El crecimiento de la masa forestal y las mejoras en su gestión, permiten que las emisiones netas decrezcan de forma sostenida en el tiempo, según un reciente informe del Institut Agricola Català Sant Isidre que asegura que una política de reforestación del 15% del territorio nacional permitiría en 2050 llegar a emisiones netas nulas
España podría alcanzar el objetivo de neutralizar sus emisiones de CO2 procedentes de los sectores industrial y agropecuario si reforestara el 15% del territorio nacional y se apostara por una política de gestión y aprovechamiento de los montes, según se desprende del último informe del Institut Agrícola Catalá Sant Isidre.
España, con 7.500 millones de árboles, es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal, sólo por detrás de Suecia y Finlandia
Concretamente, 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas, donde su masa forestal crece a un ritmo anual del 2,19% (media europea de 0,51%), según datos de Eurostat recogidos por el Anuario Estadístico de España 2017.
Esto supone que más de la mitad del territorio español es forestal (54,8%), y donde la mayor parte se divide entre monte bajo (matorral) y bosque.
En este sentido, el Institut Agrícola señala que el margen de mejora está, sobre todo, en el aprovechamiento de los bosques, donde sí existe un déficit claro con respecto a los países europeos.
Con datos de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, nuestro país es el octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan en el monte del orden de 30 a 40 millones de m3/año de madera y biomasa.
Además, en comparación con países de bosques semejantes como Francia o Italia, España aprovecha poco la madera como uso energético.
Un lastre para el sector
Las regiones que tienen un porcentaje de monte de titularidad comunal y desconocida por encima de la media, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España.
En este análisis hay casos particulares de regiones donde las entidades locales gestionan de una mejor forma las propiedades comunales limpiando los montes y explotando el potencial turístico que tiene en pleno auge del turismo rural.
Así, la Comunidad Valenciana y Cantabria son las comunidades autónomas con mayor incremento en puntos porcentuales de la superficie afectada por incendios y a la vez con un porcentaje elevado de propiedad en manos comunales (entidades locales, sobre todo y en manos desconocidas) superior en media al 50%.
Por el contrario, Galicia, Castilla y León y el Principado de Asturias son las que han registrado menos superficie quemada entre 2018 y 2017 y posee una estructura de propiedad comunal y desconocida por debajo de la media (en torno al 30%).
Despoblación e incendios
La despoblación de las zonas rurales afecta especialmente al sector forestal en términos de abandono de explotaciones sin que éstas pasen a otras manos que lo puedan gestionar correctamente.
En la mayor parte de los casos está relacionado con el abandono de explotaciones ganaderas, de las cuales el monte es parte esencial para su alimento.
Las provincias donde el fenómeno de despoblación es más avanzado, es donde la superficie forestal es más importante en relación con el conjunto del territorio provincial y, por ende, con un elevado riesgo de incendios.
Crisis del sector forestal
En los últimos diez años el sector forestal atraviesa una profunda crisis que acompaña a la tendencia desfavorable del sector de la madera que registra una fuerte caída de un 22% del consumo aparente mientras las extracciones apenas han crecido un 1% en 10 años.
Esta bajada de consumo es paralela a la continua deflación en los precios internacionales de la madera, con una balanza comercial negativa en la que las exportaciones se han duplicado y las importaciones se han desplomado un 77%.
Biomasa en el mix energético
La escasa penetración de la biomasa en el mix de generación eléctrico resta atractivo a la explotación del bosque.
España es el octavo en aprovechamiento de la madera quedándose cada año en el monte del orden de 30 a 40 millones de m3/año de madera y biomasa
En sentido positivo este frenazo augura un amplio recorrido para la explotación de la biomasa con un reforzamiento del sector forestal como clave fundamental para conseguir los objetivos de reducción de emisiones netas, tal como se establece en los acuerdos europeos y, en especial, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El Institut Agrícola considera que el aprovechamiento de la biomasa forestal producirá energía más limpia, menos contaminante y reduzcirá el malgasto de los recursos naturales.
“Una explotación sostenible y racional de la biomasa forestal permite obtener una fuente de riqueza estable y recurrente en el tiempo, además de reducir considerablemente el riesgo de incendios que cada año en promedio se lleva casi 100.000 hectáreas” afirma el informe.
España es líder a nivel europeo en Parques Nacionales y Espacios Protegidos, lo que supone más del 50% del total europeo y el 5% del total mundial
Alcanzar los objetivos de reducción de emisiones pasan para el Institut Agrícola por una política, tanto nacional como autonómica, donde haya un equilibrio entre agricultura e industria como emisores de CO2 cada vez más eficientes, y un reforzamiento del sector forestal basado en una sólida estructura de propiedad, con una regulación que favorezca el aprovechamiento de los bosques y evitar la penalización que supone una excesiva regulación medioambiental.
Es el caso, por ejemplo, de regiones como Asturias, Castilla y León o País Vasco, donde en 2017 se emitieron menos toneladas equivalentes de CO2 que en 1990, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los datos demuestran hasta qué punto viniendo de escenarios de altas emisiones como las de Asturias y País Vasco procedentes del sector industrial y en el caso de Castilla y León mayoritariamente del sector agrícola y ganadero, el crecimiento de la masa forestal y las mejoras en su gestión, permiten que las emisiones netas decrezcan de forma sostenida en el tiempo.
Este proceso de convergencia en la reducción de emisiones netas, sin embargo, cuenta con dos excepciones claras como son Andalucía y Cataluña, donde las emisiones netas son de las más elevadas y además han crecido entre un 0,55% y un 1,19% en tasa media anual desde 1990.
Ante estos datos, el Institut Agrícola defiende una política de reforestación del 15% del territorio nacional que permitiría en 2050 llegar a emisiones netas nulas.
El Institut Agrícola propone incrementar las superficies bajo una figura de gestión (plan técnico de gestión y mejora forestal), que una vez aprobados deben tener garantía de poder ser ejecutados (deben ser como derechos de tala refrendados por la Administración), y como tales deben poderse comercializar a terceros de manera que el propietario se beneficie de la venta con seguridad jurídica de los derechos de tala, al tiempo que las empresas gestoras de biomasa y forestales logran estabilidad en la carga de trabajo a medio plazo (lo que les permitiría invertir en maquinaria).
