La justicia de Países Bajos ha sentado un precedente mundial al ordenar a la petrolera Shell que reduzca sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% de aquí a 2030 en un fallo pionero para la lucha climática
La justicia holandesa vuelve a sentar un precedente climático mundial. Si hace algo más de un año el Tribunal Supremo de ese país ratificaba que los Gobiernos tienen la obligación de reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y obligaba al Ejecutivo liderado por Mark Rutte a reforzar sus planes climáticos, ahora ha sido una jueza de La Haya el que ha sentenciado este miércoles que la compañía Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en el calentamiento global debido a sus políticas empresariales. Una decisión sin precedentes a nivel internacional que obliga a una de las petroleras más importantes del mundo a adherirse al Acuerdo de París y bajar de forma más acelerada sus emisiones en la próxima década, con una reducción neta de al menos un 45% para 2030.
El motivo de la decisión de la jueza, que será recurrido por la compañía ante las altas instancias de Países Bajos, está en el enorme impacto que tiene Shell en el cambio climático por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, que es sustancialmente mayor que el de todo el resto de empresas y ciudadanos neerlandeses juntos. Un volumen de CO2 que va contra la responsabilidad indirecta de la compañía en el respeto de los derechos humanos, que es independiente de las acciones del Estado, y se desgaja tanto de las directrices de la OCDE como de la Convención Europea de Derechos Humanos, según ha señalado el tribunal.
Todo comenzó el pasado diciembre, cuando Milieudefensie, la rama local de Amigos de la Tierra, demandó que los tribunales ordenaran a Shell una reducción, para 2030, de 45% de sus emisiones de CO₂ comparadas con 2019, una proporción que la jueza ha finalmente considerado como «factible y necesaria» debido a que la petrolera «dispone de medios y conocimientos» para lograrlo. Y es que la demanda de los ecologistas señalaba que Shell conocía desde los años sesenta el peligro que suponía el cambio climático, por lo que, al contaminar a sabiendas, estaba vulnerando la Convención Europea de Derechos Humanos, que en sus artículos 2 y 8 protegen el derecho a la vida y a la vida familiar.
Desde diciembre hasta ahora, seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17.000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia, al considerar este caso como “único” porque es el “primer juicio legal que ordena a una corporación transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales”. De hecho, la sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías contaminantes porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG que decidan llevar a los tribunales a empresas con altas emisiones de CO2, tanto en Países Bajos como en el extranjero.
Un informe de 2018 de la organización Carbon Disclosure Project revelaba que, de las cientos de miles de compañías de todo el mundo, únicamente un centenar de ellas son responsables del 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1988, la mayoría de ellas, como en el caso de Shell, vinculadas a combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Es más, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales de los últimos 30 años se pueden limitar a sólo 25 empresas y entidades estatales, todas ellas dedicadas a la extracción de recursos energéticos contaminantes.
Shell anuncia recurso
En cualquier caso, el fallo no ha sentado demasiado bien la petrolera, que aunque admite los peligros del cambio climático, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, con un objetivo del 20% para 2030. Además, considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global y señalar el camino que deben seguir las empresas, por lo que recurrirá la decisión ante la siguiente instancia.
Los abogados de Shell han llegado a calificar de «inútil» un juicio de estas características, porque, según ha afirmado la defensa, “ninguna compañía puede hacer una transición energética por sí sola, y el mundo necesitará combustibles fósiles durante un tiempo”. Aún así, si el fallo, que considera que los planes de Shell «no son lo suficientemente concretos», se mantiene firme, la petrolera tendrá que asegurarse de la reducción de CO2 impuesta se cumple no solo en Holanda, sino en los más de 80 países en los que opera.
A pesar de que tanto la compañía como los ecologistas comparten la visión del cambio climático como una realidad que hay que combatir con medidas concretas, es ahí dónde se acaban sus puntos en común. Es más, los activistas aseguran que el plan de Shell, que planea compensar gran parte de sus emisiones plantando árboles en lugar de reducirlas en origen, es «totalmente irrealizable porque, para compensar sus emisiones de carbono en línea con los 1,5 °C de máxima subida de las temperaturas que plantea París, la estrategia de Shell requeriría plantar un bosque del tamaño de Brasil.
Hasta ahora, la estrategia «cero neto» de Shell permitía entre otras cosas que la producción de petróleo y gas metano se siguiera expandiendo hasta 2025. Un plan que es difícilmente compatible con las proyecciones recientes, como el lanzado la semana pasada por Agencia Internacional de Energía, que asegura que todos los nuevos proyectos de exploración de combustibles fósiles deben detenerse ahora si el sector energético quiere alcanzar cero emisiones netas para 2050.
La de Holanda no ha sido la única buena noticia de esta semana para los ecologistas, que ven como su estrategia de multiplicar los litigios climáticos está empezando a dar sus frutos. Un tribunal australiano ha determinado este jueves que el Ejecutivo de Camberra tiene el deber de proteger la salud de los menores contra los efectos del cambio climático, en un juicio sin precedentes contra la expansión de una mina de carbón en el país oceánico tras una demanda presentada por ocho adolescentes.
Tras su demanda presentada el pasado septiembre, los ocho menores argumentaron en el juicio celebrado en marzo ante el Tribunal Federal de la ciudad de Melbourne, que la expansión de la mina Vickery provocará una emisión de 370 millones de toneladas de carbono en los próximos 25 años, una emisión contaminante que equivale a un 70% del total de la emisión doméstica de Australia en 2019. La victoria ecologista este mayo supone la primera vez que un tribunal, en cualquier parte del mundo, ordena a un gobierno que proteja específicamente a los jóvenes de los daños catastróficos de la crisis climática.
