esencial para la vida en nuestro planeta, tanto de las personas como de nuestros ecosistemas. De hecho, los ecosistemas acuáticos actualmente son de los que se encuentran en peor estado, por ejemplo, desde 1970, se han perdido el 83% de las especies de agua dulce y el 30% de los ecosistemas de agua dulce.
Señalan que es «importante destacar la centralidad del agua en la adaptación y, por tanto, la importancia de proteger los recursos hídricos y su resiliencia», en torno al 80% de todas las respuestas de adaptación actuales también están relacionadas con el agua y tienen como objetivo reducir los impactos de la variabilidad de las lluvias, sequías, inundaciones, agotamiento de las aguas subterráneas, déficit de humedad del suelo.
Los asambleístas han visto la justificación bajo el lema de “Nos quedamos sin agua”, es decir, la escasez de agua que ya se experimenta en muchos territorios.
El uso del agua de la industria agroalimentaria tiene un objetivo específico para la Asamblea Ciudadana del Clima, con sus respectivas recomendaciones que se centran en la contaminación difusa, prohibición y endurecimiento de sanciones por usos ilegales del agua o los nitratos.
apuntan a la importancia de realizar un cambio en la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica que responda al actual contexto y reto de cambio climático. Además de proteger nuestros ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras que aportan un amplio espectro de servicios sociales, económicos y ambientales que contribuyen a mantener y mejorar el bienestar en nuestras sociedades.
Las recomendaciones para preservar la cantidad y calidad del agua en España también pasan por impulsar las políticas de reutilización del agua para todos los usos e incorporarlo como objetivo en las políticas urbanísticas para acomodar el desarrollo a la disponibilidad de recursos hídricos e implementar sistemas de reutilización de aguas grises en edificios y viviendas.
También respaldan el estímulo del consumo del agua de grifo frente a las embotelladas para limitar los residuos plásticos.
Amparados por la Ley de Cambio Climático
La Asamblea Ciudadana por el Clima nació y ha operado al amparo de lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (art.39.1), como respuesta a la necesaria búsqueda de soluciones para alcanzar sociedades descarbonizadas y más resilientes.
La llamada de la comunidad científica a promover una transformación económica y social sin precedentes necesita de una sociedad informada que impulse cambios en los modelos de producción y consumo a través de sus comportamientos y hábitos cotidianos.
De acuerdo con el mandato de la Asamblea, el centenar de ciudadanos elegidos al azar a partir de una muestra estratificada -para reflejar la diversidad de la sociedad española- participantes han debatido durante siete meses en torno a la pregunta “Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?”, con el objetivo de adoptar conclusiones para facilitar la toma de decisiones en todos los ámbitos de la administración, tanto al Gobierno como al los legisladores del Congreso de los Diputados.
