Durante décadas, la enorme inversión de la Unión Soviética en ciencia situó a este país en la cima de la carreras matemática, nuclear y espacial. Pero, aunque todos conocemos historias de los cosmonautas y astrofísicos que llevaron a la URSS a luchar codo con codo por la hegemonía científica con Estados Unidos en la Guerra Fría, no somos conscientes de que el origen de la ciencia climática también se encuentra en Moscú. Y es que, en 1972, el climatólogo Mikhail Budyko fue una de las primeras personas en presentar una teoría sobre el calentamiento global, haciendo predicciones que aún son válidas hoy en día.
En concreto, este “padre” de la climatología actual postuló, cuando apenas había evidencia concreta del cambio climático, que los niveles de dióxido de carbono causados por la actividad humana ya eran superiores a los que surgían de procesos geológicos naturales, una teoría que le permitió hacer unas proyecciones que se han cumplido casi al milímetro. Según su modelo, el aumento de la temperatura mundial entre 1970 y 2019 sería de 1°C, tiempo en el que se produciría además la desaparición de aproximadamente el 50% del hielo multianual del Ártico. Según las observaciones el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el aumento ha sido finalmente de 0,98°C, mientras que la extensión del hielo ártico ha caído en un 46%.
Aunque al principio, como pasa con muchos grandes descubrimientos científicos, la clarividencia de Budyko no fuese bien recibida por sus pares, su trabajo atrajo gradualmente la atención de otros. Poco a poco, nuevos estudios masivos fueron aplicando esta teoría hasta que a finales de la década de 1980 se formó un amplio consenso científico sobre las contribuciones humanas al calentamiento global en curso, lo que llevó a la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Y fue precisamente en esta predecesora de las actuales Cumbres del Clima (COP) donde la Unión Soviética destacaba como voz líder frente a la emergencia climática.
Poco queda de ese espíritu 30 años después. Es cierto que, en diciembre de 1991, apenas unos meses antes de la adopción de la convención sobre clima, la Unión Soviética había desaparecido, con la mayor parte de su territorio e instituciones volviendo a la antigua denominación de Rusia. Pero el contraste entre la ambición climática y ambiental de los soviéticos, que llegaron incluso a negociar en 1989 una “alianza de seguridad climática” con su tradicional rival estadounidense, y el Gobierno ruso liderado por Vladimir Putin, es muy grande, aunque solo sea desde un punto de vista diplomático. En el Kremlin actual, el clima es un asunto secundario.
Los planes más recientes confirman esta falta de ambición. De acuerdo con el borrador de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de carbono, Rusia, que ya es el quinto país más contaminante del planeta, espera aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos 30 años y quiere depender de restaurar sus amplias extensiones forestales para cumplir con sus obligaciones climáticas internacionales. En concreto, el Gobierno prevé que para 2050 las emisiones aumenten un 8,2% desde los niveles de 2019, lo que equivale a más de 2.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, un aumento que esperan compensar con operaciones de captura de carbono como la plantación de árboles, la reducción de incendios y la restauración de humedales.
Acuerdos internacionales sin aplicación
La actitud del Gobierno ruso es sin embargo ambivalente. Aunque es cierto que en Rusia existe una patente falta de acción climática, esta resistencia no se ha trasladado al plano internacional, donde por mucho que el liderazgo soviético se haya evaporado, el país sigue formando parte de las principales alianzas y acuerdos contra el calentamiento global. Al fin y al cabo, ha firmado todos los tratados climáticos de la ONU, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el compromiso del Acuerdo de París de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Además, ha participado activamente en negociaciones climáticas en el marco de las Naciones Unidas, el G8 y el G20, y el bloque de países en desarrollo de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) durante más de dos décadas.
Esta participación climática internacional rusa a pesar de su nulo interés en tomar medidas reales se debe en gran medida a un pequeño “truco”: al considerarse a Rusia como heredero directo de la URSS, el Gobierno pudo cumplir fácilmente con el requisito de reducir sus emisiones en un 30% de los niveles de 1990, ya que Rusia realmente logró esto a principios de esa década como resultado de los cambios económicos sísmicos que siguieron al colapso de la Unión Soviética.
Sin embargo, esta situación no podía durar eternamente, sobre todo a medida que la economía rusa se recuperaba. Según los datos de Climate Tracker, que monitorea el progreso de todos los firmantes del Acuerdo de París, los objetivos climáticos actuales de Rusia son «críticamente insuficientes» para lograr una reducción de emisiones de efecto invernadero acorde con lo propuesto en la capital gala. “Bajo las políticas actuales, se espera que las emisiones de toda la economía de Rusia se estabilicen o continúen aumentando hasta 2030, cuando deberían estar disminuyendo rápidamente”, apuntan en su informe anual, criticando además el “nulo esfuerzo” que hace el país a nivel de financiación al desarrollo climático.
“Esto se debe en gran parte al pobre liderazgo de los tomadores de decisiones nacionales, flanqueados por cabilderos energéticos y científicos leales que han tratado de minimizar la amenaza climática, argumentando que la comunidad internacional no puede controlar los procesos climáticos, la mitigación es inasequible y los bosques de Rusia absorben la mayor parte de sus emisiones de carbono de todos modos”, apunta Georgy Safonov, analista en el think-tank estadounidense Center for Strategic & International Studies.
Sin duda, la presión interna contra la acción climática tiene un gran componente energético. Las exportaciones rusas de combustible y energía alcanzaron casi los 167.000 millones de dólares estadounidenses en 2020, siendo dos materiales fósiles como el petróleo y el gas responsables de más de dos tercios de los ingresos. Además, gran parte de las compañías energéticas rusas son dirigidas por oligarcas cercanos a Putin o están directamente bajo control del Gobierno ruso: el mayor proveedor de gas natural del mundo, Gazprom, está participado mayoritariamente por el Estado.
“El gas natural ha sido la base del poder de Putin tanto a nivel nacional como internacional durante décadas”, explica la profesora de Ciencias Políticas Lena Surzhko en una tribuna para The Conversation. Y es precisamente esta centralidad estratégica de los combustibles fósiles la que explica la inacción climática rusa y el hecho de que cualquier iniciativa legal relacionada con la regulación de las emisiones de carbono haya sido finalmente poco o nada ambiciosa, como cuando hace dos años la ley climática del Kremlin acabó despojada de casi cualquier obligación vinculante. También, sin ir más lejos, este mismo año un borrador de la ley de carbono fue despojado de todo contenido “regulatorio” y se convirtió en una normativa voluntaria de reporte de emisiones.
Rusia y la presión externa
Aunque la (falta de) estrategia climática interna rusa parezca inamovible por los intereses energéticos del país, está situación podría cambiar si continúa aumentando la presión internacional en torno a la acción climática. Casi todos los principales socios de comercio exterior de Rusia han declarado su intención de convertirse en carbono neutral para 2050 (o 2060, en el caso de China). Y algunos, como la Unión Europea, tienen incluso previsto establecer un mecanismo fronterizo de ajuste de carbono que grave severamente las importaciones de países con falta de ambición climática como Rusia.
Este cambio podría ser muy perjudicial para la economía, ya que, en términos monetarios, la Unión Europea representa en torno al 45% de las exportaciones rusas, compuestas principalmente de productos con una alta huella de carbono como petróleo, gas, carbón, metales y fertilizantes. De acuerdo con un estudio de los think tanks Sandbag y E3G, las tarifas que esta tasa supondría para los productos rusos importados alcanzarían los 442 millones de euros para 2026 y los 1.884 millones de euros en 2035, cuando los derechos de emisión de carbono gratuitos en la UE se reduzcan a cero.
Además, cada vez más empresas y políticos rusos entienden los riesgos no tanto del cambio climático en sí, sino de quedarse fuera del movimiento global en torno al desarrollo sostenible. Según la OCDE, gran parte del sector privado ruso está fuertemente orientado a la exportación, por lo que tienen un gran interés en introducir nuevas tecnologías ecológicas para seguir siendo competitivas a nivel mundial. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el actual modelo basado en materias primas se está saldando con un estancamiento del crecimiento del PIB de Rusia, por lo que el cambio hacia el desarrollo sostenible podría brindar una oportunidad para buscar nuevas formas de crecimiento.
De hecho, según ha apuntado Bloomberg esta semana, Rusia podría presentar su objetivo de neutralidad de carbono para 2060 en las conversaciones sobre el clima global que se realizarán en noviembre en la COP26 de Glasgow, Escocia, lo que marcaría un vuelco en la postura del presidente Vladimir Putin sobre el cambio climático.
Las oportunidades están ahí: aunque las fuentes renovables de energía representaron solo el 0,32% de la red eléctrica rusa en 2020, el país tiene una de las mayores capacidades potenciales para generar energía eólica y solar del mundo, de acuerdo con los análisis de la Agencia Internacional de la Energía. Rusia también tiene una gran cantidad de biomasa aprovechable, incluidos desechos de madera, madera de baja calidad y residuos agrícolas, que podrían servir para entrar en mercados con creciente demanda y brillante futuro como el de los biocombustibles para aviación o transporte marítimo. Por no mencionar la opción del hidrógeno verde, por el que Gazprom ya ha mostrado interés y para el que Rusia tiene no solo las bases tecnológicas y científicas, sino también una impresionante red de gasoductos para transportarlo a los mercados de exportación.
Sin embargo, por el momento, “a pesar de sus ventajas naturales, destreza tecnológica y mano de obra innovadora, Rusia carece de voluntad política para convertirse en una superpotencia de energía renovable del futuro”, según apunta Safonov. Está por ver si el movimiento internacional hacia el desarrollo sostenible acaba convenciendo, aunque sea por necesidad, a esta potencia o si Rusia está destinada a ser el nuevo “villano” climático en las próximas décadas. La COP26 servirá de pista definitiva.
